El problema de la evidencia digital en México no es únicamente técnico ni únicamente jurídico. Es la combinación de ambos.

En el artículo anterior sostuve que muchos tribunales mexicanos arrastran una inercia probatoria que podríamos llamar el síndrome de la prueba perfecta: ante la falta de estándares claros de suficiencia, el juzgador tiende a buscar certezas absolutas, especialmente en materias donde se siente expuesto a equivocarse. Esa tendencia ya es problemática para cualquier prueba. Pero cuando la prueba es digital, el problema se multiplica.

Un documento físico puede ser revisado desde categorías conocidas: firma autógrafa, sello, papel, rúbrica, certificación, fedatario, original, copia. El juez puede no ser experto en grafoscopía o documentoscopía, pero el objeto le resulta familiar. Pertenece al mundo visual y procesal que el derecho mexicano ha usado durante décadas. Un documento electrónico opera de otra manera. Su confiabilidad no depende de que “se vea oficial”, sino de que pueda verificarse técnicamente: cómo fue generado, firmado, conservado, asociado a una identidad, preservado en el tiempo y presentado en juicio.

Ahí surge el efecto compuesto. Primero, el sistema ya tiende a exigir demasiado porque no cuenta con parámetros probatorios suficientemente claros. Segundo, cuando la prueba es digital, el juzgador enfrenta una materia técnica que no necesariamente domina. La incertidumbre ordinaria del proceso se combina con la incertidumbre técnica del medio.

El resultado no es una suma. Es una multiplicación.

La ley reconoce el problema, pero no siempre lo resuelve. Durante veinticinco años, la norma de referencia fue el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, incorporado en la reforma de comercio electrónico del año 2000. Reconocía como prueba la información generada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, y ordenaba valorar primordialmente la fiabilidad del método mediante el cual esa información hubiera sido generada, comunicada, recibida o archivada. Ese código está en proceso de abrogación. Lo sustituyen los artículos 348, 349 y 350 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor gradual no puede exceder del 1 de abril de 2027.

El punto no es el cambio de numeración. En noviembre de 2025, un decreto de homologación normativa reformó más de sesenta ordenamientos para alinearlos con el nuevo código. Entre ellos el artículo 1061 Bis del Código de Comercio, que ahora dispone que en todos los juicios mercantiles el valor probatorio de la información generada o comunicada en medios digitales, ópticos o cualquier otra tecnología se regirá conforme a los artículos 348, 349 y 350 del Código Nacional. No es supletoriedad, es remisión expresa. El mismo decreto hizo lo propio con el artículo 130 del Código Fiscal de la Federación y con el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Tres artículos concentran hoy la valoración de la prueba digital en materia mercantil, fiscal y contencioso administrativa.

Conviene entonces mirar qué dicen esos tres artículos. El 348 amplía el catálogo tecnológico para mencionar expresamente los medios digitales y la cadena de bloques. El 350 traslada la regla de forma original y agrega los medios cuánticos. Y el 349, el que contiene el estándar de valoración, reproduce el texto del año 2000 palabra por palabra.

El legislador tuvo veinticinco años de práctica judicial acumulada, escribió un código procesal desde cero y después movió sesenta ordenamientos para apuntar hacia él. Con esa oportunidad decidió enumerar más tecnologías y no aportar un solo criterio adicional para evaluarlas. La norma sigue abriendo la puerta sin entregar suficientes herramientas para cruzarla: ¿qué significa “fiabilidad del método” para un juez que nunca ha recibido formación técnica en criptografía aplicada, infraestructura de llave pública o validación de identidad digital? La pregunta nunca había estado tan centralizada ni tan sin respuesta.

Ante esa ambigüedad, la reacción judicial suele tomar dos caminos.

El primero es exigir el máximo posible para evitar el análisis técnico. Si una firma electrónica avanzada tiene una presunción legal más fuerte, entonces algunos juzgadores prefieren convertirla en requisito práctico, incluso en contextos donde el debate jurídico debería ser más matizado. La Tesis Aislada 2031391 ilustra esa tendencia en materia de pagarés digitales. Aunque no tiene fuerza obligatoria general, hemos visto que algunos juzgados ya la están usando como criterio operativo para desechar demandas cuando el pagaré fue firmado con firma electrónica simple y no con firma electrónica avanzada. La lógica de fondo es reveladora: si el documento no alcanza el estándar formal más alto, se evita discutir la confiabilidad concreta del método utilizado. El análisis probatorio queda desplazado por una regla de comodidad.

El segundo camino es intentar que el documento electrónico se comporte visualmente como papel. La Tesis 2031392 apunta en esa dirección al trasladar al endoso electrónico expectativas formales propias del endoso físico. En lugar de valorar la tecnología conforme a su propia lógica, se le exige parecerse al objeto tradicional que el juzgador ya conoce.

Ambas reacciones tienen el mismo origen: incomodidad frente a una prueba cuya fiabilidad no se aprecia a simple vista.

El problema se vuelve especialmente grave en litigios de crédito, cobranza y ejecución mercantil. En esos casos, una contraparte de mala fe no necesita probar que la firma es falsa. Muchas veces le basta con sembrar ruido. Puede cuestionar la identidad del firmante. Puede atacar la cadena de conservación. Puede explotar diferencias de formato, horarios, metadatos o certificados. Aunque esas objeciones sean débiles, pueden ser suficientes para activar la inseguridad del juzgador si el estándar informal que está aplicando se parece más a certeza absoluta que a probabilidad preponderante.

La verdadera vulnerabilidad no está en que la evidencia digital no sirva, ni en que la criptografía sea débil, ni en que la ley mexicana rechace los mensajes de datos. Está en la distancia entre lo que la tecnología puede demostrar y lo que el tribunal está dispuesto a entender como suficientemente demostrado.

Por eso, en México, una plataforma de firma electrónica no puede diseñarse solo para firmar documentos. Tiene que diseñarse para litigarlos. Eso no significa generar la mayor cantidad posible de evidencia, cada elemento adicional es también un flanco potencial, sino generar la evidencia necesaria y suficiente: identidad, consentimiento, integridad, conservación y trazabilidad, estructurada de forma que el juez pueda seguir el razonamiento sin necesitar convertirse en experto técnico.

La Primera Sala de la Suprema Corte, en el amparo directo en revisión 945/2018, dio una clave importante: la tecnología no tiene que ser incontestable; tiene que arrojar suficientes datos fácticos verificables o refutables para que sea posible discutir en juicio la veracidad de lo ocurrido. Un buen expediente digital no pretende impedir que la contraparte mienta, objete o litigue de mala fe; pretende darle al juez suficientes elementos para distinguir entre una objeción seria y una duda fabricada. Si el estándar correcto es la probabilidad preponderante, el juez no necesita alcanzar certeza psicológica absoluta. Necesita decidir qué hipótesis está mejor confirmada por los datos disponibles.

En ese contexto, implementar firma electrónica para México exige aceptar tres realidades. 

Primera: el documento será impugnado. 

Segunda: el juez probablemente dudará más de lo digital que de lo físico, aunque lo digital sea técnicamente más verificable. 

Tercera: la contraparte buscará el flanco más pequeño para convertir una duda técnica en una duda jurídica.

En México, la evidencia digital no se diseña para el mundo ideal de la ley escrita. Se diseña para el sistema judicial que existe. En Mifiel llevamos una década internalizando ese entorno: cada tesis aislada, cada prevención recibida por un cliente, cada sentencia se ha convertido en un insumo de diseño. Porque una plataforma que no entienda cómo funciona un juzgado mexicano puede ser tecnológicamente correcta, pero probatoriamente insuficiente.

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Cuando fundamos Mifiel en 2016, nuestro perfil era enteramente ajeno al mundo del derecho tradicional. Éramos fundadores formados en ingeniería, sistemas y diseño. Veíamos los problemas desde la seguridad de la información, la eficiencia operativa y la experiencia de usuario. En una de nuestras primeras reuniones con áreas jurídicas corporativas, un abogado litigante me dijo una frase que tardé años en comprender: “Tomás, una cosa es lo que dice la ley y otra muy diferente es lo que pasa en los juzgados”. En ese momento me pareció una advertencia resignada. Hoy la entiendo como el diagnóstico de un problema mucho más profundo.

Para explicar por qué, hay que hablar del sello.

El fetiche del sello y la inercia de la prueba tasada

Había una pregunta que los abogados nos hacían de forma casi sistemática cada vez que presentábamos la plataforma: ¿Mifiel integra sellos? ¿Tienen una autorización del SAT? ¿Tienen una certificación visual del Gobierno? Desde una perspectiva técnica y criptográfica, esas preguntas no tenían sentido. Un documento firmado digitalmente es seguro por su propia matemática: hashes, llaves públicas, constancias de conservación. No entendía de dónde venía esa necesidad casi mística por la apariencia de un sello.

Con el tiempo lo entendí: los abogados no buscaban seguridad técnica. Buscaban un sustituto visual de la vieja prueba tasada.

Durante décadas, la maquinaria procesal mexicana operó bajo ese modelo: el legislador predeterminaba de forma rígida el valor exacto que debía otorgarse a cada tipo de prueba. La Primera Sala de la SCJN describió sus efectos en el amparo directo en revisión 945/2018, señalando que ese sistema llegó a desarrollar al máximo una función simplificadora que producía pruebas capaces de decidir automáticamente la litis, sin relación suficiente con la situación probatoria global. Si el documento tenía el sello correcto o la intervención del fedatario correcto, el sistema podía descansar. Como apuntó la propia Sala, la prueba tasada “privilegia las exigencias de certeza frente a las exigencias de justicia”.

El litigante tradicional busca inconscientemente trasladar ese automatismo al bit: quiere un elemento visual que exima al juez de tener que valorar.

El vértigo de la libre valoración y el vacío que dejó

Las reformas procesales del 2008 obligaron a la judicatura a migrar hacia la libre valoración de la prueba, donde el juzgador debe construir su razonamiento a partir del conjunto del material disponible, sin depender de categorías rígidas. Esa transición fue necesaria y correcta en su principio. Pero quedó incompleta.

Como advierte Jordi Ferrer Beltrán en la introducción del Manual de razonamiento probatorio de la SCJN, México arrastra un déficit histórico en la formación específica sobre razonamiento probatorio y criterios de racionalidad epistemológica. El sistema le dijo al juez que valorara libremente, pero no siempre le dio herramientas suficientes para hacerlo de manera metodológica.

Érika Yazmín Zárate Villa identifica la consecuencia directa en su análisis sobre la necesidad de estándares probatorios en el futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: sin umbrales objetivos de suficiencia, las partes quedan expuestas a la incertidumbre de la valoración individual de cada juzgador. El juzgador que no tiene una regla que le diga cuándo es suficiente una prueba tiende a buscar su propia seguridad de juicio, y esa seguridad muchas veces no se construye desde la probabilidad racional, sino desde la exigencia de certeza.

El síndrome de la prueba perfecta

A ese fenómeno lo llamo el síndrome de la prueba perfecta. No es una regla escrita. Es una inercia cultural: en lugar de preguntar qué hipótesis está mejor confirmada por el conjunto de pruebas disponibles, el sistema muchas veces pregunta si el juzgador puede estar absolutamente tranquilo al decidir. Ese cambio de pregunta altera todo el sistema.

En juicio, la certeza absoluta casi nunca existe. Lo que existe son grados de corroboración, hipótesis rivales, indicios, documentos y razonamiento inferencial. La función del juez no es encontrar una verdad incontestable, sino determinar qué versión de los hechos está mejor justificada conforme al estándar aplicable. La distinción es fundamental: la certeza psicológica mira hacia adentro del juez — qué tan tranquilo se siente al decidir. La probabilidad preponderante mira hacia afuera — qué tan bien confirmada está una hipótesis frente al material probatorio disponible. La primera puede volverse arbitraria. La segunda exige método.

La tesis PR.A.C.CN.4 C (12a.) (Registro digital: 2032004), derivada de la contradicción de criterios 145/2025, articula precisamente esa distinción: en materia mercantil no se exige certeza absoluta, sino que basta con que una hipótesis alcance un grado de confirmación lógica prevaleciente sobre sus alternativas. Aunque se trata de una tesis aislada sin fuerza obligatoria, su relevancia conceptual es clara. El estándar en materia patrimonial debería ser la probabilidad preponderante, no la tranquilidad psicológica del juzgador.

La pregunta correcta no debería ser: “¿puedo imaginar alguna duda?”

La pregunta correcta debería ser: “después de valorar todo el material probatorio, ¿qué hipótesis es más probable?”

Cuando la justicia le teme a las probabilidades, termina premiando el formalismo, la dilación y quien mejor sabe fabricar incertidumbre. Ese problema atraviesa la valoración de la prueba en general, pero se vuelve especialmente agudo cuando el medio probatorio exige conocimientos técnicos que el juzgador no domina. Ese es el territorio que analiza la segunda parte de esta serie.

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Hace diez años, una SOFOM con buenas métricas de cartera y relaciones bancarias sólidas podía levantar capital de forma relativamente directa: líneas quirografarias con bancos, certificados bursátiles, bonos internacionales. El inversionista apostaba por la empresa, no necesariamente por la cartera.

Ese mercado ya no existe.

Lo que hay hoy es fundamentalmente distinto, y entender por qué importa no solo para hacer historia, sino para operar.

El antes: cuando la palabra valía

Entre 2015 y 2021, el sector de Instituciones Financieras No Bancarias (IFNBs) en México vivió un auge sin precedentes. Algunas de las arrendadoras y sofomes más grandes del país captaron miles de millones de dólares de fondos internacionales, bancos de desarrollo y el mercado de capitales público. Bastaba con el perfil crediticio de la empresa: sus calificaciones, su equipo directivo, su trayectoria.

El problema no era el modelo de negocio en abstracto. Era que la confianza de los inversionistas estaba parcialmente desconectada de la calidad real de la cartera que respaldaba esa deuda. Cuando los errores contables empezaron a salir a la luz a partir de 2021, la desconexión se volvió insostenible.

Cuatro de las financieras no bancarias más grandes del país cayeron en default en un periodo de poco más de dos años: AlphaCredit, Crédito Real, Unifin y Tangelo. Las pérdidas acumuladas de los inversionistas se cuentan en miles de millones de dólares.

La reacción del mercado fue permanente. El mensaje implícito de fondos, bancos y fiduciarios fue claro: ya no alcanza la palabra. Necesito la cartera, cedida, trazable y ejecutable.

Lo que nosotros vimos desde adentro

En Mifiel llevamos desde 2016 construyendo infraestructura para documentos con validez jurídica. A partir de 2019 desarrollamos lo que hoy es el pagaré electrónico endosable: un título de crédito digital que puede cederse a un fideicomiso con la misma certeza jurídica que un pagaré en papel, pero con una fracción del costo operativo y con trazabilidad completa.

Esa posición nos dio una vista que pocas empresas tienen: vimos de cerca cómo el mercado de fondeo para IFNBs cambió en tiempo real.

El patrón que observamos fue consistente. En más de una ocasión, una financiera llegó a nosotros buscando específicamente que sus pagarés existentes pudieran endosarse, con urgencia, para transferirlos a un fideicomiso. En todos esos casos, la urgencia era la señal. No buscaban eficiencia operativa. Buscaban el único activo que les quedaba por mover, porque los mercados de capital ya les habían cerrado la puerta.

La imagen más clara de lo que significa llegar tarde la vivimos en una de esas conversaciones. Una financiera en proceso de reestructura nos preguntó si era posible endosar sus pagarés en papel a través de Mifiel. La respuesta fue no: Mifiel opera sobre documentos nativamente digitales y no hay forma de convertir retroactivamente un pagaré físico en un instrumento digital endosable con validez jurídica. Tenían una cantidad considerable de documentos que debían transferirse urgentemente a un fideicomiso como parte de su reestructura. No pudieron hacerlo porque nunca habían construido esa infraestructura.

Esa llamada resume mejor que cualquier análisis lo que significa no haber tomado la decisión correcta a tiempo.

El después: el financiamiento estructurado como piso mínimo

El mercado aprendió la lección. Hoy el fondeo estructurado, donde la cartera de crédito se cede a un fideicomiso como garantía, no es una opción sofisticada reservada para operaciones grandes o complejas. Es el piso mínimo para cualquier IFNB que quiera acceder a capital.

Las financieras que hoy operan con pagarés electrónicos endosables no lo hacen porque sean particularmente avanzadas tecnológicamente, ni porque sus fondeadores exijan explícitamente el formato digital. De hecho, muchos fondeadores llegaron al pagaré electrónico con escepticismo, y en los tribunales mexicanos todavía existe incertidumbre respecto al endoso digital en general. Lo hacen porque intentar operar financiamiento estructurado con pagarés en papel, a escala, es operativamente inviable. Endosar manualmente miles de documentos con la velocidad y trazabilidad que exige un fideicomiso es, en la práctica, imposible de sostener.

El resultado es que hoy más de 4,500 millones de dólares en líneas de fondeo estructurado están sustentadas por pagarés electrónicos de Mifiel, no como experimento sino como operación estándar del sector.

Lo que esto significa para una financiera que opera hoy

Si estás estructurando o creciendo una IFNB en México, hay una pregunta que debes hacerte desde el día uno: ¿mis pagarés son endosables?

No cuando busques tu primera línea de fondeo estructurado. No cuando un fondeador te lo exija como condición. Desde el primer pagaré que originaste.

La razón es operativa tanto como jurídica. Endosar retroactivamente miles de pagarés físicos es, en el mejor caso, un proceso manual extraordinariamente costoso. En el peor caso, simplemente no es posible a tiempo.

La deuda técnica en originación de crédito se acumula igual que en cualquier sistema. La diferencia es que en el sector financiero, el momento en que vence la factura suele ser exactamente el momento en que menos puedes permitirte pagarla.

¿Quieres entender cómo funciona el financiamiento estructurado con cartera de crédito y qué papel juegan los pagarés electrónicos? Lee nuestra guía completa: Pagarés electrónicos en Financiamiento Estructurado. Y si te interesa la perspectiva jurídica sobre originación digital desde el primer día, no te pierdas nuestra conversación con Ariel Lupa: El nuevo estándar del sector financiero.

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Este artículo es parte de la serie “Firma electrónica en juicio: lo que está pasando del lado del demandado.” Si llegaste directamente aquí, el artículo introductorio te da el marco completo.

La firma electrónica simple es la categoría más amplia y la más heterogénea del panorama de la firma electrónica en México. Bajo el paraguas del artículo 89 del Código de Comercio caben desde un clic en un checkbox hasta una verificación biométrica facial con prueba de vida. Lo que las unifica es que identifican al firmante y tienen validez legal. Lo que las diferencia es algo que no siempre se ve en el documento: dónde vive la evidencia de que esa persona específica firmó ese documento específico.

Esa diferencia es la que determina si la atribución puede someterse a verificación independiente o si depende del acceso a los sistemas internos de quien demanda.

La cadena de atribución

Para que una firma electrónica simple pueda acreditar que una persona determinada firmó un documento determinado, tiene que existir una cadena que conecte tres elementos: la identidad de la persona, el mecanismo de autenticación utilizado, y el documento firmado.

Cómo se construye esa cadena y dónde se almacena es lo que determina si puede verificarse de forma independiente.

Los mecanismos y su problema estructural

Cuando la firma se sustenta en un OTP enviado por SMS, la cadena funciona así: se envía un código a un número de teléfono, alguien lo ingresa, y el sistema registra que ese código fue ingresado en el contexto de ese documento. Cada eslabón de esa cadena vive en los sistemas internos de la plataforma: qué número recibió el código, si ese número estaba verificado como perteneciente al firmante, qué logs existen del evento.

Cuando la firma se sustenta en un enlace enviado por correo electrónico o en un NIP, la cadena es similar y el problema estructural es el mismo: la evidencia de que ese correo o ese número pertenecía a esa persona, de que el mecanismo fue utilizado para ese documento específico, y de los registros del evento vive en sistemas internos.

En todos estos casos, si la parte actora no puede producir esa evidencia en formato auditable para un perito externo, la estructura del problema es idéntica a la de los bancos: la evidencia de autenticación vive en sistemas que solo una de las partes controla, y cuando no puede producirse de forma independiente, el principio de facilidad probatoria opera.

El OTP tiene además una vulnerabilidad sustantiva que va más allá de la estructura probatoria: prueba que alguien con acceso al número de teléfono recibió e ingresó un código en ese momento. No prueba que ese alguien sea la persona cuya identidad se invoca. La diferencia entre acceso a un número e identidad del titular es un argumento independiente que puede plantearse con o sin el problema de verificabilidad.

El contraste: cuando la evidencia viaja con el documento

Hay mecanismos de firma simple donde la evidencia de atribución no vive en sistemas internos sino en el documento mismo.

Cuando la firma se sustenta en verificación biométrica facial con prueba de vida, y esa verificación queda encodeada dentro del propio documento (la selfie, la prueba de vida, la fotografía de la identificación oficial), la evidencia no requiere acceso a ningún sistema externo para ser examinada. Cualquier parte puede ver quién se verificó, con qué identificación, y confirmar que esa evidencia corresponde al documento que se presenta en juicio.

Esta arquitectura resuelve el problema estructural que tienen los mecanismos basados en OTP o correo: la atribución no depende de logs internos sino de evidencia que viaja con el documento y puede ser verificada de forma independiente.

La distinción no es entre firma simple válida e inválida. Es entre firma simple cuya atribución puede verificarse de forma independiente y firma simple cuya atribución depende del acceso a sistemas que solo la plataforma controla.

La conexión con el caso bancario

La jurisprudencia 1a./J. 17/2021 (10a.) de la Suprema Corte no habló de OTP específicamente. Habló de sistemas donde la evidencia de autenticación no puede producirse en formato auditable para verificación independiente. Los bancos perdieron porque sus logs de autenticación vivían en sistemas internos que no podían peritiarse externamente.

La misma lógica aplica cuando una firma simple sustentada en OTP o correo electrónico llega a juicio y la parte actora no puede producir la cadena de atribución en formato que un perito externo pueda verificar. El principio es el mismo. El contexto cambia. El resultado puede ser el mismo.

Lo que estamos viendo

El uso de OTP como mecanismo de firma está extendido en servicios financieros, telecomunicaciones y comercio electrónico. En muchos casos funciona operativamente y los documentos se firman sin controversia. El problema aparece cuando hay una disputa y la parte demandada, sin negar la presunción de atribución, solicita los elementos técnicos necesarios para realizar una pericial que permita verificarla de forma independiente. Si la plataforma no puede producirlos en formato auditable, el principio de facilidad probatoria opera.

La pregunta que todavía no tiene respuesta jurisprudencial consolidada fuera del contexto bancario es la misma que resolvió la Suprema Corte para los bancos: si la plataforma no puede producir la cadena de atribución en formato auditable, ¿quién carga con la prueba?

Los fundamentos para responder esa pregunta de la misma manera que se respondió para los bancos ya están establecidos. El recorrido judicial específico para firma simple con OTP está comenzando.

Los vectores que documenta esta serie no son un catálogo cerrado. Son los patrones que hemos visto operar en tribunales o que tienen bases jurídicas suficientes para operar pronto. El artículo introductorio de la serie ofrece el marco que los conecta y la lógica que los unifica. 

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Este artículo es parte de la serie “Firma electrónica en juicio: lo que está pasando del lado del demandado.” Si llegaste directamente aquí, el artículo introductorio te da el marco completo.

Cuando la parte actora presenta un documento con firma electrónica avanzada, la posición procesal de entrada es favorable para quien demanda: el Código de Comercio establece que una firma avanzada que cumple los requisitos del artículo 97 goza de una presunción de fiabilidad. Quien la quiera tumbar tiene que probar que no sirve.

Pero esa presunción tiene una condición: que la firma sea realmente avanzada. Y en el mercado mexicano de firma electrónica, esa condición se cumple con menos frecuencia de lo que los documentos sugieren.

Lo que distingue a la firma avanzada

El Código de Comercio reconoce dos tipos de firma electrónica. La firma simple, regulada por el artículo 89, identifica al firmante y tiene plena validez legal. Sirve para la gran mayoría de actos jurídicos y no tiene nada de malo en sí misma.

La firma avanzada o fiable, regulada por el artículo 97, cumple requisitos adicionales que le otorgan un respaldo técnico y jurídico mayor. En la práctica, ese respaldo proviene de un certificado de firma electrónica avanzada emitido por una entidad facultada para ello: el SAT a través de la e.firma, o un PSC con acreditación específica para la emisión de certificados digitales.

Las dos son válidas. La diferencia no es de validez sino de peso probatorio y posición procesal. Con una firma avanzada real, la fiabilidad se presume. Además, las fracciones III y IV del artículo 99 del Código de Comercio establecen obligaciones específicas para el titular del certificado: responsabilizarse de las consecuencias jurídicas del uso de su firma y responsabilizarse por las obligaciones derivadas del uso de su firma (aún si se trató de uso no autorizado). Esto crea la posición de no repudio de la que goza la firma electrónica avanzada y que la firma simple no tiene.

Con una firma que no está respaldada por un certificado emitido por un PSC autorizado para ello, la fiabilidad no se presume. Eso no significa que la firma sea automáticamente inválida: el último párrafo del artículo 97 reconoce que puede ser fiable, pero establece que quien la invoca tiene que demostrarlo. En lugar de llegar a juicio con una presunción a favor, llegas con la carga de primero probar que la firma cumplía los requisitos de fiabilidad.

El problema: la avanzada que en realidad es simple

En el mercado de firma electrónica en México es frecuente encontrar plataformas que ofrecen lo que describen como “firma electrónica avanzada” sin que esa descripción corresponda a lo que el Código de Comercio exige.

Hay tres argumentos que hemos visto usarse para sostener que una firma es avanzada cuando no lo es.

El primero: “tenemos NOM-151.” La constancia de conservación acredita integridad y fecha cierta. No convierte una firma en avanzada ni sustituye los requisitos del artículo 97.

El segundo: “usamos biometría.” La verificación biométrica es un mecanismo de atribución que puede fortalecer una firma simple. No es, por sí sola, lo que hace a una firma avanzada bajo el Código de Comercio.

El tercero: “somos PSC.” Aquí hay dos capas que conviene distinguir.

La primera: ser PSC no es una acreditación uniforme. La Secretaría de Economía acredita a los PSC servicio por servicio. Un PSC puede estar acreditado para emitir sellos de tiempo y para conservación de mensajes de datos sin estar acreditado para la emisión de certificados digitales. Si emite certificados de firma sin esa acreditación específica, los emite fuera de su calidad de PSC. Ninguna autoridad ha avalado ese servicio.

La segunda, más sutil: incluso un PSC que sí tiene acreditación para emitir certificados puede emitir dos tipos distintos. Los certificados de firma electrónica avanzada requieren que el titular se haya identificado de forma presencial ante el PSC. Si el certificado no se tramitó presencialmente, no es un certificado de firma avanzada, aunque el PSC esté autorizado para emitir ese tipo de certificados. La distinción entre ambos tipos no siempre es visible en el documento y requiere verificación específica.

Cómo verificarlo

La Secretaría de Economía publica el directorio de PSC acreditados en psc.economia.gob.mx, con el detalle de los servicios que tiene acreditados cada uno. Lo que hay que buscar es la acreditación específica de emisión de certificados digitales. Si el directorio solo muestra sellos de tiempo o conservación de mensajes de datos para ese PSC, no está facultado para emitir certificados de firma avanzada.

Adicionalmente, el certificado del firmante en el documento indica quién lo emitió. Si lo emitió la autoridad certificadora interna de la propia plataforma y esa plataforma no tiene acreditación para emisión de certificados, ese certificado no tiene el respaldo que una firma avanzada requiere.

El caso de los pagarés

Las consecuencias de esta confusión son especialmente significativas en títulos de crédito.

Han surgido criterios judiciales recientes, todavía en formación, que exigen firma electrónica avanzada para que un pagaré digital produzca los efectos propios de un título de crédito. La discusión no está resuelta, pero los criterios existen y están siendo invocados.

En ese contexto, descubrir a media ejecución que la firma que sustenta el pagaré era simple disfrazada de avanzada puede transformar un juicio ejecutivo mercantil en un proceso que primero tiene que demostrar que el título produce efectos de crédito.

Lo que estamos viendo

La confusión entre firma simple y avanzada no es nueva, pero su relevancia procesal está creciendo a medida que más documentos firmados electrónicamente llegan a los juzgados.

Lo que hemos documentado es que la distinción entre simple y avanzada, y las consecuencias que el artículo 97 establece para cada caso, rara vez se plantea de entrada. Se presenta el documento, se invoca la firma electrónica, y el debate se va a otros elementos.

Cuando la distinción se plantea, la verificación en el directorio de la Secretaría de Economía es rápida y el resultado es concluyente. El directorio dice qué tiene acreditado cada PSC. Si no está ahí, no está.

Los tres vectores anteriores operan en el terreno de la criptografía y la certificación. El siguiente es distinto: no requiere pericial en informática ni análisis de certificados para argumentarse. Vive en algo que cualquiera puede ver directamente en el documento.

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Cuando un documento firmado electrónicamente llega a juicio con una constancia de conservación NOM-151, la reacción natural es asumir que ese elemento está cubierto. Hay un sello, hay un PSC, hay una fecha. Eso cierra la discusión sobre integridad.

Pero la constancia de conservación es un instrumento más específico de lo que parece, y su valor probatorio depende de dos preguntas que rara vez se hacen: ¿sobre qué exactamente se emitió esta constancia, y quién la emitió?

Qué hace y qué no hace la NOM-151

La constancia de conservación emitida bajo la NOM-151-SCFI-2016 responde a una pregunta concreta: ¿existía este mensaje de datos, con este contenido exacto, en este momento?

Para responderla, el PSC recibe el mensaje de datos, calcula su valor hash y emite una constancia firmada digitalmente que incluye ese hash y un sello de tiempo certificado. Cuando esa constancia existe y es válida, acredita dos cosas: que el mensaje de datos existía en ese momento, y que no ha sido modificado desde entonces.

Lo que la NOM-151 no acredita es quién firmó ni si las firmas son técnicamente válidas. La constancia responde por integridad y fecha cierta. La atribución corresponde a otros elementos del documento. Son preguntas distintas y no deben confundirse.

La primera confusión: NOM-151 como sustituto de la firma válida

Hemos visto plataformas que presentan la NOM-151 como evidencia de validez integral del documento. La cadena implícita es: tenemos constancia NOM-151, por lo tanto nuestra firma es válida. Esa cadena es incorrecta.

Una constancia NOM-151 válida acredita que un conjunto de datos existió en cierto momento y no ha sido alterado. No dice nada sobre si las firmas incluidas en ese conjunto de datos son auténticas, si los certificados que las respaldan son válidos, ni si la plataforma que las generó puede someterse a verificación técnica independiente.

Un documento puede tener una constancia NOM-151 impecable y firmas completamente inverificables. El primer vector de esta serie aplica con independencia de si el documento tiene o no constancia de conservación.

La segunda confusión: NOM-151 sobre el objeto equivocado

Este problema es más técnico y, en nuestra experiencia, más común de lo que parece.

Una constancia de conservación certifica la integridad de lo que se le entregó para certificar. Si se le entregó el documento original (el archivo que se mandó a firmar, antes de que alguien lo firmara), certifica la integridad de ese documento original. Si las firmas se añadieron después, la constancia no las cubre.

Hemos visto plataformas que operan exactamente así: generan la constancia sobre el mensaje de datos inicial y después añaden las firmas al documento. El resultado es un documento que tiene constancia NOM-151 y tiene firmas, pero la constancia no cubre las firmas.

Las consecuencias son significativas. Una constancia que no cubre las firmas no puede acreditar que esas firmas existían cuando se emitió la constancia, ni que no fueron modificadas o añadidas posteriormente. El elemento que debería dar certeza sobre la integridad del documento firmado deja de cumplir esa función.

Lo que debe verificarse es que la constancia cubra el documento y sus firmas, no solo el documento en su estado original previo a la firma.

El PSC: no basta con que exista

El segundo elemento que debe verificarse es quién emitió la constancia.

La NOM-151 requiere que la constancia sea emitida por un Prestador de Servicios de Certificación con la acreditación correspondiente. La Secretaría de Economía publica el directorio de PSC acreditados con el detalle de los servicios que cada uno tiene reconocidos. Lo que hay que confirmar es que el emisor tenga acreditado específicamente el servicio de conservación de mensajes de datos. Si no aparece con esa acreditación, la constancia carece del respaldo normativo que la NOM-151 requiere.

Adicionalmente, la constancia está firmada digitalmente por el PSC. Esa firma debe ser verificable a través de una cadena de certificación válida. Si el certificado del PSC estaba vencido o revocado al momento de emitir la constancia, la validez del sello de tiempo queda comprometida.

Lo que estamos viendo

El problema de la constancia ausente es el más simple y el más frecuente: muchas plataformas no generan constancias NOM-151 sobre sus documentos, o las generan de forma opcional. Cuando el documento llega a juicio sin constancia, no hay fecha cierta certificada ni acreditación de integridad más allá de lo que la parte actora afirme.

El problema de la confusión entre NOM-151 y firma válida aparece en escritos donde la constancia se invoca como prueba de que el proceso de firma fue correcto en su totalidad. Es un argumento que no resiste el análisis una vez que se precisa qué acredita y qué no acredita la constancia.

El problema de la constancia sobre el objeto equivocado es el más difícil de detectar a simple vista: el documento tiene su constancia, el sello está ahí. La diferencia aparece cuando se verifica si la constancia cubre el documento y sus firmas, o solo el documento en su estado previo a la firma.

El problema del PSC inválido es el más fácil de verificar de forma independiente: el directorio de la Secretaría de Economía es público y la verificación toma minutos.

En los cuatro casos, la consecuencia procesal sigue la misma lógica: si la constancia no puede acreditar lo que se afirma que acredita, el elemento que debería cerrar la discusión sobre integridad y fecha cierta deja de cerrarlo.

Verificabilidad y constancia de conservación son condiciones distintas e independientes. Una tercera es el tipo de firma. Que el documento diga “firma electrónica avanzada” no significa que lo sea, y la diferencia tiene consecuencias procesales directas sobre quién carga con la prueba. El siguiente artículo lo desarrolla. 

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Este artículo es parte de la serie “Firma electrónica en juicio: lo que está pasando del lado del demandado.” Si llegaste directamente aquí, el artículo introductorio te da el marco completo.

Cuando un documento firmado electrónicamente llega a juicio, la discusión suele comenzar en el lugar equivocado. Las partes debaten si la firma tiene validez legal, si la plataforma es confiable, si el proceso fue correcto. Hay una pregunta más anterior y más determinante: ¿puede ese documento someterse a verificación técnica independiente?

Si la respuesta es sí, el debate tiene sustancia. Si la respuesta es no, el debate termina antes de empezar, pero no como la parte actora espera.

Operación y prueba no son lo mismo

Un sistema puede registrar perfectamente cada evento de una firma electrónica y aun así ser incapaz de producir esa información en un formato que un perito externo pueda verificar. Esto no es una falla de seguridad. Es una falla de diseño: los sistemas se construyeron para operar, no para probar.

La distinción importa porque en juicio no se evalúa cómo funciona el sistema. Se evalúa si los hechos que ese sistema registró pueden acreditarse de manera objetiva, reproducible e independiente ante el juzgador.

Cuando la acreditación depende de que alguien explique cómo funciona su propio sistema, de reportes generados internamente, o de acceso a plataformas que solo la parte actora controla, estamos ante evidencia que no puede verificarse de forma independiente. Y eso, como ya documentó la Suprema Corte, tiene consecuencias procesales específicas.

Qué requiere una pericial en informática sobre una firma electrónica

Para que un perito pueda dictaminar sobre la validez de una firma electrónica necesita, como mínimo, los elementos técnicos que permitan responder tres preguntas.

Integridad. ¿El documento que se presenta en juicio es exactamente el mismo que fue firmado, sin alteraciones posteriores? Esto se verifica mediante el valor hash del documento. Si el hash del documento presentado coincide con el hash declarado al momento de la firma, el documento no fue modificado.

Autenticidad de las firmas. En el caso de la firma electrónica avanzada, la firma es técnicamente el resultado de cifrar el hash del documento con la llave privada del firmante. Si la firma puede verificarse con la llave pública del certificado correspondiente, la firma es auténtica. Este mecanismo es por definición independiente: cualquier parte puede hacer la verificación sin acceder a los sistemas de la plataforma.

Validez del certificado. También en el contexto de la firma avanzada, el certificado utilizado debe haber sido emitido por una autoridad reconocida, estar vigente al momento de la firma y no haber sido revocado. Esto se verifica validando la cadena de certificación hasta una autoridad raíz confiable.

En la firma electrónica simple, la acreditación de autenticidad funciona de manera distinta: depende de la evidencia de atribución disponible (biometría, OTP, correo electrónico). Si esa evidencia vive en los sistemas de la plataforma y no puede producirse en formato auditable para un perito externo, el problema de verificabilidad es exactamente el mismo que con los bancos, solo que sin el respaldo criptográfico de la firma avanzada. Ese es el tema del quinto artículo de esta serie.

El argumento que ya operó en la banca

La Suprema Corte resolvió en 2021, mediante la jurisprudencia 1a./J. 17/2021 (10a.), que no puede presumirse la fiabilidad de un sistema de firma electrónica a partir de la mera acreditación de que se usaron credenciales. La resolución surgió de disputas bancarias por transferencias supuestamente no autorizadas, pero el criterio está formulado en términos de firma electrónica en general.

Lo que ocurrió en esos casos tiene una estructura precisa. El cliente negaba haber autorizado la operación y solicitaba que el banco entregara los elementos técnicos necesarios para que un perito externo pudiera verificar cómo se generó la firma. El banco no podía hacerlo en formato auditable. Ante esa imposibilidad, el juzgador aplicó el principio de facilidad probatoria: quien tiene el control del sistema y puede acreditar los hechos con mayor facilidad, debe hacerlo. Si no puede, la presunción de que el cliente autorizó la operación se desactiva y la carga probatoria se invierte.

La aplicación de este mismo esquema a documentos firmados electrónicamente fuera del contexto bancario tiene bases jurídicas establecidas. La pregunta ya no es si el principio aplica, sino si la plataforma específica que se usó puede o no producir los elementos técnicos que la pericial requiere.

Por qué el formato no es lo que importa

Un error frecuente es pensar que la discusión es de formato: que un XML es válido y un PDF no. No es así. Un PDF puede contener firmas digitales embebidas con elementos criptográficos completos, y herramientas estándar como Adobe Reader permiten verificarlas. El formato por sí solo no determina si el documento es verificable.

Lo que determina la verificabilidad es si la comprobación puede realizarse sobre el documento mismo, con herramientas públicas y auditables, sin requerir acceso a sistemas internos. Una herramienta de verificación de código abierto que corre sobre el propio documento, aunque la provea quien lo generó, permite que cualquier perito corra las mismas verificaciones y llegue al mismo resultado de forma independiente.

El problema ocurre cuando verificar requiere que un perito externo acceda a bases de datos internas, logs de servidor o sistemas propietarios que solo la plataforma controla. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los bancos: la evidencia de autenticación vivía en sus sistemas internos, y cuando los peritos externos solicitaron acceso para verificarla, los bancos se negaron. Esa negativa, combinada con la imposibilidad de producir la evidencia en otro formato, fue lo que activó el principio de facilidad probatoria.

Qué tiene que poder entregarse

Un documento firmado electrónicamente que puede someterse a pericial permite que cualquier parte verifique su integridad y la autenticidad de sus firmas corriendo verificaciones sobre el documento mismo, con herramientas auditables.

Esto generalmente implica la existencia de un mensaje de datos en formato técnicamente auditable que contiene los valores hash del documento, las firmas electrónicas en formato verificable, los certificados de los firmantes y, si existe, la constancia de conservación NOM-151. Cuando ese archivo existe y hay herramientas públicas para verificarlo, cualquier parte puede tomar el documento, correr las verificaciones y obtener el mismo resultado. La prueba no depende de la palabra de nadie.

Cuando ese archivo no existe, cuando la plataforma no puede producirlo, o cuando verificarlo requiere acceso a sistemas internos que la plataforma controla y puede negar, la cadena de custodia de la evidencia vive fuera del alcance de quien necesita verificarla. En ese escenario, el principio de facilidad probatoria empieza a operar.

Lo que estamos viendo

En el contexto bancario, este argumento tiene jurisprudencia. En el contexto de plataformas de firma electrónica comercial, los fundamentos jurídicos son los mismos pero el recorrido judicial está comenzando.

Lo que sí hemos documentado, y que es consistente con la lógica de la Suprema Corte, es que los juzgadores no aceptan explicaciones sobre cómo funciona un sistema como sustituto de la verificación técnica del documento. Un representante de la plataforma que explica en estrado que “el sistema registra todo correctamente” no produce el mismo efecto probatorio que un perito que verifica criptográficamente que la firma es auténtica y el documento es íntegro.

La diferencia entre estos dos escenarios no es de credibilidad. Es de verificabilidad.

La verificabilidad es el primer filtro. Cuando el documento lo pasa, la siguiente pregunta es sobre la constancia de conservación: si existe, y si cubre lo que debería cubrir. Eso es lo que analiza el siguiente artículo de la serie.

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En Mifiel llevamos años escribiendo sobre cómo hacer valer documentos firmados electrónicamente en juicio. Hemos documentado qué hace válida una firma, cómo se estructura la prueba, qué errores comete quien demanda. Todo desde la perspectiva de la parte actora.

Pero en los juzgados hay dos partes.

La parte demandada también ha estado aprendiendo, y algunas de sus estrategias ya están funcionando. Lo que sigue es un registro de lo que hemos visto operar en tribunales y de lo que, dados los precedentes que ya existen, no tardará en verse con más frecuencia. Si eres parte actora, estas son las estrategias que necesitas anticipar antes de presentar tu demanda. Si eres parte demandada, es el mapa del territorio.

Una distinción importante antes de continuar: algunas de las estrategias que describimos aquí ya tienen jurisprudencia de la Suprema Corte detrás y un historial documentado de sentencias. Otras son extrapolaciones lógicas de esos mismos principios aplicadas a los errores técnicos que hemos visto en plataformas de firma. No tienen todavía el mismo recorrido judicial, pero los fundamentos están y las condiciones también.

La pregunta que lo decide todo

Antes de analizar cualquier otro elemento (el tipo de firma, la plataforma, la normativa aplicable) hay una pregunta que estructura todo el análisis cuando un documento firmado electrónicamente llega a juicio:

¿La evidencia de que alguien firmó ese documento viaja con el documento, o vive en los sistemas de quien demanda?

Si la evidencia de atribución está encodeada en el propio documento (hashes criptográficos, constancias de conservación NOM-151, biometría, certificados verificables), cualquier parte puede verificarla de forma independiente, sin depender de explicaciones ni de acceso a sistemas de terceros.

Si la evidencia de atribución vive en los servidores internos de la plataforma de firma o de la empresa actora (logs en bases de datos, registros de OTP, capturas de pantalla), no existe mecanismo para que un perito la verifique de forma independiente. Cuando la verificación independiente no es posible, el principio de facilidad probatoria empieza a operar en sentido contrario a quien demanda.

Esta distinción es el hilo conductor de todas las estrategias que describimos a continuación.

Lo que ya vimos: la banca y la jurisprudencia de la Suprema Corte

El caso más documentado no viene del mundo de la firma electrónica comercial, sino de la banca.

Durante años, los bancos se sintieron protegidos ante demandas por transferencias supuestamente no autorizadas. Tenían sistemas complejos, volúmenes enormes de datos, registros de autenticación. Pero cuando los clientes impugnaban las operaciones y solicitaban una pericial en informática, el banco debía entregar los elementos técnicos para que un perito externo pudiera verificar cómo se generó y autorizó la firma. Y no podía hacerlo. No porque ocultara la información, sino porque sus sistemas nunca fueron diseñados para producir esa evidencia en formato auditable por terceros.

Ante esa imposibilidad, los jueces aplicaron el principio de facilidad probatoria: quien tiene el control del sistema y puede probar más fácilmente, debe hacerlo. Si no puede, la presunción inicial de que el cliente autorizó la operación se desactiva. Y sin esa presunción, el banco pierde.

La Suprema Corte resolvió esta contradicción de criterios en 2021 mediante la jurisprudencia 1a./J. 17/2021 (10a.): no puede presumirse la fiabilidad de un sistema de firma electrónica a partir de la mera acreditación de que se usaron credenciales. Quien afirma que la firma fue válida debe demostrarlo con evidencia técnica suficiente que respalde autenticación, integridad y trazabilidad de la operación.

El criterio no está limitado a la banca. Está formulado en términos de firma electrónica, y aplica a cualquier documento que no pueda someterse a verificación técnica independiente.

Lo que viene: cinco vectores con bases jurídicas ya establecidas

El mismo principio que fundamentó los casos bancarios está presente en otros contextos que hemos documentado técnicamente. Estas son las líneas de argumentación que, dado el estado actual de los precedentes y de las plataformas que operan en México, no tardarán en verse con regularidad en los juzgados.

Verificabilidad del documento. Cuando la parte actora presenta un documento que no puede someterse a pericial en informática porque no existe un mensaje de datos en formato técnicamente auditable, la estructura del problema es idéntica a la de los bancos. La imposibilidad de entregar los elementos técnicos para la pericial activa el principio de facilidad probatoria en contra de quien demanda.

La constancia NOM-151. No basta con que el documento tenga una constancia de conservación. Lo relevante es sobre qué se emitió. Hemos visto plataformas que generan la constancia sobre el documento original (el PDF que se mandó a firmar) y no sobre el documento más las firmas. Una constancia que certifica la integridad del documento antes de las firmas no acredita que las firmas estaban ahí cuando se certificó, ni que no fueron modificadas o añadidas posteriormente.

Firma “avanzada” que no lo es. El artículo 97 del Código de Comercio establece requisitos específicos para la firma electrónica avanzada, y su último párrafo tiene una consecuencia procesal directa: quien presenta como avanzada una firma que no cumple esos requisitos asume la carga de demostrarlo con peritaje. La acreditación de qué servicios tiene certificados cada PSC ante la Secretaría de Economía es pública, y la diferencia entre estar acreditado para emitir certificados de firma y estar acreditado solo para sellos de tiempo o conservación es verificable en el directorio oficial.

Firma autógrafa digitalizada estampada. En contratos de crédito y productos financieros es frecuente encontrar lo que parece una firma autógrafa digitalizada, pero que en realidad es la misma imagen copiada en múltiples documentos o en múltiples campos del mismo documento. Una firma autógrafa producida por una persona en distintos momentos presenta variaciones naturales de presión, velocidad y trazo. La identidad exacta entre firmas que deberían mostrar esa variación es un argumento que un perito grafoscópico puede sostener sin necesidad de entrar al terreno criptográfico.

Atribución en firma simple sustentada en OTP o credenciales. Cuando la manifestación de voluntad se documenta mediante un código OTP, un correo electrónico o un NIP, la cadena de atribución (que ese número o correo pertenecía a esa persona, que el código se envió para ese documento específico, que fue ingresado en el contexto de esa firma) vive en los sistemas de quien demanda. Si no puede entregarse en formato auditable para verificación por perito externo, el principio de facilidad probatoria aplica de la misma manera que con los bancos.

Cómo leer lo que sigue

Los artículos de esta serie desarrollan cada uno de estos cinco vectores con el detalle técnico y procesal que corresponde: qué falla en la plataforma, qué consecuencia tiene esa falla cuando el documento llega a juicio, y qué ha pasado o qué tiene bases para pasar cuando ese argumento se presenta ante un juez.

El primer artículo de la serie analiza el vector más fundamental: si el documento puede someterse a una pericial en informática, y qué ocurre cuando no puede.

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Un proveedor te dice que su firma es “avanzada”. Suena sólido, suena a que ya quedaste blindado, y firmas con eso tus contratos (o peor, tus pagarés). Todo bien… hasta el día que necesitas hacer valer ese documento y descubres que la “avanzada” que te vendieron nunca lo fue. Las palabras eran las mismas. El respaldo legal, no.

Eso es vender gato por liebre. En firma electrónica pasa más de lo que uno esperaría, porque “avanzada” se dice fácil y se comprueba poco. Aquí te dejamos cómo saber si te están viendo la cara sin que tengas que ser abogado.

Dos firmas que suenan parecido pero no pesan igual

El Código de Comercio reconoce dos tipos de firma electrónica:

• La simple, que cumple con el artículo 89 del Código de Comercio, que identifica al firmante y vale legalmente. Sirve para muchísimas cosas y no tiene nada de malo.
• La avanzada (o fiable), que además de cumplir con el artículo 89, cumple requisitos específicos del artículo 97 y, en la práctica, se sustenta en un certificado de firma electrónica avanzada emitido por una autoridad facultada para ello (el SAT, vía e.firma, o un PSC acreditado para emitir certificados).

Las dos son válidas. La diferencia no es de validez, es de peso probatorio: cuánto te cuesta hacer valer esa firma el día que alguien la pelea. Por eso el problema no es usar firma simple. El problema es creer que tienes avanzada pero tienes simple sin enterarte.

Las frases que deberían prenderte el foco

Hay tres comodines que algunos proveedores usan para que su firma “suene” avanzada sin serlo:

• “Tenemos NOM-151.” Perfecto, pero eso es otra cosa. La NOM-151 (constancia de conservación) garantiza que el documento no se alteró y su fecha cierta (integridad), no quién firmó (atribución). Es valiosa, pero no convierte una firma en avanzada. “Usamos biometría / reconocimiento facial.” Genial para identificar, pero la biometría por sí sola tampoco vuelve avanzada a la firma.
• “Somos PSC.” ¿Pero PSC para qué? Un Prestador de Servicios de Certificación puede estar acreditado solo para sellos de tiempo o para conservación NOM-151 y, aun así, no estar facultado para emitir certificados de firma avanzada. Y aquí el detalle que casi nadie te explica: si un PSC emite certificados de firma sin esa acreditación específica, los emite fuera de su calidad de PSC. O sea, ese certificado no vale más que el que podría emitir cualquier empresa. Ninguna autoridad avaló ese servicio y nadie responde legalmente por él. El gafete de “PSC” cubre los servicios que sí tiene acreditados (sellos de tiempo, conservación), no el certificado de tu firma.

Ninguna de las tres es mentira por sí sola. El truco está en presentártelas como si equivalieran a “avanzada”. No equivalen.

El protocolo para no comprar gato por liebre

Cinco preguntas. Si tu proveedor las contesta limpio, vas bien. Si empieza a marear, ahí está tu respuesta.

1. Pregunta directo y por escrito: ¿es firma simple o avanzada? No te conformes con “firma con validez legal” ni “firma certificada”, son frases paraguas. Pide la categoría exacta y pídela por correo o en la ficha técnica. Que quede registrado.
2. Si te dicen “avanzada”, pregunta en qué certificado se sustenta. Una firma avanzada se sustenta en un certificado de firma electrónica avanzada. Que te digan quién lo emite.
3. Confirma que el emisor esté facultado para emitir certificados —no solo que sea PSC. Esta es la pregunta que separa el grano de la paja: “¿tienen acreditado el servicio de emisión de certificados digitales?” (o, si usan e.firma del SAT, eso también cuenta). Ser PSC para otros servicios no alcanza.
4. Verifícalo tú mismo en el directorio oficial. No te quedes con su palabra. La Secretaría de Economía publica el directorio de PSC acreditados con el detalle de qué servicios tiene cada uno y su fecha de publicación en el DOF (https://psc.economia.gob.mx/directorio.html). Busca al proveedor, o a su emisor,  y revisa que aparezca “emisión de certificados digitales”. Si solo ves “sellos digitales de tiempo” y “conservación de mensajes de datos”, no está facultado para emitir certificados de firma avanzada. Punto.
5. Pide ver el certificado de la firma, no solo la constancia de conservación. Que te muestren un ejemplo real y revisa quién emite el certificado del firmante. Si lo emite la CA interna del propio proveedor y ese proveedor no está acreditado para emisión, recuerda lo de arriba: ese certificado vale lo mismo que el que emitiría cualquier empresa. Sin respaldo de autoridad ni responsabilidad de PSC detrás.

Por qué te importa (y no es trámite)

Mientras nada se pelea, todo se ve igual. La diferencia aparece justo donde más duele: en tribunales.

Con una avanzada de verdad, es decir sustentada en un certificado de firma electrónica avanzada emitido por emisor acreditado, la fiabilidad prácticamente se presume: si alguien la quiere tumbar, la carga de probar que no sirve es de la contraparte. Con una “avanzada” de mentiritas, la carga se voltea hacia ti: de acuerdo al último párrafo del artículo 97 del CCom, tendrías que demostrar, con peritaje y desde la demanda, que tu firma cumplía los requisitos. Pasas de tener el viento a favor a empezar cuesta arriba.

Y pega más fuerte en títulos de crédito. Ya hay criterios judiciales recientes, todavía discutibles, pero ahí están, exigiendo que un pagaré digital se firme con avanzada para producir efectos de título de crédito. No querrás descubrir, a media ejecución, que la firma de tus pagarés era simple disfrazada.

En resumen

No se trata de que la firma simple sea mala, sirve, y mucho. Se trata de que sepas exactamente qué estás usando y de que nadie te venda liebre por gato. La defensa contra el gato por liebre no es desconfiar de todo: es hacer cinco preguntas y verificar una lista pública. Cinco minutos hoy te ahorran una sorpresa en juicio mañana.

Si un proveedor es transparente con qué firma ofrece y por qué, te lo va a contestar sin rodeos. Si no… ahí tienes tu respuesta.

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Pasa más seguido de lo que nos gustaría. Una empresa busca digitalizar sus procesos, elige un proveedor de firma electrónica y hace la pregunta de rigor: “¿Esto cumple con la NOM-151?”.

La respuesta del proveedor suele ser rápida y sonar muy técnica:

• “Usamos RFC 3161 (el estándar internacional)”.
• “Nuestros sellos de tiempo son legales en todo el mundo”.
• “Somos una autoridad de certificación reconocida en el extranjero”.

Suena bien, ¿cierto? El problema es que, en el mundo legal mexicano, el “casi lo mismo” no sirve cuando tienes al SAT o a un juez enfrente.

El error de confundir el sello con la constancia

Hay una confusión técnica de base que muchos proveedores aprovechan. Es cierto que la NOM-151 utiliza sellos de tiempo (timestamps) basados en el estándar RFC 3161. Sin embargo, tener el sello no significa tener la NOM.

Es como decir que, porque un coche tiene llantas, automáticamente es un Fórmula 1. La NOM-151 no es solo un “sello”; es una Constancia de Conservación de Mensajes de Datos emitida por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) acreditado ante la Secretaría de Economía en México. 

Si quieres entender a fondo qué es y cómo funciona la NOM-151, este es un muy buen artículo.”

La trampa del “Reconocimiento Internacional”

Aquí es donde el argumento se vuelve engañoso. Muchos proveedores dicen: “El Código de Comercio reconoce las firmas extranjeras, así que nuestra solución es válida”.

Ojo aquí: El Código de Comercio (artículo 114) efectivamente permite que una firma electrónica del extranjero sea válida en México si es equivalente. Pero —y este es un “pero” gigante— eso no aplica para la NOM-151.

No existe en la ley mexicana un reconocimiento automático para constancias de conservación emitidas fuera del país. La NOM-151 es una norma oficial mexicana y, por definición, debe ser operada por un PSC bajo la vigilancia de autoridades mexicanas. Si tu “constancia” viene de una entidad en Europa o EE. UU., legalmente no tienes una NOM-151; tienes un timestamp que tendrás que pelear para que te lo reconozcan.

¿Dónde truena la burbuja?

El software nunca te va a dar un error por esto. Los PDFs se van a ver perfectos y las firmas se van a estampar sin problema. El problema aparece cuando necesitas usar el documento como prueba:

1. En un juicio: Sin NOM-151, la carga de la prueba cambia. En lugar de que el documento se presuma íntegro, tú tienes que demostrar y pagar peritajes para probar que nadie lo alteró desde que se firmó. Vas cuesta arriba.
2. Ante el SAT: Para temas de “Fecha Cierta”, la autoridad fiscal es sumamente estricta. Si tu soporte de integridad no cumple con el estándar local, podrías tener problemas para deducir operaciones o demostrar la materialidad de tus contratos.

Menos explicaciones, más cumplimiento

La diferencia real no está en la tecnología (el algoritmo de hashing suele ser el mismo), sino en el respaldo legal.

Cuando usas una solución que no es nativa para el marco legal mexicano, te toca a ti (y a tus abogados) explicarle al juez por qué ese sello extranjero “debería valer”. Cuando cumples con la NOM-151 de origen, no tienes que explicar nada: presentas la constancia del PSC y listo.

En Mifiel todos los documentos firmados incluyen, por defecto, su constancia de conservación emitida por un PSC autorizado en México. 

La moraleja es simple: Si te dicen que es “equivalente” a la NOM-151, probablemente es porque no la tienen. Y en un juzgado, las equivalencias salen caras.

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En la práctica judicial, los pagarés electrónicos no suelen ser rechazados.

Sin embargo, sí es común que los jueces prevengan.

En muchos casos, estas prevenciones no se deben a un problema con la validez del pagaré, sino a algo más simple:
la demanda no explicó correctamente cómo funciona el documento electrónico.

Este artículo resume cómo contestar esas prevenciones y, más importante aún, cómo evitarlas desde el inicio.

1. La mayoría de las prevenciones se pueden evitar

Antes de entrar a cómo contestarlas, es importante entender esto:

Muchas prevenciones no surgen por duda jurídica, sino por falta de claridad en la demanda.

Cuando el escrito inicial no deja claro:

• dónde está el documento original
• cómo se firmó
• cómo se puede verificar

el juez se ve obligado a prevenir.

En otras palabras:
la prevención suele ser un problema de narrativa, no de tecnología.

2. No expliques “el sistema”: explica el documento

Un error frecuente es intentar describir toda la tecnología detrás del pagaré.

El juez no necesita saber:

• cómo funciona la infraestructura
• cómo se almacena internamente la información

Lo que sí necesita:

• dónde está el documento
• qué contiene
• cómo se verifica

Regla práctica:
el sistema de información se menciona solo como el entorno donde existe el documento electrónico.

3. Identifica correctamente el documento original

Una prevención típica es:

“Señale en qué sistema se encuentra el documento electrónico original”

Aquí es donde muchos escritos fallan.

Debes explicar que el documento original es el mensaje de datos que contiene el pagaré firmado electrónicamente, el cual se encuentra dentro del sistema en el que fue generado y puede ser consultado y verificado.

• En algunos sistemas, este mensaje de datos se encuentra en un archivo estructurado (por ejemplo, en el caso de Mifiel, en formato XML).
• Lo importante no es el formato, sino que contiene el documento, las firmas y los elementos de verificación.

4. Distingue entre documento original y representaciones

Otra prevención común:

“Precise las representaciones materiales”

Aquí debes separar claramente:

• Documento electrónico original → mensaje de datos
• Representación gráfica → archivo visual (PDF u otro formato)
• Representación física → impresión

Y explicar que:

• la representación gráfica deriva del mensaje de datos
• la impresión deriva de esa representación
• ambas reflejan el mismo contenido

5. Describe el consentimiento como un proceso

Cuando el juez pide:

“Explique cómo se otorgó el consentimiento”

No basta con afirmar que se firmó electrónicamente.

Debes narrar el proceso:

1. El documento se pone a disposición del firmante
2. El firmante accede al sistema
3. Se identifica mediante los mecanismos disponibles
4. Ejecuta la firma electrónica
5. El sistema registra el acto

Esto permite reconstruir jurídicamente la voluntad.

6. Explica la evidencia técnica desde el documento, no desde la plataforma

Otra prevención común:

“Explique cómo se obtuvo la evidencia criptográfica”

La respuesta no está en la plataforma, sino en el documento.

Debes señalar que:

• los elementos técnicos (firmas, certificados, sellos, etc.)
• se encuentran contenidos dentro del mensaje de datos
• y pueden ser verificados mediante herramientas disponibles

7. Usa NOM-151 como refuerzo

La NOM-151 es útil, pero no sustituye la explicación del documento.

Debe utilizarse para reforzar:

• conservación
• fecha cierta
• no alteración (integridad)

No como argumento principal.

8. Qué NO debes hacer

Evita:

• Tratar la representación gráfica como documento original
• Explicar la arquitectura técnica del sistema
• Usar términos tecnológicos sin conexión jurídica
• Omitir la explicación del proceso de firma
• Mencionar NOM-151 sin contexto

9. Regla práctica

Si tu demanda no permite responder claramente estas preguntas, será prevenida:

• ¿Dónde está el documento original?
• ¿Cómo sé quién firmó?
• ¿Cómo verifico que no fue alterado?
• ¿Por qué esto equivale a un documento en papel?

Conclusión

Las prevenciones en pagarés electrónicos no reflejan rechazo al modelo digital.

Reflejan una transición:
los tribunales están exigiendo explicaciones más claras sobre documentos electrónicos.

La clave no es explicar más tecnología, sino explicar mejor la relación entre:

documento electrónico → firma → representación → prueba

Cuando esa relación está clara desde la demanda, muchas prevenciones simplemente desaparecen.

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Una de las dudas más comunes cuando alguien evalúa implementar firma electrónica en México es esta:

“¿Necesito NOM-151 para que mi firma sea válida?”

La respuesta corta es: no.
Y asumir que sí es uno de los errores más comunes al diseñar soluciones de firma electrónica en México.

Entender por qué es clave para construir una implementación sólida.

1. ¿Qué es la NOM-151 realmente?

La NOM-151 es una norma que regula la conservación de mensajes de datos.

En términos simples, sirve para:

• Garantizar que un documento no ha sido alterado a partir del momento de la emisión de la constancia.
• Proporcionar una fecha cierta

Es decir: protege la integridad del documento, no el proceso de firma.

Si quieres entenderla a detalle, puedes ver esta explicación completa:
https://blog.mifiel.com/nom-151/

2. Entonces… ¿la NOM-151 valida una firma electrónica?

No.

La NOM-151 no valida, no certifica y no “legaliza” una firma electrónica.

Esto significa que:

• No importa si tienes NOM-151
• Si tu proceso de firma está mal implementado, sigue siendo débil legalmente

3. ¿Qué hace válida una firma electrónica en México?

La validez de una firma electrónica depende de que cumpla con el Código de Comercio (principalmente artículos 89 al 97).

En la práctica, necesitas poder demostrar:

• Quién firmó (identidad)
• Que la persona aceptó el contenido (consentimiento)
• Que el documento no fue alterado después (integridad)
• Evidencia del proceso (trazabilidad)

Si quieres profundizar en cómo diseñar y verificar esta evidencia, puedes ver este artículo:
https://blog.mifiel.com/diseno-tecnico-verificacion-evidencia-digital/

Esto es completamente independiente de la NOM-151.

4. Entonces, ¿para qué sirve la NOM-151?

La NOM-151 entra después de la firma.

Su función es “sellar” el documento para probar que no ha cambiado desde cierto momento en el tiempo.

Piensa en esto como:

• Firma electrónica → crea el acuerdo
• NOM-151 → protege el documento en el tiempo

5. Un error común (muy importante)

Error común:
“Si tengo NOM-151, mi firma ya es válida”

Realidad:
La NOM-151 no valida la firma.
Solo certifica que el documento se ha mantenido íntegro en el tiempo.

Y hay un riesgo importante:

• Si el proceso de firma es débil
• Y lo “certificas” con NOM-151

Estás congelando un documento con evidencia deficiente.

6. ¿Qué tipos de firma puedes implementar?

Existen distintos mecanismos para manifestar voluntad en un entorno digital:

• Firma electrónica simple (ej. clic, OTP)
• Firma autógrafa en pantalla (dedo o stylus)
• Firma electrónica avanzada (certificados digitales)

Cada uno tiene distinto peso probatorio, pero ninguno depende de la NOM-151 para ser válido.

Puedes ver una comparación completa aquí:
https://blog.mifiel.com/comparacion-tipos-de-firmas/

7. Entonces, ¿qué deberías implementar?

Si estás digitalizando procesos, lo correcto es pensar en capas:

1. Proceso de firma sólido
   • Identidad
   • Consentimiento
   • Evidencia y trazabilidad

2. NOM-151
   • Conservación
   • Integridad a largo plazo
   • Fecha cierta

8. Resumen

La firma electrónica da validez legal.
La NOM-151 da integridad y fecha cierta.

Son complementarias, no equivalentes.

9. La pregunta correcta

Cuando se evalúa una implementación de firma electrónica, la conversación suele empezar con:

“¿Necesito NOM-151?”

Pero esa no es la pregunta más importante.

Primero hay que resolver:

• ¿Cómo se está capturando la identidad del firmante?
• ¿Cómo se demuestra el consentimiento?
• ¿Qué evidencia se genera del proceso?

Solo después tiene sentido preguntarse:

• ¿Cómo se van a conservar esos documentos en el tiempo?

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En el litigio de documentos electrónicos en México, existe una realidad incómoda: muchos de los juicios no se pierden por una falla en la tecnología, sino porque el proceso real de la empresa no coincide con lo que el abogado escribió en el contrato.

En muchas organizaciones, la gestión contractual vive en silos:

• Área Corporativa: Redacta los contratos y define el “deber ser”.
• Área Operativa: Ejecuta la firma y prioriza la eficiencia.
• Área de Litigio: Defiende el documento cuando surge el conflicto.

El problema no es la especialización, sino la desconexión. En firma electrónica, esta brecha se convierte en una vulnerabilidad procesal explotable por la contraparte.

El punto ciego: Cuando la cláusula técnica supera la realidad operativa

Un abogado corporativo puede diseñar una cláusula técnicamente impecable, detallando pasos que parecen dar seguridad: el uso de un token específico, el envío a un correo institucional registrado o un flujo de autenticación multifactor (SMS).

Sobre el papel, el esquema es sólido. Sin embargo, en la práctica operativa diaria, suelen ocurrir desviaciones por urgencia o flexibilidad:

• Se usa un correo distinto al previsto.
• Se reenvía un flujo para que un apoderado firme desde otro dispositivo.
• Se omite un paso de validación que el contrato declaraba como “esencial”.

Regla de oro en litigio: Mientras más detallada sea la descripción técnica en el contrato, mayor es la superficie de exposición ante una impugnación. Si describes el sistema, estás fijando una obligación rígida de cumplimiento.

Consecuencias procesales: La desviación como argumento de la contraparte

Para invalidar un documento electrónico, el litigante contrario no siempre necesita demostrar que la firma es falsa. Le basta con señalar la falta de fiabilidad del método (fundamentado en el artículo 97 del Código de Comercio).

Su argumento en juicio será simple pero letal:

“Su Señoría, el contrato establecía un procedimiento específico de firma. La empresa actora no siguió su propio procedimiento. Por lo tanto, no hay certeza de que el método sea fiable ni de que la firma sea atribuible a mi representado.”

Aunque la desviación sea mínima y la firma sea técnicamente íntegra, has abierto una discusión innecesaria sobre la atribución. La inconsistencia entre lo que el contrato promete y lo que la operación ejecuta rompe la presunción de certeza.

La Solución: Neutralidad Tecnológica y Alineación Legal

La solución no es la vaguedad, sino redactar cláusulas que prioricen el resultado legal sobre el paso técnico. El objetivo es que el contrato sea un escudo, no una trampa procesal.

Una cláusula resiliente debe ser lo suficientemente robusta para el litigante y lo suficientemente flexible para el operador.

El Modelo de Cláusula Recomendado

Para evitar que una actualización tecnológica o un cambio operativo invaliden tu evidencia, sugerimos una redacción basada en estándares legales:

“Las Partes acuerdan que el presente Contrato podrá suscribirse mediante (i) Firma Electrónica o (ii) Firma Electrónica Avanzada, según el método que efectivamente se utilice al momento de la firma y que resulte identificable en el documento firmado. En ningún caso se negarán efectos jurídicos o valor probatorio al Contrato por el solo hecho de constar como mensaje de datos.

El documento firmado y la evidencia asociada serán conservados de manera que se asegure su integridad y conservación; las Partes acuerdan que, cuando se emita constancia de conservación conforme a la NOM-151-SCFI-2016, ésta será medio idóneo para acreditar la integridad del documento.”

¿Por qué funciona esta redacción?

1. Flexibilidad operativa: No te obliga a un flujo de clics específico, permitiendo que la tecnología evolucione sin necesidad de adendas.
2. Carga probatoria simplificada: Traslada la prueba de integridad a la NOM-151, un estándar técnico que los tribunales mexicanos ya reconocen plenamente.
3. Prevención de litigio: Cierra la puerta a impugnaciones basadas en formalismos operativos irrelevantes.

Conclusión: La coordinación es seguridad jurídica

En Mifiel, entendemos que la firma electrónica no es solo un activo tecnológico, es un activo probatorio. La coordinación entre las áreas corporativas, operativas y de litigio es la base de una estrategia legal exitosa.

Si tu contrato describe un ideal, pero tu operación ejecuta una versión flexible, estás documentando tu propia inconsistencia. Estandariza tu proceso de firma para que tu evidencia hable por sí misma en juicio.

¿Tu equipo de litigio está listo para defender tus firmas electrónicas? 

Explora nuestra sección de Litigio

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En litigio mercantil con evidencia electrónica, el problema rara vez es “si existe la NOM-151”. El problema es qué hacen los jueces con ella, y cuándo.

La tesis 2031573 intenta corregir una práctica cada vez más común: juzgados que, en el auto inicial, pretenden “verificar” si un documento digital cumple NOM-151 con una simple lectura del archivo, y en función de eso previenen o incluso desechan la demanda.

La razón de decidir (ratio decidendi) del criterio es clara: el juez no puede verificar técnicamente el cumplimiento de la NOM-151 por inspección ocular en el auto inicial. Si existe controversia, es técnica, y su cauce natural es la contradicción probatoria, típicamente con pericial.

Hasta ahí, bien.

El problema es que, al explicar la NOM-151 y su relación con el Código de Comercio, el criterio también incurre en dos errores que conviene neutralizar antes de que se vuelvan “verdades de pasillo”:

1. al igual que esta otra tesis, mete FEA donde no va, y
2. describe mal el modelo de conservación: sugiere que el PSC “almacena” el mensaje bajo su control y que de ahí se desprende la “ulterior consulta”.

Este artículo separa lo rescatable de lo peligroso y propone una lectura jurídicamente limpia: NOM-151 sirve para integridad/fecha; la ulterior consulta depende del repositorio real del Mensaje de Datos (plataforma, sistema de firma o el propio soporte del mensaje, como el XML de un CFDI).

1) El acierto central: NOM-151 no se “verifica” a ojo (y menos en el auto inicial)

La NOM-151 no es un checklist visual. Es un esquema técnico basado en huellas digitales (hash) y sellos de tiempo. Su verificación, por definición, es técnica.

Por eso, la razón de decidir (ratio decidendi) de la tesis es útil: en el auto inicial el juez no está en posición de decidir “cumple/no cumple NOM-151” leyendo archivos. Si la parte actora exhibe documentos digitales con sus anexos, y la demandada pretende desconocer su integridad, fecha, correspondencia o autenticidad técnica, lo correcto es que esa discusión se tramite donde corresponde: en prueba, no como filtro de admisión.

Esta sola idea corrige un daño procesal frecuente: demandas desechadas por intuición tecnológica disfrazada de control judicial.

2) Si la actora exhibe constancia, el juez no valida: la controversia la activa la demandada

Una derivación práctica de lo anterior es simple:

• La actora puede exhibir el documento digital y, si cuenta con constancia NOM-151, acompañarla como soporte de integridad/fecha.
• El juez, en el auto inicial, no debe “validar” técnicamente esa constancia.
• Si la demandada considera que el documento está alterado, no corresponde o no pasó una verificación, debe objetar y llevar la discusión a pericial.

Esto no es un privilegio: es la ubicación correcta de una controversia técnica. Lo contrario —que el juez “decida NOM-151” en la puerta del juicio— convierte el auto inicial en un pseudo-laboratorio forense sin herramientas ni contradicción.

3) Primer error: la insistencia en FEA como requisito general

El criterio (como otros recientes) incurre en un vicio que ya es patrón: convertir la Firma Electrónica Avanzada (FEA) en requisito general, como si fuera el único modo de firmar electrónicamente con efectos jurídicos.

Eso es un error por dos razones:

• Normativa: el Código de Comercio reconoce efectos jurídicos a los mensajes de datos y a las firmas electrónicas sin exigir que toda firma sea avanzada. La pregunta jurídica no es “¿es FEA?”, sino “¿el método es atribuible/fiable para el caso?”.
• Conceptual: la FEA sirve para atribución (quién firmó) bajo un modelo específico; pero NOM-151 regula integridad y fecha, no identidad ni voluntad.

Cuando un tribunal mete FEA dentro de NOM-151, normalmente está repitiendo la confusión de siempre: querer resolver atribución con una herramienta de integridad.

4) Segundo error (más grave): afirmar que el PSC debe recibir/custodiar el Mensaje de Datos

Aquí está el punto neurálgico.

Algunas resoluciones sostienen —o dejan entrever— que la conservación de mensajes de datos puede hacerse “a través” de un Prestador de Servicios de Certificación (PSC), y que eso permitiría “ulterior consulta” porque el PSC tendría el documento bajo su control.

Ese mapa es incorrecto. Y no es una cuestión de interpretación: la NOM-151 lo niega expresamente.

Lo que dice realmente la NOM-151 (Apéndice A)

La NOM establece que para generar una constancia de conservación:

• la solicitud se forma conforme a RFC 3161, en formato ASN.1;
• se utiliza la huella digital electrónica del Mensaje de Datos;
• y la regla decisiva: al PSC no hay que darle el Mensaje de Datos: 

“A.2.4  En todo momento, el interesado deberá mantener el control sobre el mensaje de datos por lo que el Prestador de Servicios de Certificación únicamente recibirá la huella digital electrónica del mensaje de datos.” – Apéndice A de la NOM – 151

La NOM es explícita: el interesado mantiene en todo momento el control sobre el mensaje, y el PSC únicamente recibe la huella.

Esto cambia por completo la lógica probatoria:

• Si el PSC no recibe el Mensaje de Datos, entonces la constancia NOM-151 no presupone custodia del documento por el PSC.
• Y si no hay custodia, la “ulterior consulta” no puede derivarse de que el PSC “lo tenga”.

Dicho sin rodeos: NOM-151 no es almacenamiento del mensaje; es prueba de integridad/fecha sin transferir el mensaje.

5) Artículos 93 y 49 del Código de Comercio: integridad y ulterior consulta son requisitos distintos

El punto fino —y el que la tesis desdibuja— es que el Código de Comercio no habla de un solo requisito, sino de dos condiciones acumulativas cuando se trata de Mensajes de Datos:

1. integridad del contenido, y
2. accesibilidad para su ulterior consulta.

El artículo 93 lo plantea como regla de equivalencia funcional: cuando la ley exige forma escrita, se tiene por cumplida en Mensaje de Datos siempre que la información “se mantenga íntegra” y “sea accesible para su ulterior consulta”, sin importar el formato. Y si además se exige firma, ese requisito se cumple cuando el Mensaje de Datos sea atribuible a las partes.

El artículo 49 repite el mismo binomio en materia de conservación: para efectos de conservar o presentar “originales” en Mensajes de Datos, exige que la información se haya mantenido “íntegra e inalterada” desde su generación definitiva y que “sea accesible para su ulterior consulta”. Y añade un mandato normativo clave: la Secretaría de Economía emitirá la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de mensajes de datos.

De ahí se desprende una lectura limpia (y operativa) que evita la confusión:

• La accesibilidad (“ulterior consulta”) es un requisito legal del Código, no una prestación que nazca mágicamente de la constancia.
• La NOM existe “para la conservación”, es decir, para fijar el estándar técnico con el que se acredita integridad/fecha.
• Pero como el Apéndice A de la NOM-151 ordena que el PSC reciba solo la huella y que el interesado mantenga el control del Mensaje de Datos, la constancia no presupone custodia del contenido por el PSC y, por tanto, no puede ser el fundamento de la ulterior consulta.

Por eso, en litigio conviene separar capas:

• Integridad/fecha → se robustece con NOM-151 (huella + sello de tiempo).
• Ulterior consulta → se acredita desde el repositorio real del mensaje: la plataforma donde se generó y firmó, el archivo original conservado por el interesado, o el propio soporte autocontenible del Mensaje de Datos (por ejemplo, el XML de un CFDI) y su conservación.

6) Qué sí prueba NOM-151 y qué no (para litigar sin confusiones)

Conviene decirlo de manera frontal, porque muchas prevenciones nacen de no separar capas:

NOM-151 ayuda a probar:

• Integridad del contenido respecto de un momento verificable.
• Fecha (vía sello de tiempo) asociada a la huella.

NOM-151 no prueba por sí sola:

• Atribución (quién firmó).
• Voluntad (consentimiento).
• Accesibilidad (ulterior consulta) del mensaje, porque la NOM no implica custodia del contenido por el PSC.

7) Uso litigioso correcto: invoca la razón de decidir (ratio decidendi), pero cuidado con la letra chiquita

Esta tesis es útil, pero viene con letra chiquita. Si la citas sin filtrar, corres el riesgo de importar al expediente dos ideas equivocadas (FEA como requisito general y PSC como custodio del Mensaje de Datos).

La forma correcta de usarla es quirúrgica: toma lo bueno y descarta lo venenoso.

1. Invoca la razón de decidir (ratio decidendi): en el auto inicial el juez no puede “verificar” NOM-151 por lectura visual; si hay controversia técnica, debe tramitarse con prueba (y, si hace falta, pericial).
   
2. Aclara el mapa técnico real: la NOM-151 no presupone que el PSC reciba o custodie el Mensaje de Datos; el PSC recibe solo la huella y el control del mensaje permanece en el interesado.
   
3. Amarra con 49 y 93: la ley exige integridad y ulterior consulta; NOM-151 robustece la integridad/fecha, pero la accesibilidad se acredita desde el repositorio real del mensaje (plataforma o soporte del propio Mensaje de Datos).
   

En resumen: cítala por lo que resuelve, no por todo lo que opina.

Conclusión

La tesis aporta algo valioso: frena el impulso de convertir el auto inicial en un examen improvisado de criptografía.

Pero su explicación sobre conservación y “ulterior consulta” puede inducir un error práctico serio: creer que la NOM-151 implica que el PSC guarda el Mensaje de Datos y por eso “se puede consultar después”.

La lectura correcta es otra:

• El Código de Comercio (arts. 49 y 93) exige integridad y accesibilidad.
• La NOM-151 aporta un estándar técnico para acreditar integridad/fecha, sin transferir el contenido al PSC.
• La “ulterior consulta” se prueba por el lugar donde el Mensaje de Datos existe y se conserva: la plataforma, el sistema de firma, o el propio soporte del mensaje (por ejemplo, el XML).

NOM-151 no es almacenamiento. Es el ancla criptográfica que te permite decir: “esto existía así, desde entonces”. La consulta ulterior vive en el repositorio; la integridad vive en la constancia.

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Por Mifiel, con la colaboración de Lic. Jorge Gabriel Ruiz Cortés
Facilitador Certificado #187 en el Estado de Jalisco, Director del Centro Privado de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos #96, con 10 años de experiencia de atender casos de mediación y conciliación en temas Financieros para SOFOMES y Arrendadoras.

Introducción: el incumplimiento no es una falla operativa, es un escenario de riesgo

En las SOFOMES y arrendadoras, el incumplimiento de un crédito no debería entenderse como una anomalía, sino como uno de los escenarios naturales del negocio financiero. Aun con análisis de riesgo, garantías y estructuras contractuales sólidas, algunos créditos fallan.

La diferencia entre una institución financiera madura y una vulnerable no está en evitar por completo el incumplimiento, sino en cómo está diseñado el crédito para cuando ese incumplimiento ocurra.

Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de forma preventiva (en Adelante le nombraremos “Mediación Financiera”) en el sector financiero no nace para negociar mejor ni para sustituir la cobranza o el litigio. Nace como una herramienta de diseño del crédito, que permite anticipar el conflicto y definir desde el inicio cómo se resolverá, con qué reglas y con qué consecuencias jurídicas.

Qué es la Mediación Financiera Preventiva

La mediación financiera preventiva es un mecanismo legal que permite a una financiera y a su cliente pactar desde la originación del crédito cómo se atenderán los conflictos futuros derivados de ese financiamiento con un convenio preventivo anexo a al contrato de Arrendamiento o Crédito.

No es un proceso reactivo ni una respuesta al incumplimiento. Es un elemento que se integra al contrato, al pagaré y a la estructura de garantías como parte del modelo de riesgo.

En términos prácticos, la mediación financiera preventiva permite:

• Definir por adelantado el procedimiento para resolver un conflicto.
• Establecer consecuencias claras y ejecutables ante el incumplimiento.
• Evitar que el conflicto se vuelva incierto o dependa de interpretaciones posteriores.

El papel del mediador y de los Centros Públicos de los Estados

El mediador (Ahora Facilitador) es un tercero neutral certificado por un Instituto de Justicia Alternativa ahora Centro Público de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Estado de Jalisco, organismo público vinculado al poder judicial. Su función no es decidir quién tiene razón ni negociar por las partes.

Su papel es:

• Conducir un procedimiento previamente pactado.
• Verificar que las partes comprendan el alcance del acuerdo.
• Validar que el convenio cumpla con los requisitos legales para su registro.

Los Centros Públicos de Justicia Alternativa supervisan estos procedimientos y otorgan el marco jurídico para que los convenios derivados de la mediación puedan registrarse y adquirir fuerza ejecutiva.

Qué significa que la mediación tenga fuerza jurídica

En el sistema judicial tradicional, la ejecución es el último paso de un proceso largo. Primero se discute el fondo del conflicto y, sólo después, se ejecuta.

La mediación financiera preventiva invierte esa lógica. Al estar prevista desde la originación del crédito, el conflicto ya tiene una salida definida.

Cuando un convenio de mediación se celebra conforme a la ley y se registra ante la autoridad correspondiente, adquiere fuerza de sentencia firme. Esto significa que:

• Si el cliente cumple, el crédito se normaliza sin juicio.
• Si el cliente incumple, la financiera puede solicitar directamente la ejecución del convenio.

No se vuelve a discutir el fondo del asunto. El juez actúa únicamente para ejecutar lo ya pactado no habiendo controversia alguna más que la de pago. 

Mediación como control de riesgo, no como negociación

Uno de los errores más comunes al hablar de mediación financiera es asociarla exclusivamente con negociación o conciliación.

En realidad, su función principal no es negociar, sino reducir incertidumbre. La mediación financiera preventiva:

• No depende de la buena voluntad futura del cliente.
• No improvisa soluciones cuando el crédito ya está deteriorado.
• No sustituye al litigio, sino que define desde el inicio cuándo y cómo se llega a la ejecución.

En este sentido, la mediación se parece más a un Mecanismo de Cobertura Financiera que a una herramienta de cobranza.

En qué tipos de crédito la mediación agrega mayor valor

La mediación financiera preventiva resulta especialmente útil en créditos donde el valor depende del tiempo, de la continuidad del negocio o de la correcta administración de activos.

Por ejemplo:

• Arrendamientos financieros u operativos, donde la recuperación ordenada del bien es clave.
• Créditos empresariales, que pueden requerir ajustes de flujo sin destruir la operación.
• Estructuras fiduciarias de garantía, donde la ejecución puede acelerarse si está bien diseñada.

En estos casos, la mediación permite que el incumplimiento no se traduzca automáticamente en pérdida de valor.

Cuándo la mediación no es la herramienta adecuada

La mediación no debe utilizarse de forma indiscriminada. Hay escenarios donde el litigio directo sigue siendo la opción más eficiente.

Por ejemplo:

• Cuando existe fraude, simulación u ocultamiento de activos.
• Cuando la garantía es clara, suficiente y el proceso judicial es altamente estandarizado.

En estos casos, la acción judicial inmediata protege mejor el crédito. Diseñar mediación no implica renunciar al litigio, sino elegir conscientemente cuándo usar cada herramienta.

Conclusión: diseñar el crédito para el peor escenario

La mediación financiera no existe para negociar mejor ni para evitar conflictos. Existe para anticiparlos.

“La mediación financiera no sirve para negociar mejor, sino para diseñar el crédito para el peor escenario y reducir incertidumbre desde el inicio”, explica Gabriel Ruiz Cortés, mediador certificado en el Estado de Jalisco.

Integrada desde la originación, permite que el crédito tenga un camino claro incluso cuando falla. Reduce la incertidumbre, acelera la ejecución y convierte el incumplimiento en un evento controlado.

En un entorno financiero cada vez más competitivo, la verdadera ventaja no está en litigar más rápido, sino en diseñar créditos que sepan exactamente qué hacer cuando algo sale mal.

Sobre el Facilitador de Métodos Alternativos

Lic. Jorge Gabriel Ruiz Cortés es facilitador de métodos alternativos de solución de conflictos certificado en el Estado de Jalisco, con amplia experiencia en la implementación de mediación preventiva en SOFOMES, arrendadoras y estructuras fiduciarias. Ha participado en miles de convenios de mediación con fuerza ejecutiva, enfocados en el diseño del crédito, control del riesgo y ejecución eficiente en caso de incumplimiento.

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En sistemas que manejan documentos electrónicos y firmas digitales, el foco suele estar en que el flujo funcione correctamente: que el usuario firme, que el documento se genere, que el sistema responda.

Desde un punto de vista técnico, eso puede ser suficiente para operar.
Desde un punto de vista probatorio, no lo es.

Muchos problemas legales con documentos electrónicos no surgen por fallas criptográficas ni por ausencia de regulación, sino porque el sistema no fue diseñado pensando en cómo se va a verificar la evidencia años después, fuera del propio sistema.

Este texto aborda ese problema desde una perspectiva técnica. Para una visión general del fenómeno desde el punto de vista jurídico, ver Evidencia digital en juicio: por qué la verificabilidad es fundamental.

Operar no es verificar

Un error común en el diseño de sistemas de firma o conservación es asumir que:

si el sistema puede explicar lo que hizo, entonces el hecho es demostrable.

En la práctica judicial, esto no funciona así.

• Los logs no son prueba.
• Las explicaciones técnicas no son evidencia.
• Los diagramas de arquitectura no sustituyen la verificación.

En un juicio, el sistema no habla.
Habla la evidencia que puede verificarse de manera objetiva e independiente.

Esta diferencia entre operación y prueba es uno de los ejes que explican por qué muchos sistemas fallan cuando llegan a un tribunal, aun cuando funcionen correctamente en producción.

El error técnico más común: firmas que solo el sistema puede “entender”

Hemos visto múltiples casos donde una plataforma implementa correctamente criptografía, pero:

• encapsula firmas en estructuras que requieren conocimiento interno para interpretarse,
• genera artefactos cuya verificación no es evidente fuera del sistema,
• o produce resultados que solo pueden explicarse con ayuda del equipo técnico.

Técnicamente, la firma puede ser correcta.
Probatoriamente, el sistema queda cerrado sobre sí mismo.

Cuando la única forma de verificar una firma es:

• un servicio interno no auditable,
• una herramienta cuya lógica de verificación no puede reproducirse de forma independiente,
• o una explicación posterior del equipo técnico,

el sistema introduce un punto único de confianza que resulta problemático en juicio.

El problema no es que una herramienta sea operada por el proveedor, sino que la verificación dependa de confiar en ese proveedor, en lugar de poder reproducirse y validarse con criterios objetivos.

Cuando la verificación falla fuera de la plataforma

Un patrón que se repite es el siguiente:

• el documento “está firmado” según la plataforma,
• el certificado existe,
• el flujo interno fue exitoso,

pero al intentar verificar el documento fuera del sistema:

• la validación no es directa,
• requiere pasos no documentados,
• o produce resultados ambiguos.

Esto no significa necesariamente que la firma sea inválida.
Significa algo más relevante: la verificación no es evidente ni accesible para terceros.

Desde una perspectiva judicial, esto es crítico.
El juez no va a reconstruir el sistema del proveedor ni aceptar que “así funciona”.

Este mismo patrón aparece en otros contextos tecnológicos, como se explica en Transferencias no autorizadas: bancos pierden juicios.

La constancia y el certificado no se explican: se verifican

Otro error técnico frecuente es tratar la constancia de conservación o el certificado como si fueran documentos explicativos (por ejemplo, PDFs “aclaratorios”).

En realidad:

• una constancia de conservación es una estructura criptográfica,
• un certificado de firma electrónica es un objeto verificable,

y la evidencia de su validez no está en un texto, sino en el resultado de su verificación:

• integridad del contenido,
• validez de la firma,
• cadena de confianza,
• algoritmos utilizados.

Para saber que una constancia o un certificado provienen de un Prestador de Servicios de Certificación autorizado no se requiere un documento adicional.
Se requiere verificarlos correctamente.

Cuando un sistema necesita “explicar” esto con papeles, correos o informes, el problema ya no es jurídico: es de diseño.

El rol crítico de las herramientas de verificación

Desde el punto de vista técnico, una herramienta de verificación no es un accesorio.
Es parte esencial del sistema.

Una plataforma que genera documentos firmados debería asumir que:

• el documento va a salir del sistema,
• será analizado por terceros,
• posiblemente años después,
• en un entorno adversarial (un juicio).

Lo relevante no es quién hospeda la herramienta, sino que:

• la verificación sea determinística,
• el resultado pueda reproducirse,
• no dependa de información privada del proveedor,
• y pueda validarse con criterios técnicos objetivos.

En el caso de Mifiel, la verificación pública de documentos XML está disponible en:

? https://app.mifiel.com/verify-xml

Este tipo de herramientas evita que la prueba dependa de explicaciones técnicas posteriores y permite que la evidencia hable por sí misma.

Diseñar para juicio, no solo para producción

Muchos sistemas digitales están bien diseñados para producción, pero no para juicio.

Diseñar para juicio implica hacerse preguntas incómodas desde el inicio:

• ¿puede un tercero verificar este documento sin conocer mi sistema?
• ¿puede hacerlo sin hablar con mi equipo técnico?
• ¿la evidencia sigue siendo verificable dentro de cinco o diez años?

Estas no son preguntas legales tardías.
Son decisiones técnicas tempranas.

La verificación no es un feature, es una propiedad del sistema

Desde el punto de vista técnico, la verificabilidad no es una funcionalidad adicional.
Es una propiedad emergente del diseño.

Cuando un sistema produce evidencia que:

• puede verificarse de forma independiente,
• no depende de la confianza en el proveedor,
• no requiere explicación posterior,

la discusión legal se simplifica.

Cuando no lo hace, el problema no aparece en staging ni en producción. Aparece en juicio.

Este texto es el complemento técnico de una idea más amplia desarrollada en Evidencia digital en juicio: por qué la verificabilidad es fundamental.

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