Un proveedor te dice que su firma es “avanzada”. Suena sólido, suena a que ya quedaste blindado, y firmas con eso tus contratos (o peor, tus pagarés). Todo bien… hasta el día que necesitas hacer valer ese documento y descubres que la “avanzada” que te vendieron nunca lo fue. Las palabras eran las mismas. El respaldo legal, no.

Eso es vender gato por liebre. En firma electrónica pasa más de lo que uno esperaría, porque “avanzada” se dice fácil y se comprueba poco. Aquí te dejamos cómo saber si te están viendo la cara sin que tengas que ser abogado.

Dos firmas que suenan parecido pero no pesan igual

El Código de Comercio reconoce dos tipos de firma electrónica:

• La simple, que cumple con el artículo 89 del Código de Comercio, que identifica al firmante y vale legalmente. Sirve para muchísimas cosas y no tiene nada de malo.
• La avanzada (o fiable), que además de cumplir con el artículo 89, cumple requisitos específicos del artículo 97 y, en la práctica, se sustenta en un certificado de firma electrónica avanzada emitido por una autoridad facultada para ello (el SAT, vía e.firma, o un PSC acreditado para emitir certificados).

Las dos son válidas. La diferencia no es de validez, es de peso probatorio: cuánto te cuesta hacer valer esa firma el día que alguien la pelea. Por eso el problema no es usar firma simple. El problema es creer que tienes avanzada pero tienes simple sin enterarte.

Las frases que deberían prenderte el foco

Hay tres comodines que algunos proveedores usan para que su firma “suene” avanzada sin serlo:

• “Tenemos NOM-151.” Perfecto, pero eso es otra cosa. La NOM-151 (constancia de conservación) garantiza que el documento no se alteró y su fecha cierta (integridad), no quién firmó (atribución). Es valiosa, pero no convierte una firma en avanzada. “Usamos biometría / reconocimiento facial.” Genial para identificar, pero la biometría por sí sola tampoco vuelve avanzada a la firma.
• “Somos PSC.” ¿Pero PSC para qué? Un Prestador de Servicios de Certificación puede estar acreditado solo para sellos de tiempo o para conservación NOM-151 y, aun así, no estar facultado para emitir certificados de firma avanzada. Y aquí el detalle que casi nadie te explica: si un PSC emite certificados de firma sin esa acreditación específica, los emite fuera de su calidad de PSC. O sea, ese certificado no vale más que el que podría emitir cualquier empresa. Ninguna autoridad avaló ese servicio y nadie responde legalmente por él. El gafete de “PSC” cubre los servicios que sí tiene acreditados (sellos de tiempo, conservación), no el certificado de tu firma.

Ninguna de las tres es mentira por sí sola. El truco está en presentártelas como si equivalieran a “avanzada”. No equivalen.

El protocolo para no comprar gato por liebre

Cinco preguntas. Si tu proveedor las contesta limpio, vas bien. Si empieza a marear, ahí está tu respuesta.

1. Pregunta directo y por escrito: ¿es firma simple o avanzada? No te conformes con “firma con validez legal” ni “firma certificada”, son frases paraguas. Pide la categoría exacta y pídela por correo o en la ficha técnica. Que quede registrado.
2. Si te dicen “avanzada”, pregunta en qué certificado se sustenta. Una firma avanzada se sustenta en un certificado de firma electrónica avanzada. Que te digan quién lo emite.
3. Confirma que el emisor esté facultado para emitir certificados —no solo que sea PSC. Esta es la pregunta que separa el grano de la paja: “¿tienen acreditado el servicio de emisión de certificados digitales?” (o, si usan e.firma del SAT, eso también cuenta). Ser PSC para otros servicios no alcanza.
4. Verifícalo tú mismo en el directorio oficial. No te quedes con su palabra. La Secretaría de Economía publica el directorio de PSC acreditados con el detalle de qué servicios tiene cada uno y su fecha de publicación en el DOF (https://psc.economia.gob.mx/directorio.html). Busca al proveedor, o a su emisor,  y revisa que aparezca “emisión de certificados digitales”. Si solo ves “sellos digitales de tiempo” y “conservación de mensajes de datos”, no está facultado para emitir certificados de firma avanzada. Punto.
5. Pide ver el certificado de la firma, no solo la constancia de conservación. Que te muestren un ejemplo real y revisa quién emite el certificado del firmante. Si lo emite la CA interna del propio proveedor y ese proveedor no está acreditado para emisión, recuerda lo de arriba: ese certificado vale lo mismo que el que emitiría cualquier empresa. Sin respaldo de autoridad ni responsabilidad de PSC detrás.

Por qué te importa (y no es trámite)

Mientras nada se pelea, todo se ve igual. La diferencia aparece justo donde más duele: en tribunales.

Con una avanzada de verdad, es decir sustentada en un certificado de firma electrónica avanzada emitido por emisor acreditado, la fiabilidad prácticamente se presume: si alguien la quiere tumbar, la carga de probar que no sirve es de la contraparte. Con una “avanzada” de mentiritas, la carga se voltea hacia ti: de acuerdo al último párrafo del artículo 97 del CCom, tendrías que demostrar, con peritaje y desde la demanda, que tu firma cumplía los requisitos. Pasas de tener el viento a favor a empezar cuesta arriba.

Y pega más fuerte en títulos de crédito. Ya hay criterios judiciales recientes, todavía discutibles, pero ahí están, exigiendo que un pagaré digital se firme con avanzada para producir efectos de título de crédito. No querrás descubrir, a media ejecución, que la firma de tus pagarés era simple disfrazada.

En resumen

No se trata de que la firma simple sea mala, sirve, y mucho. Se trata de que sepas exactamente qué estás usando y de que nadie te venda liebre por gato. La defensa contra el gato por liebre no es desconfiar de todo: es hacer cinco preguntas y verificar una lista pública. Cinco minutos hoy te ahorran una sorpresa en juicio mañana.

Si un proveedor es transparente con qué firma ofrece y por qué, te lo va a contestar sin rodeos. Si no… ahí tienes tu respuesta.

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Pasa más seguido de lo que nos gustaría. Una empresa busca digitalizar sus procesos, elige un proveedor de firma electrónica y hace la pregunta de rigor: “¿Esto cumple con la NOM-151?”.

La respuesta del proveedor suele ser rápida y sonar muy técnica:

• “Usamos RFC 3161 (el estándar internacional)”.
• “Nuestros sellos de tiempo son legales en todo el mundo”.
• “Somos una autoridad de certificación reconocida en el extranjero”.

Suena bien, ¿cierto? El problema es que, en el mundo legal mexicano, el “casi lo mismo” no sirve cuando tienes al SAT o a un juez enfrente.

El error de confundir el sello con la constancia

Hay una confusión técnica de base que muchos proveedores aprovechan. Es cierto que la NOM-151 utiliza sellos de tiempo (timestamps) basados en el estándar RFC 3161. Sin embargo, tener el sello no significa tener la NOM.

Es como decir que, porque un coche tiene llantas, automáticamente es un Fórmula 1. La NOM-151 no es solo un “sello”; es una Constancia de Conservación de Mensajes de Datos emitida por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) acreditado ante la Secretaría de Economía en México. 

Si quieres entender a fondo qué es y cómo funciona la NOM-151, este es un muy buen artículo.”

La trampa del “Reconocimiento Internacional”

Aquí es donde el argumento se vuelve engañoso. Muchos proveedores dicen: “El Código de Comercio reconoce las firmas extranjeras, así que nuestra solución es válida”.

Ojo aquí: El Código de Comercio (artículo 114) efectivamente permite que una firma electrónica del extranjero sea válida en México si es equivalente. Pero —y este es un “pero” gigante— eso no aplica para la NOM-151.

No existe en la ley mexicana un reconocimiento automático para constancias de conservación emitidas fuera del país. La NOM-151 es una norma oficial mexicana y, por definición, debe ser operada por un PSC bajo la vigilancia de autoridades mexicanas. Si tu “constancia” viene de una entidad en Europa o EE. UU., legalmente no tienes una NOM-151; tienes un timestamp que tendrás que pelear para que te lo reconozcan.

¿Dónde truena la burbuja?

El software nunca te va a dar un error por esto. Los PDFs se van a ver perfectos y las firmas se van a estampar sin problema. El problema aparece cuando necesitas usar el documento como prueba:

1. En un juicio: Sin NOM-151, la carga de la prueba cambia. En lugar de que el documento se presuma íntegro, tú tienes que demostrar y pagar peritajes para probar que nadie lo alteró desde que se firmó. Vas cuesta arriba.
2. Ante el SAT: Para temas de “Fecha Cierta”, la autoridad fiscal es sumamente estricta. Si tu soporte de integridad no cumple con el estándar local, podrías tener problemas para deducir operaciones o demostrar la materialidad de tus contratos.

Menos explicaciones, más cumplimiento

La diferencia real no está en la tecnología (el algoritmo de hashing suele ser el mismo), sino en el respaldo legal.

Cuando usas una solución que no es nativa para el marco legal mexicano, te toca a ti (y a tus abogados) explicarle al juez por qué ese sello extranjero “debería valer”. Cuando cumples con la NOM-151 de origen, no tienes que explicar nada: presentas la constancia del PSC y listo.

En Mifiel todos los documentos firmados incluyen, por defecto, su constancia de conservación emitida por un PSC autorizado en México. 

La moraleja es simple: Si te dicen que es “equivalente” a la NOM-151, probablemente es porque no la tienen. Y en un juzgado, las equivalencias salen caras.

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En la práctica judicial, los pagarés electrónicos no suelen ser rechazados.

Sin embargo, sí es común que los jueces prevengan.

En muchos casos, estas prevenciones no se deben a un problema con la validez del pagaré, sino a algo más simple:
la demanda no explicó correctamente cómo funciona el documento electrónico.

Este artículo resume cómo contestar esas prevenciones y, más importante aún, cómo evitarlas desde el inicio.

1. La mayoría de las prevenciones se pueden evitar

Antes de entrar a cómo contestarlas, es importante entender esto:

Muchas prevenciones no surgen por duda jurídica, sino por falta de claridad en la demanda.

Cuando el escrito inicial no deja claro:

• dónde está el documento original
• cómo se firmó
• cómo se puede verificar

el juez se ve obligado a prevenir.

En otras palabras:
la prevención suele ser un problema de narrativa, no de tecnología.

2. No expliques “el sistema”: explica el documento

Un error frecuente es intentar describir toda la tecnología detrás del pagaré.

El juez no necesita saber:

• cómo funciona la infraestructura
• cómo se almacena internamente la información

Lo que sí necesita:

• dónde está el documento
• qué contiene
• cómo se verifica

Regla práctica:
el sistema de información se menciona solo como el entorno donde existe el documento electrónico.

3. Identifica correctamente el documento original

Una prevención típica es:

“Señale en qué sistema se encuentra el documento electrónico original”

Aquí es donde muchos escritos fallan.

Debes explicar que el documento original es el mensaje de datos que contiene el pagaré firmado electrónicamente, el cual se encuentra dentro del sistema en el que fue generado y puede ser consultado y verificado.

• En algunos sistemas, este mensaje de datos se encuentra en un archivo estructurado (por ejemplo, en el caso de Mifiel, en formato XML).
• Lo importante no es el formato, sino que contiene el documento, las firmas y los elementos de verificación.

4. Distingue entre documento original y representaciones

Otra prevención común:

“Precise las representaciones materiales”

Aquí debes separar claramente:

• Documento electrónico original → mensaje de datos
• Representación gráfica → archivo visual (PDF u otro formato)
• Representación física → impresión

Y explicar que:

• la representación gráfica deriva del mensaje de datos
• la impresión deriva de esa representación
• ambas reflejan el mismo contenido

5. Describe el consentimiento como un proceso

Cuando el juez pide:

“Explique cómo se otorgó el consentimiento”

No basta con afirmar que se firmó electrónicamente.

Debes narrar el proceso:

1. El documento se pone a disposición del firmante
2. El firmante accede al sistema
3. Se identifica mediante los mecanismos disponibles
4. Ejecuta la firma electrónica
5. El sistema registra el acto

Esto permite reconstruir jurídicamente la voluntad.

6. Explica la evidencia técnica desde el documento, no desde la plataforma

Otra prevención común:

“Explique cómo se obtuvo la evidencia criptográfica”

La respuesta no está en la plataforma, sino en el documento.

Debes señalar que:

• los elementos técnicos (firmas, certificados, sellos, etc.)
• se encuentran contenidos dentro del mensaje de datos
• y pueden ser verificados mediante herramientas disponibles

7. Usa NOM-151 como refuerzo

La NOM-151 es útil, pero no sustituye la explicación del documento.

Debe utilizarse para reforzar:

• conservación
• fecha cierta
• no alteración (integridad)

No como argumento principal.

8. Qué NO debes hacer

Evita:

• Tratar la representación gráfica como documento original
• Explicar la arquitectura técnica del sistema
• Usar términos tecnológicos sin conexión jurídica
• Omitir la explicación del proceso de firma
• Mencionar NOM-151 sin contexto

9. Regla práctica

Si tu demanda no permite responder claramente estas preguntas, será prevenida:

• ¿Dónde está el documento original?
• ¿Cómo sé quién firmó?
• ¿Cómo verifico que no fue alterado?
• ¿Por qué esto equivale a un documento en papel?

Conclusión

Las prevenciones en pagarés electrónicos no reflejan rechazo al modelo digital.

Reflejan una transición:
los tribunales están exigiendo explicaciones más claras sobre documentos electrónicos.

La clave no es explicar más tecnología, sino explicar mejor la relación entre:

documento electrónico → firma → representación → prueba

Cuando esa relación está clara desde la demanda, muchas prevenciones simplemente desaparecen.

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Una de las dudas más comunes cuando alguien evalúa implementar firma electrónica en México es esta:

“¿Necesito NOM-151 para que mi firma sea válida?”

La respuesta corta es: no.
Y asumir que sí es uno de los errores más comunes al diseñar soluciones de firma electrónica en México.

Entender por qué es clave para construir una implementación sólida.

1. ¿Qué es la NOM-151 realmente?

La NOM-151 es una norma que regula la conservación de mensajes de datos.

En términos simples, sirve para:

• Garantizar que un documento no ha sido alterado a partir del momento de la emisión de la constancia.
• Proporcionar una fecha cierta

Es decir: protege la integridad del documento, no el proceso de firma.

Si quieres entenderla a detalle, puedes ver esta explicación completa:
https://blog.mifiel.com/nom-151/

2. Entonces… ¿la NOM-151 valida una firma electrónica?

No.

La NOM-151 no valida, no certifica y no “legaliza” una firma electrónica.

Esto significa que:

• No importa si tienes NOM-151
• Si tu proceso de firma está mal implementado, sigue siendo débil legalmente

3. ¿Qué hace válida una firma electrónica en México?

La validez de una firma electrónica depende de que cumpla con el Código de Comercio (principalmente artículos 89 al 97).

En la práctica, necesitas poder demostrar:

• Quién firmó (identidad)
• Que la persona aceptó el contenido (consentimiento)
• Que el documento no fue alterado después (integridad)
• Evidencia del proceso (trazabilidad)

Si quieres profundizar en cómo diseñar y verificar esta evidencia, puedes ver este artículo:
https://blog.mifiel.com/diseno-tecnico-verificacion-evidencia-digital/

Esto es completamente independiente de la NOM-151.

4. Entonces, ¿para qué sirve la NOM-151?

La NOM-151 entra después de la firma.

Su función es “sellar” el documento para probar que no ha cambiado desde cierto momento en el tiempo.

Piensa en esto como:

• Firma electrónica → crea el acuerdo
• NOM-151 → protege el documento en el tiempo

5. Un error común (muy importante)

Error común:
“Si tengo NOM-151, mi firma ya es válida”

Realidad:
La NOM-151 no valida la firma.
Solo certifica que el documento se ha mantenido íntegro en el tiempo.

Y hay un riesgo importante:

• Si el proceso de firma es débil
• Y lo “certificas” con NOM-151

Estás congelando un documento con evidencia deficiente.

6. ¿Qué tipos de firma puedes implementar?

Existen distintos mecanismos para manifestar voluntad en un entorno digital:

• Firma electrónica simple (ej. clic, OTP)
• Firma autógrafa en pantalla (dedo o stylus)
• Firma electrónica avanzada (certificados digitales)

Cada uno tiene distinto peso probatorio, pero ninguno depende de la NOM-151 para ser válido.

Puedes ver una comparación completa aquí:
https://blog.mifiel.com/comparacion-tipos-de-firmas/

7. Entonces, ¿qué deberías implementar?

Si estás digitalizando procesos, lo correcto es pensar en capas:

1. Proceso de firma sólido
   • Identidad
   • Consentimiento
   • Evidencia y trazabilidad

2. NOM-151
   • Conservación
   • Integridad a largo plazo
   • Fecha cierta

8. Resumen

La firma electrónica da validez legal.
La NOM-151 da integridad y fecha cierta.

Son complementarias, no equivalentes.

9. La pregunta correcta

Cuando se evalúa una implementación de firma electrónica, la conversación suele empezar con:

“¿Necesito NOM-151?”

Pero esa no es la pregunta más importante.

Primero hay que resolver:

• ¿Cómo se está capturando la identidad del firmante?
• ¿Cómo se demuestra el consentimiento?
• ¿Qué evidencia se genera del proceso?

Solo después tiene sentido preguntarse:

• ¿Cómo se van a conservar esos documentos en el tiempo?

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En el litigio de documentos electrónicos en México, existe una realidad incómoda: muchos de los juicios no se pierden por una falla en la tecnología, sino porque el proceso real de la empresa no coincide con lo que el abogado escribió en el contrato.

En muchas organizaciones, la gestión contractual vive en silos:

• Área Corporativa: Redacta los contratos y define el “deber ser”.
• Área Operativa: Ejecuta la firma y prioriza la eficiencia.
• Área de Litigio: Defiende el documento cuando surge el conflicto.

El problema no es la especialización, sino la desconexión. En firma electrónica, esta brecha se convierte en una vulnerabilidad procesal explotable por la contraparte.

El punto ciego: Cuando la cláusula técnica supera la realidad operativa

Un abogado corporativo puede diseñar una cláusula técnicamente impecable, detallando pasos que parecen dar seguridad: el uso de un token específico, el envío a un correo institucional registrado o un flujo de autenticación multifactor (SMS).

Sobre el papel, el esquema es sólido. Sin embargo, en la práctica operativa diaria, suelen ocurrir desviaciones por urgencia o flexibilidad:

• Se usa un correo distinto al previsto.
• Se reenvía un flujo para que un apoderado firme desde otro dispositivo.
• Se omite un paso de validación que el contrato declaraba como “esencial”.

Regla de oro en litigio: Mientras más detallada sea la descripción técnica en el contrato, mayor es la superficie de exposición ante una impugnación. Si describes el sistema, estás fijando una obligación rígida de cumplimiento.

Consecuencias procesales: La desviación como argumento de la contraparte

Para invalidar un documento electrónico, el litigante contrario no siempre necesita demostrar que la firma es falsa. Le basta con señalar la falta de fiabilidad del método (fundamentado en el artículo 97 del Código de Comercio).

Su argumento en juicio será simple pero letal:

“Su Señoría, el contrato establecía un procedimiento específico de firma. La empresa actora no siguió su propio procedimiento. Por lo tanto, no hay certeza de que el método sea fiable ni de que la firma sea atribuible a mi representado.”

Aunque la desviación sea mínima y la firma sea técnicamente íntegra, has abierto una discusión innecesaria sobre la atribución. La inconsistencia entre lo que el contrato promete y lo que la operación ejecuta rompe la presunción de certeza.

La Solución: Neutralidad Tecnológica y Alineación Legal

La solución no es la vaguedad, sino redactar cláusulas que prioricen el resultado legal sobre el paso técnico. El objetivo es que el contrato sea un escudo, no una trampa procesal.

Una cláusula resiliente debe ser lo suficientemente robusta para el litigante y lo suficientemente flexible para el operador.

El Modelo de Cláusula Recomendado

Para evitar que una actualización tecnológica o un cambio operativo invaliden tu evidencia, sugerimos una redacción basada en estándares legales:

“Las Partes acuerdan que el presente Contrato podrá suscribirse mediante (i) Firma Electrónica o (ii) Firma Electrónica Avanzada, según el método que efectivamente se utilice al momento de la firma y que resulte identificable en el documento firmado. En ningún caso se negarán efectos jurídicos o valor probatorio al Contrato por el solo hecho de constar como mensaje de datos.

El documento firmado y la evidencia asociada serán conservados de manera que se asegure su integridad y conservación; las Partes acuerdan que, cuando se emita constancia de conservación conforme a la NOM-151-SCFI-2016, ésta será medio idóneo para acreditar la integridad del documento.”

¿Por qué funciona esta redacción?

1. Flexibilidad operativa: No te obliga a un flujo de clics específico, permitiendo que la tecnología evolucione sin necesidad de adendas.
2. Carga probatoria simplificada: Traslada la prueba de integridad a la NOM-151, un estándar técnico que los tribunales mexicanos ya reconocen plenamente.
3. Prevención de litigio: Cierra la puerta a impugnaciones basadas en formalismos operativos irrelevantes.

Conclusión: La coordinación es seguridad jurídica

En Mifiel, entendemos que la firma electrónica no es solo un activo tecnológico, es un activo probatorio. La coordinación entre las áreas corporativas, operativas y de litigio es la base de una estrategia legal exitosa.

Si tu contrato describe un ideal, pero tu operación ejecuta una versión flexible, estás documentando tu propia inconsistencia. Estandariza tu proceso de firma para que tu evidencia hable por sí misma en juicio.

¿Tu equipo de litigio está listo para defender tus firmas electrónicas? 

Explora nuestra sección de Litigio

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En litigio mercantil con evidencia electrónica, el problema rara vez es “si existe la NOM-151”. El problema es qué hacen los jueces con ella, y cuándo.

La tesis 2031573 intenta corregir una práctica cada vez más común: juzgados que, en el auto inicial, pretenden “verificar” si un documento digital cumple NOM-151 con una simple lectura del archivo, y en función de eso previenen o incluso desechan la demanda.

La razón de decidir (ratio decidendi) del criterio es clara: el juez no puede verificar técnicamente el cumplimiento de la NOM-151 por inspección ocular en el auto inicial. Si existe controversia, es técnica, y su cauce natural es la contradicción probatoria, típicamente con pericial.

Hasta ahí, bien.

El problema es que, al explicar la NOM-151 y su relación con el Código de Comercio, el criterio también incurre en dos errores que conviene neutralizar antes de que se vuelvan “verdades de pasillo”:

1. al igual que esta otra tesis, mete FEA donde no va, y
2. describe mal el modelo de conservación: sugiere que el PSC “almacena” el mensaje bajo su control y que de ahí se desprende la “ulterior consulta”.

Este artículo separa lo rescatable de lo peligroso y propone una lectura jurídicamente limpia: NOM-151 sirve para integridad/fecha; la ulterior consulta depende del repositorio real del Mensaje de Datos (plataforma, sistema de firma o el propio soporte del mensaje, como el XML de un CFDI).

1) El acierto central: NOM-151 no se “verifica” a ojo (y menos en el auto inicial)

La NOM-151 no es un checklist visual. Es un esquema técnico basado en huellas digitales (hash) y sellos de tiempo. Su verificación, por definición, es técnica.

Por eso, la razón de decidir (ratio decidendi) de la tesis es útil: en el auto inicial el juez no está en posición de decidir “cumple/no cumple NOM-151” leyendo archivos. Si la parte actora exhibe documentos digitales con sus anexos, y la demandada pretende desconocer su integridad, fecha, correspondencia o autenticidad técnica, lo correcto es que esa discusión se tramite donde corresponde: en prueba, no como filtro de admisión.

Esta sola idea corrige un daño procesal frecuente: demandas desechadas por intuición tecnológica disfrazada de control judicial.

2) Si la actora exhibe constancia, el juez no valida: la controversia la activa la demandada

Una derivación práctica de lo anterior es simple:

• La actora puede exhibir el documento digital y, si cuenta con constancia NOM-151, acompañarla como soporte de integridad/fecha.
• El juez, en el auto inicial, no debe “validar” técnicamente esa constancia.
• Si la demandada considera que el documento está alterado, no corresponde o no pasó una verificación, debe objetar y llevar la discusión a pericial.

Esto no es un privilegio: es la ubicación correcta de una controversia técnica. Lo contrario —que el juez “decida NOM-151” en la puerta del juicio— convierte el auto inicial en un pseudo-laboratorio forense sin herramientas ni contradicción.

3) Primer error: la insistencia en FEA como requisito general

El criterio (como otros recientes) incurre en un vicio que ya es patrón: convertir la Firma Electrónica Avanzada (FEA) en requisito general, como si fuera el único modo de firmar electrónicamente con efectos jurídicos.

Eso es un error por dos razones:

• Normativa: el Código de Comercio reconoce efectos jurídicos a los mensajes de datos y a las firmas electrónicas sin exigir que toda firma sea avanzada. La pregunta jurídica no es “¿es FEA?”, sino “¿el método es atribuible/fiable para el caso?”.
• Conceptual: la FEA sirve para atribución (quién firmó) bajo un modelo específico; pero NOM-151 regula integridad y fecha, no identidad ni voluntad.

Cuando un tribunal mete FEA dentro de NOM-151, normalmente está repitiendo la confusión de siempre: querer resolver atribución con una herramienta de integridad.

4) Segundo error (más grave): afirmar que el PSC debe recibir/custodiar el Mensaje de Datos

Aquí está el punto neurálgico.

Algunas resoluciones sostienen —o dejan entrever— que la conservación de mensajes de datos puede hacerse “a través” de un Prestador de Servicios de Certificación (PSC), y que eso permitiría “ulterior consulta” porque el PSC tendría el documento bajo su control.

Ese mapa es incorrecto. Y no es una cuestión de interpretación: la NOM-151 lo niega expresamente.

Lo que dice realmente la NOM-151 (Apéndice A)

La NOM establece que para generar una constancia de conservación:

• la solicitud se forma conforme a RFC 3161, en formato ASN.1;
• se utiliza la huella digital electrónica del Mensaje de Datos;
• y la regla decisiva: al PSC no hay que darle el Mensaje de Datos: 

“A.2.4  En todo momento, el interesado deberá mantener el control sobre el mensaje de datos por lo que el Prestador de Servicios de Certificación únicamente recibirá la huella digital electrónica del mensaje de datos.” – Apéndice A de la NOM – 151

La NOM es explícita: el interesado mantiene en todo momento el control sobre el mensaje, y el PSC únicamente recibe la huella.

Esto cambia por completo la lógica probatoria:

• Si el PSC no recibe el Mensaje de Datos, entonces la constancia NOM-151 no presupone custodia del documento por el PSC.
• Y si no hay custodia, la “ulterior consulta” no puede derivarse de que el PSC “lo tenga”.

Dicho sin rodeos: NOM-151 no es almacenamiento del mensaje; es prueba de integridad/fecha sin transferir el mensaje.

5) Artículos 93 y 49 del Código de Comercio: integridad y ulterior consulta son requisitos distintos

El punto fino —y el que la tesis desdibuja— es que el Código de Comercio no habla de un solo requisito, sino de dos condiciones acumulativas cuando se trata de Mensajes de Datos:

1. integridad del contenido, y
2. accesibilidad para su ulterior consulta.

El artículo 93 lo plantea como regla de equivalencia funcional: cuando la ley exige forma escrita, se tiene por cumplida en Mensaje de Datos siempre que la información “se mantenga íntegra” y “sea accesible para su ulterior consulta”, sin importar el formato. Y si además se exige firma, ese requisito se cumple cuando el Mensaje de Datos sea atribuible a las partes.

El artículo 49 repite el mismo binomio en materia de conservación: para efectos de conservar o presentar “originales” en Mensajes de Datos, exige que la información se haya mantenido “íntegra e inalterada” desde su generación definitiva y que “sea accesible para su ulterior consulta”. Y añade un mandato normativo clave: la Secretaría de Economía emitirá la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos que deberán observarse para la conservación de mensajes de datos.

De ahí se desprende una lectura limpia (y operativa) que evita la confusión:

• La accesibilidad (“ulterior consulta”) es un requisito legal del Código, no una prestación que nazca mágicamente de la constancia.
• La NOM existe “para la conservación”, es decir, para fijar el estándar técnico con el que se acredita integridad/fecha.
• Pero como el Apéndice A de la NOM-151 ordena que el PSC reciba solo la huella y que el interesado mantenga el control del Mensaje de Datos, la constancia no presupone custodia del contenido por el PSC y, por tanto, no puede ser el fundamento de la ulterior consulta.

Por eso, en litigio conviene separar capas:

• Integridad/fecha → se robustece con NOM-151 (huella + sello de tiempo).
• Ulterior consulta → se acredita desde el repositorio real del mensaje: la plataforma donde se generó y firmó, el archivo original conservado por el interesado, o el propio soporte autocontenible del Mensaje de Datos (por ejemplo, el XML de un CFDI) y su conservación.

6) Qué sí prueba NOM-151 y qué no (para litigar sin confusiones)

Conviene decirlo de manera frontal, porque muchas prevenciones nacen de no separar capas:

NOM-151 ayuda a probar:

• Integridad del contenido respecto de un momento verificable.
• Fecha (vía sello de tiempo) asociada a la huella.

NOM-151 no prueba por sí sola:

• Atribución (quién firmó).
• Voluntad (consentimiento).
• Accesibilidad (ulterior consulta) del mensaje, porque la NOM no implica custodia del contenido por el PSC.

7) Uso litigioso correcto: invoca la razón de decidir (ratio decidendi), pero cuidado con la letra chiquita

Esta tesis es útil, pero viene con letra chiquita. Si la citas sin filtrar, corres el riesgo de importar al expediente dos ideas equivocadas (FEA como requisito general y PSC como custodio del Mensaje de Datos).

La forma correcta de usarla es quirúrgica: toma lo bueno y descarta lo venenoso.

1. Invoca la razón de decidir (ratio decidendi): en el auto inicial el juez no puede “verificar” NOM-151 por lectura visual; si hay controversia técnica, debe tramitarse con prueba (y, si hace falta, pericial).
   
2. Aclara el mapa técnico real: la NOM-151 no presupone que el PSC reciba o custodie el Mensaje de Datos; el PSC recibe solo la huella y el control del mensaje permanece en el interesado.
   
3. Amarra con 49 y 93: la ley exige integridad y ulterior consulta; NOM-151 robustece la integridad/fecha, pero la accesibilidad se acredita desde el repositorio real del mensaje (plataforma o soporte del propio Mensaje de Datos).
   

En resumen: cítala por lo que resuelve, no por todo lo que opina.

Conclusión

La tesis aporta algo valioso: frena el impulso de convertir el auto inicial en un examen improvisado de criptografía.

Pero su explicación sobre conservación y “ulterior consulta” puede inducir un error práctico serio: creer que la NOM-151 implica que el PSC guarda el Mensaje de Datos y por eso “se puede consultar después”.

La lectura correcta es otra:

• El Código de Comercio (arts. 49 y 93) exige integridad y accesibilidad.
• La NOM-151 aporta un estándar técnico para acreditar integridad/fecha, sin transferir el contenido al PSC.
• La “ulterior consulta” se prueba por el lugar donde el Mensaje de Datos existe y se conserva: la plataforma, el sistema de firma, o el propio soporte del mensaje (por ejemplo, el XML).

NOM-151 no es almacenamiento. Es el ancla criptográfica que te permite decir: “esto existía así, desde entonces”. La consulta ulterior vive en el repositorio; la integridad vive en la constancia.

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Por Mifiel, con la colaboración de Lic. Jorge Gabriel Ruiz Cortés
Facilitador Certificado #187 en el Estado de Jalisco, Director del Centro Privado de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos #96, con 10 años de experiencia de atender casos de mediación y conciliación en temas Financieros para SOFOMES y Arrendadoras.

Introducción: el incumplimiento no es una falla operativa, es un escenario de riesgo

En las SOFOMES y arrendadoras, el incumplimiento de un crédito no debería entenderse como una anomalía, sino como uno de los escenarios naturales del negocio financiero. Aun con análisis de riesgo, garantías y estructuras contractuales sólidas, algunos créditos fallan.

La diferencia entre una institución financiera madura y una vulnerable no está en evitar por completo el incumplimiento, sino en cómo está diseñado el crédito para cuando ese incumplimiento ocurra.

Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de forma preventiva (en Adelante le nombraremos “Mediación Financiera”) en el sector financiero no nace para negociar mejor ni para sustituir la cobranza o el litigio. Nace como una herramienta de diseño del crédito, que permite anticipar el conflicto y definir desde el inicio cómo se resolverá, con qué reglas y con qué consecuencias jurídicas.

Qué es la Mediación Financiera Preventiva

La mediación financiera preventiva es un mecanismo legal que permite a una financiera y a su cliente pactar desde la originación del crédito cómo se atenderán los conflictos futuros derivados de ese financiamiento con un convenio preventivo anexo a al contrato de Arrendamiento o Crédito.

No es un proceso reactivo ni una respuesta al incumplimiento. Es un elemento que se integra al contrato, al pagaré y a la estructura de garantías como parte del modelo de riesgo.

En términos prácticos, la mediación financiera preventiva permite:

• Definir por adelantado el procedimiento para resolver un conflicto.
• Establecer consecuencias claras y ejecutables ante el incumplimiento.
• Evitar que el conflicto se vuelva incierto o dependa de interpretaciones posteriores.

El papel del mediador y de los Centros Públicos de los Estados

El mediador (Ahora Facilitador) es un tercero neutral certificado por un Instituto de Justicia Alternativa ahora Centro Público de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Estado de Jalisco, organismo público vinculado al poder judicial. Su función no es decidir quién tiene razón ni negociar por las partes.

Su papel es:

• Conducir un procedimiento previamente pactado.
• Verificar que las partes comprendan el alcance del acuerdo.
• Validar que el convenio cumpla con los requisitos legales para su registro.

Los Centros Públicos de Justicia Alternativa supervisan estos procedimientos y otorgan el marco jurídico para que los convenios derivados de la mediación puedan registrarse y adquirir fuerza ejecutiva.

Qué significa que la mediación tenga fuerza jurídica

En el sistema judicial tradicional, la ejecución es el último paso de un proceso largo. Primero se discute el fondo del conflicto y, sólo después, se ejecuta.

La mediación financiera preventiva invierte esa lógica. Al estar prevista desde la originación del crédito, el conflicto ya tiene una salida definida.

Cuando un convenio de mediación se celebra conforme a la ley y se registra ante la autoridad correspondiente, adquiere fuerza de sentencia firme. Esto significa que:

• Si el cliente cumple, el crédito se normaliza sin juicio.
• Si el cliente incumple, la financiera puede solicitar directamente la ejecución del convenio.

No se vuelve a discutir el fondo del asunto. El juez actúa únicamente para ejecutar lo ya pactado no habiendo controversia alguna más que la de pago. 

Mediación como control de riesgo, no como negociación

Uno de los errores más comunes al hablar de mediación financiera es asociarla exclusivamente con negociación o conciliación.

En realidad, su función principal no es negociar, sino reducir incertidumbre. La mediación financiera preventiva:

• No depende de la buena voluntad futura del cliente.
• No improvisa soluciones cuando el crédito ya está deteriorado.
• No sustituye al litigio, sino que define desde el inicio cuándo y cómo se llega a la ejecución.

En este sentido, la mediación se parece más a un Mecanismo de Cobertura Financiera que a una herramienta de cobranza.

En qué tipos de crédito la mediación agrega mayor valor

La mediación financiera preventiva resulta especialmente útil en créditos donde el valor depende del tiempo, de la continuidad del negocio o de la correcta administración de activos.

Por ejemplo:

• Arrendamientos financieros u operativos, donde la recuperación ordenada del bien es clave.
• Créditos empresariales, que pueden requerir ajustes de flujo sin destruir la operación.
• Estructuras fiduciarias de garantía, donde la ejecución puede acelerarse si está bien diseñada.

En estos casos, la mediación permite que el incumplimiento no se traduzca automáticamente en pérdida de valor.

Cuándo la mediación no es la herramienta adecuada

La mediación no debe utilizarse de forma indiscriminada. Hay escenarios donde el litigio directo sigue siendo la opción más eficiente.

Por ejemplo:

• Cuando existe fraude, simulación u ocultamiento de activos.
• Cuando la garantía es clara, suficiente y el proceso judicial es altamente estandarizado.

En estos casos, la acción judicial inmediata protege mejor el crédito. Diseñar mediación no implica renunciar al litigio, sino elegir conscientemente cuándo usar cada herramienta.

Conclusión: diseñar el crédito para el peor escenario

La mediación financiera no existe para negociar mejor ni para evitar conflictos. Existe para anticiparlos.

“La mediación financiera no sirve para negociar mejor, sino para diseñar el crédito para el peor escenario y reducir incertidumbre desde el inicio”, explica Gabriel Ruiz Cortés, mediador certificado en el Estado de Jalisco.

Integrada desde la originación, permite que el crédito tenga un camino claro incluso cuando falla. Reduce la incertidumbre, acelera la ejecución y convierte el incumplimiento en un evento controlado.

En un entorno financiero cada vez más competitivo, la verdadera ventaja no está en litigar más rápido, sino en diseñar créditos que sepan exactamente qué hacer cuando algo sale mal.

Sobre el Facilitador de Métodos Alternativos

Lic. Jorge Gabriel Ruiz Cortés es facilitador de métodos alternativos de solución de conflictos certificado en el Estado de Jalisco, con amplia experiencia en la implementación de mediación preventiva en SOFOMES, arrendadoras y estructuras fiduciarias. Ha participado en miles de convenios de mediación con fuerza ejecutiva, enfocados en el diseño del crédito, control del riesgo y ejecución eficiente en caso de incumplimiento.

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En sistemas que manejan documentos electrónicos y firmas digitales, el foco suele estar en que el flujo funcione correctamente: que el usuario firme, que el documento se genere, que el sistema responda.

Desde un punto de vista técnico, eso puede ser suficiente para operar.
Desde un punto de vista probatorio, no lo es.

Muchos problemas legales con documentos electrónicos no surgen por fallas criptográficas ni por ausencia de regulación, sino porque el sistema no fue diseñado pensando en cómo se va a verificar la evidencia años después, fuera del propio sistema.

Este texto aborda ese problema desde una perspectiva técnica. Para una visión general del fenómeno desde el punto de vista jurídico, ver Evidencia digital en juicio: por qué la verificabilidad es fundamental.

Operar no es verificar

Un error común en el diseño de sistemas de firma o conservación es asumir que:

si el sistema puede explicar lo que hizo, entonces el hecho es demostrable.

En la práctica judicial, esto no funciona así.

• Los logs no son prueba.
• Las explicaciones técnicas no son evidencia.
• Los diagramas de arquitectura no sustituyen la verificación.

En un juicio, el sistema no habla.
Habla la evidencia que puede verificarse de manera objetiva e independiente.

Esta diferencia entre operación y prueba es uno de los ejes que explican por qué muchos sistemas fallan cuando llegan a un tribunal, aun cuando funcionen correctamente en producción.

El error técnico más común: firmas que solo el sistema puede “entender”

Hemos visto múltiples casos donde una plataforma implementa correctamente criptografía, pero:

• encapsula firmas en estructuras que requieren conocimiento interno para interpretarse,
• genera artefactos cuya verificación no es evidente fuera del sistema,
• o produce resultados que solo pueden explicarse con ayuda del equipo técnico.

Técnicamente, la firma puede ser correcta.
Probatoriamente, el sistema queda cerrado sobre sí mismo.

Cuando la única forma de verificar una firma es:

• un servicio interno no auditable,
• una herramienta cuya lógica de verificación no puede reproducirse de forma independiente,
• o una explicación posterior del equipo técnico,

el sistema introduce un punto único de confianza que resulta problemático en juicio.

El problema no es que una herramienta sea operada por el proveedor, sino que la verificación dependa de confiar en ese proveedor, en lugar de poder reproducirse y validarse con criterios objetivos.

Cuando la verificación falla fuera de la plataforma

Un patrón que se repite es el siguiente:

• el documento “está firmado” según la plataforma,
• el certificado existe,
• el flujo interno fue exitoso,

pero al intentar verificar el documento fuera del sistema:

• la validación no es directa,
• requiere pasos no documentados,
• o produce resultados ambiguos.

Esto no significa necesariamente que la firma sea inválida.
Significa algo más relevante: la verificación no es evidente ni accesible para terceros.

Desde una perspectiva judicial, esto es crítico.
El juez no va a reconstruir el sistema del proveedor ni aceptar que “así funciona”.

Este mismo patrón aparece en otros contextos tecnológicos, como se explica en Transferencias no autorizadas: bancos pierden juicios.

La constancia y el certificado no se explican: se verifican

Otro error técnico frecuente es tratar la constancia de conservación o el certificado como si fueran documentos explicativos (por ejemplo, PDFs “aclaratorios”).

En realidad:

• una constancia de conservación es una estructura criptográfica,
• un certificado de firma electrónica es un objeto verificable,

y la evidencia de su validez no está en un texto, sino en el resultado de su verificación:

• integridad del contenido,
• validez de la firma,
• cadena de confianza,
• algoritmos utilizados.

Para saber que una constancia o un certificado provienen de un Prestador de Servicios de Certificación autorizado no se requiere un documento adicional.
Se requiere verificarlos correctamente.

Cuando un sistema necesita “explicar” esto con papeles, correos o informes, el problema ya no es jurídico: es de diseño.

El rol crítico de las herramientas de verificación

Desde el punto de vista técnico, una herramienta de verificación no es un accesorio.
Es parte esencial del sistema.

Una plataforma que genera documentos firmados debería asumir que:

• el documento va a salir del sistema,
• será analizado por terceros,
• posiblemente años después,
• en un entorno adversarial (un juicio).

Lo relevante no es quién hospeda la herramienta, sino que:

• la verificación sea determinística,
• el resultado pueda reproducirse,
• no dependa de información privada del proveedor,
• y pueda validarse con criterios técnicos objetivos.

En el caso de Mifiel, la verificación pública de documentos XML está disponible en:

? https://app.mifiel.com/verify-xml

Este tipo de herramientas evita que la prueba dependa de explicaciones técnicas posteriores y permite que la evidencia hable por sí misma.

Diseñar para juicio, no solo para producción

Muchos sistemas digitales están bien diseñados para producción, pero no para juicio.

Diseñar para juicio implica hacerse preguntas incómodas desde el inicio:

• ¿puede un tercero verificar este documento sin conocer mi sistema?
• ¿puede hacerlo sin hablar con mi equipo técnico?
• ¿la evidencia sigue siendo verificable dentro de cinco o diez años?

Estas no son preguntas legales tardías.
Son decisiones técnicas tempranas.

La verificación no es un feature, es una propiedad del sistema

Desde el punto de vista técnico, la verificabilidad no es una funcionalidad adicional.
Es una propiedad emergente del diseño.

Cuando un sistema produce evidencia que:

• puede verificarse de forma independiente,
• no depende de la confianza en el proveedor,
• no requiere explicación posterior,

la discusión legal se simplifica.

Cuando no lo hace, el problema no aparece en staging ni en producción. Aparece en juicio.

Este texto es el complemento técnico de una idea más amplia desarrollada en Evidencia digital en juicio: por qué la verificabilidad es fundamental.

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En muchos juicios donde se ofrecen documentos electrónicos como prueba, el debate no gira alrededor de si el documento es legal o válido. Ese punto, en la mayoría de los casos, ya está resuelto por la ley.

El problema aparece en otro lugar: cómo se prueba el documento ante el juez.

En la práctica, hemos visto que muchos documentos electrónicos pierden fuerza probatoria no por fallas técnicas o jurídicas, sino por errores en la forma en que se plantea su acreditación dentro del proceso.

Este problema no es aislado ni exclusivo de los documentos electrónicos. Forma parte de un patrón más amplio que se repite en distintos contextos: los juicios con hechos digitales no se pierden por falta de regulación, sino por fallas en la forma en que se plantea la prueba.
Este fenómeno se analiza desde una perspectiva general en Evidencia digital en juicio: por qué la verificabilidad es fundamental.

Un error frecuente: pedir confirmaciones innecesarias

Es común encontrar escritos donde se solicita que una plataforma, un proveedor o incluso un tercero:

• “confirme” que un documento fue firmado,
• “certifique” que una persona firmó,
• “avale” que un hash es correcto,
• o “ratifique” la existencia de una constancia de conservación.

Este enfoque parte de una premisa equivocada: que la prueba del documento depende de una declaración externa.

Cuando se cuenta con el archivo electrónico original (por ejemplo, el XML), tanto el identificador del documento (hash) como las firmas electrónicas, los certificados utilizados y la constancia de conservación son verificables directamente a partir del propio mensaje de datos.

Pedir confirmaciones adicionales no solo es innecesario; en ciertos escenarios puede incluso debilitar la estrategia probatoria, al desplazar el foco de la verificación objetiva hacia declaraciones.

El documento no se “acredita”: se verifica

Desde una lógica probatoria, el documento electrónico no funciona como el documento en papel.

No se prueba porque alguien diga que existe, sino porque:

• su contenido es íntegro,
• sus firmas son válidas,
• y esos extremos pueden verificarse de forma objetiva y reproducible.

Conceptualmente, es equivalente a tener un objeto físico con número de serie: no se pide al fabricante que “confirme” que el objeto existe; se verifica el propio objeto.

Esta lógica —que atraviesa no solo los documentos electrónicos, sino la prueba digital en general— se desarrolla con mayor profundidad en La evidencia no se declara, se verifica y se contextualiza dentro de una visión más amplia en Evidencia digital en juicio: por qué la verificabilidad es fundamental.

El rol del litigante: instruir al juez

Uno de los puntos más importantes —y más ignorados— en los juicios con documentos electrónicos es el rol del litigante.

El juez:

• no es ingeniero,
• no es criptógrafo,
• no tiene por qué conocer estándares técnicos.

Por ello, no basta con ofrecer el archivo electrónico.

Es indispensable:

• explicar qué se está verificando,
• indicar cómo se realiza la verificación,
• y precisar qué implica jurídicamente el resultado.

En la práctica, esto implica instruir al juez, por ejemplo:

• que el XML puede cargarse en una herramienta de verificación,
• que dicha verificación valida firmas, certificados y constancias,
• y que el resultado acredita integridad, autoría y fecha.

Cuando esta explicación no se hace, el documento queda “opaco” para el juzgador, aun cuando técnicamente sea sólido.

Cuando no hay verificación disponible, el problema es estructural

Aquí aparece un problema serio que suele detectarse demasiado tarde.

Si la plataforma utilizada para firmar o generar documentos:

• no ofrece una herramienta clara de verificación,
• o la verificación solo puede realizarla el propio proveedor,
• o depende de explicaciones técnicas posteriores,

la prueba se vuelve frágil.

En juicio, la evidencia que no puede verificarse de forma independiente se convierte en una narrativa, y las narrativas son fáciles de cuestionar.

Este mismo patrón se observa en otros ámbitos, como en disputas por transferencias electrónicas no autorizadas, donde incluso instituciones con sistemas robustos pierden juicios por no poder acreditar técnicamente la autorización del cliente.
Este fenómeno se analiza en Transferencias no autorizadas: bancos pierden juicios y forma parte del mismo problema estructural descrito en Evidencia digital en juicio: por qué la verificabilidad es fundamental.

La importancia de herramientas de verificación

Por esta razón, no basta con que una plataforma “genere” documentos o firmas.
Es crítico que también permita verificarlos.

En el caso de Mifiel, la herramienta pública para verificar documentos XML está disponible en:

https://app.mifiel.com/verify-xml

Este tipo de herramientas permite:

• reproducir la verificación,
• mostrar resultados claros,
• evitar depender de explicaciones técnicas posteriores.

En la práctica forense, incluso es recomendable:

• tomar capturas de pantalla del proceso de verificación,
• e incorporarlas al expediente,
  para que el juez pueda visualizar gráficamente el resultado.

El problema no aparece el día del juicio

Muchos litigantes se enfrentan a estos problemas cuando el conflicto ya existe. Para entonces, las decisiones relevantes:

• qué plataforma se usó,
• qué formato se generó,
• si existe o no verificación,

ya fueron tomadas.

Por ello, estos temas no son solo procesales; también son preventivos. Elegir herramientas que permitan una verificación clara es parte de la estrategia jurídica, incluso antes de que exista el conflicto.

Una advertencia práctica

En juicios con documentos electrónicos, el problema rara vez es la validez jurídica del documento. El problema es probarlo correctamente.

Si el documento:

• no puede verificarse,
• depende de declaraciones,
• o requiere explicaciones técnicas complejas,

la estrategia probatoria será cuesta arriba.

Este texto debe leerse como una aplicación práctica de una idea más general: en lo digital, la prueba depende de la verificabilidad, no de declaraciones.

Para entender cómo este mismo problema aparece en otros contextos y por qué es relevante incluso antes de que exista un conflicto, puede revisarse Evidencia digital en juicio: por qué la verificabilidad es fundamental.

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Durante décadas, el derecho ha probado hechos a través de documentos y declaraciones. Un contrato firmado, una carta, un certificado o una constancia emitida por un tercero eran —y siguen siendo— la forma natural de acreditar que algo ocurrió.

Sin embargo, cuando entramos al mundo de los documentos electrónicos y los mensajes de datos, esa intuición empieza a fallar.

Cada vez es más común que, frente a un documento electrónico, alguien pregunte:
¿Quién me confirma que esto es válido?
¿Dónde está el certificado que lo avala?
¿Existe un documento adicional que lo respalde?

El problema no es la tecnología. El problema es que seguimos intentando probar lo digital con la lógica del papel.

En los documentos electrónicos, la validez jurídica no depende de declaraciones adicionales, sino de la verificación técnica de la evidencia digital.

Probar en digital no es declarar, es verificar

En el mundo físico, probar algo suele implicar que alguien lo afirme: un notario da fe, una institución certifica, un tercero confirma.

En un sistema digital bien diseñado, nadie “afirma” nada.
El sistema permite verificarlo.

Un mensaje de datos no es auténtico porque alguien diga que lo es, sino porque:

• su integridad puede comprobarse matemáticamente,
• su autoría puede validarse criptográficamente,
• cualquier alteración es detectable.

Por eso, en lo digital, la evidencia no se declara: se verifica.
Esto es especialmente relevante cuando hablamos de firmas electrónicas avanzadas y otros mecanismos previstos en el Código de Comercio.

Por qué la ley confía en lo verificable

Este modelo no es solo técnico; es jurídico.

Precisamente porque un documento electrónico puede verificarse de forma objetiva —sin depender de la palabra de un tercero—, el legislador mexicano le otorgó efectos probatorios particularmente fuertes.

Entre otros:

• Presunción de atribución (artículo 90 del Código de Comercio):
  cuando un mensaje de datos se firma con una firma electrónica avanzada, se presume que proviene del firmante.
• No repudio (artículo 99):
  quien firma electrónicamente no puede desconocer válidamente el mensaje que generó con su certificado.
• Garantía de integridad (artículo 49):
  mientras el mensaje de datos se conserve íntegro, se considera no alterado desde su generación.

Estas presunciones no existen a pesar de que el documento sea digital, sino gracias a que puede verificarse. La fuerza probatoria no proviene de una declaración adicional, sino de propiedades matemáticas.

El error común: pedir declaraciones sobre objetos verificables

Aquí es donde aparece la fricción.

En la práctica, todavía vemos solicitudes como:

• pedir que alguien “confirme” si un hash es correcto,
• pedir un PDF que “avale” una constancia de conservación,
• pedir que una plataforma “certifique” una firma electrónica.

El problema es que todas esas cosas ya se desprenden del propio mensaje de datos.

Un hash no se confirma: se recalcula.
Una firma no se certifica: se valida.
Una constancia no se explica: se verifica.

Cuando se pide una declaración adicional sobre algo que ya es verificable, no se está fortaleciendo la prueba; muchas veces se está introduciendo ruido innecesario.

Por qué no existen los “certificados NOM-151”

Un ejemplo claro de esta confusión es la NOM-151.

La NOM-151 regula la conservación de mensajes de datos y define cómo debe emitirse una constancia de conservación para que sea jurídicamente válida. Establece su estructura, su formato y los elementos que deben poder verificarse.

Lo que no hace es:

• certificar plataformas,
• emitir documentos narrativos,
• generar “constancias explicativas” en PDF.

Por eso:

• las constancias siguen un formato estandarizado,
• los Prestadores de Servicios de Certificación (PSC) entregan constancias prácticamente iguales,
• el formato no es una decisión comercial ni estética.

No existen “certificados NOM-151” porque la evidencia es la constancia misma, firmada criptográficamente y verificable conforme a la regulación.

El rol real de cada actor

Parte de la confusión también viene de no distinguir roles:

• El firmante genera la firma electrónica usando su certificado.
• El PSC emite certificados y, en su caso, constancias firmadas criptográficamente.
• La plataforma orquesta el proceso y conserva los mensajes de datos.

Ninguno de estos actores “certifica” por declaración lo que ya puede verificarse. El sistema está diseñado para que la prueba exista independientemente de lo que cualquiera afirme después.

PDFs y visualizaciones: útiles para personas, irrelevantes para la prueba

Nada de esto significa que los PDFs o reportes no sirvan. Sirven, y mucho, para facilitar la comprensión humana.

Pero es importante entender qué son:

• una capa de presentación,
• un resumen visual,
• una ayuda informativa.

No son la evidencia jurídica.
La evidencia vive en los documentos electrónicos verificables, no en su representación visual.

Cuando pedir más papeles debilita la evidencia

Intuitivamente pensamos que más documentos implican mayor certeza. En el mundo digital, muchas veces ocurre lo contrario.

Pedir cartas, confirmaciones o manifestaciones adicionales puede:

• introducir contradicciones,
• generar interpretaciones innecesarias,
• abrir flancos que no existían.

Cuando la evidencia es verificable, agregar declaraciones puede terminar debilitándola.

El problema aparece el día que tienes que probarlo

Todo lo anterior suele pasar desapercibido mientras “todo va bien”.

El problema aparece cuando un documento firmado electrónicamente tiene que sostenerse en un juicio.

Si la evidencia se prueba mediante verificación, entonces la posibilidad de verificar no es opcional. Es una condición práctica indispensable.

Por eso, al usar una plataforma de firma electrónica, hay una pregunta que conviene hacerse desde el inicio:

¿Esta plataforma me permite verificar, de forma directa e independiente, los documentos electrónicos originales?

Si la respuesta es no, el riesgo no es teórico. Es real.
No el día que firmas, sino el día que tienes que probar.

En Mifiel, por ejemplo, la verificación puede realizarse directamente sobre el archivo original mediante una herramienta pública de validación de XML:
https://app.mifiel.com/verify-xml

Más allá de una plataforma específica, el punto es general: si no puedes verificar tus documentos electrónicos, vas a tener problemas cuando tengas que acreditarlos.

Cambiar la pregunta correcta

Frente a un documento electrónico, la pregunta clave no es:

¿Quién me confirma que esto es válido?

Sino:

¿Puedo verificarlo… cuando lo necesite?

Ese cambio de pregunta es el verdadero salto mental que exige el mundo de los mensajes de datos y la firma electrónica.

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Cada vez más conflictos legales giran alrededor de hechos digitales: documentos electrónicos, firmas, transferencias, sistemas automatizados. La tecnología involucrada suele ser sofisticada, la regulación existe y, en muchos casos, los sistemas funcionan correctamente.

Aun así, muchos de estos conflictos se pierden en juicio.

No porque el acto digital sea inválido.
No porque la ley no lo contemple.
Sino porque el hecho no puede probarse de forma clara y verificable ante un juez.

Este patrón se repite en distintos contextos y sectores. Entenderlo requiere cambiar el enfoque: dejar de pensar solo en cómo operan los sistemas y empezar a pensar en cómo se prueban los hechos digitales en un proceso judicial.

De la operación a la prueba: un salto que muchos sistemas no dan

Un sistema puede estar bien diseñado para operar y, aun así, estar mal diseñado para probar.

En la práctica, muchos sistemas digitales:

• registran eventos,
• generan logs,
• siguen flujos internos complejos,

pero cuando esos eventos llegan a un juicio, lo único disponible es:

• una explicación,
• una narrativa técnica,
• o la palabra de quien administra el sistema.

El problema es que operación no es prueba.

En un juicio, lo relevante no es que el sistema “funcione así”, sino que el hecho concreto pueda acreditarse de forma objetiva, independiente y reproducible.

Cuando la evidencia se puede verificar, la ley confía en ella

El marco jurídico mexicano parte de una idea clara: cuando un hecho digital puede verificarse de manera objetiva, la ley le otorga efectos probatorios fuertes.

Por eso los documentos electrónicos, las firmas electrónicas avanzadas y las constancias de conservación no dependen de declaraciones posteriores para ser válidos. Su fuerza proviene de que:

• pueden verificarse,
• cualquier alteración es detectable,
• no dependen de la palabra de un tercero.

Esta lógica se desarrolla con más detalle en el texto La evidencia no se declara, se verifica donde explicamos por qué en lo digital la prueba no se construye con afirmaciones, sino con verificaciones técnicas.

Documentos electrónicos en juicio: el rol del litigante

Cuando un documento electrónico llega a un tribunal, el problema rara vez es su existencia. El problema es cómo se presenta y cómo se explica.

En la práctica, muchos escritos:

• piden “confirmaciones” innecesarias,
• solicitan que alguien “certifique” lo que ya está en el archivo,
• omiten explicar al juez cómo verificar el documento.

El litigante cumple un rol clave: traducir la evidencia técnica a un lenguaje procesal comprensible, sin sustituir la verificación por declaraciones.

Estos puntos se desarrollan con mayor detalle en:

• Juicios y documentos electrónicos: guía para litigantes
• Probar documentos electrónicos en juicio: el problema no es la validez, es la verificación

El mismo problema en otros sectores: cuando los bancos pierden juicios

Este patrón no es exclusivo de la firma electrónica.

En disputas por transferencias electrónicas supuestamente no autorizadas, se repite el mismo fenómeno: instituciones con sistemas robustos pierden juicios porque no pueden acreditar, de forma verificable, que el cliente autorizó la operación.

No basta con políticas internas, flujos del sistema o explicaciones técnicas. Si el hecho no puede verificarse de manera independiente, la prueba se debilita.

Este problema se analiza en Transferencias no autorizadas: bancos pierden juicios, donde se muestra cómo incluso sistemas complejos fallan cuando llegan al tribunal.

Un patrón común: narrativa técnica vs. verificación independiente

Vistos en conjunto, estos casos muestran un mismo problema de fondo.

Cuando la prueba depende de:

• explicaciones,
• reportes,
• correos técnicos,
• o afirmaciones de quien opera el sistema,

el riesgo procesal es alto.

En cambio, cuando la evidencia:

• es verificable,
• puede reproducirse,
• no depende de confianza en una parte,

la discusión jurídica cambia de nivel.

En los juicios, la narrativa técnica no sustituye a la verificación independiente.

Por qué esto importa antes de que exista el conflicto

Estos problemas no se descubren el día del juicio.
Se incuban mucho antes.

Se incuban cuando:

• se diseña un sistema sin pensar en cómo se probarán los hechos,
• se elige una plataforma sin considerar la verificación,
• se privilegia la operación sobre la acreditación.

Este punto no es solo jurídico. Es también técnico: las decisiones de arquitectura, formatos y herramientas determinan si un hecho digital podrá o no probarse en juicio. En un texto posterior abordaremos este problema desde la perspectiva de quienes diseñan e implementan estos sistemas.

Leer los casos como un conjunto, no como excepciones

Los textos que se agrupan aquí no describen situaciones aisladas. Describen un mismo problema visto desde distintos ángulos: qué ocurre cuando los hechos digitales no pueden probarse de forma clara en juicio.

La lección común es simple, pero exigente:

En el mundo digital, tan importante como que un sistema funcione es que pueda explicar —y demostrar— qué ocurrió cuando alguien lo cuestiona ante un juez.

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Si la Tesis 2031391 fue un caso de confusión conceptual, la Tesis Aislada 2031392, publicada el mismo día, da un paso más allá.
No se limita a malinterpretar la ley: extrapola principios válidos hasta convertirlos en requisitos técnicos inexistentes en el Código de Comercio y la LGTOC.

El caso de origen fue el mismo: un juicio ejecutivo mercantil desechado porque el endoso del pagaré digital no cumplía —según el tribunal— con ciertas formalidades.
El resultado: una tesis que confunde conceptos tecnológicos, se excede en su interpretación jurídica y termina describiendo un flujo de software.

1. El acierto inicial: usar el mismo sistema de información

La LGTOC sí exige que la transmisión de títulos digitales se realice dentro del sistema donde se emitieron.

“Tratándose de un título de crédito emitido en medios electrónicos… la transmisión… se realizará a través del sistema de información a que se refiere el artículo 5o. de esta Ley.” (Art. 40 LGTOC)

Ese requisito tiene sentido.
Asegura que el pagaré y su endoso se mantengan vinculados dentro del mismo entorno de información, garantizando trazabilidad y unicidad.
Hasta aquí, el tribunal va bien.

2. El mismo error de raíz: exigir FEA

Pero de inmediato repite el error de su antecesora:

“El endoso debe suscribirse con la firma electrónica avanzada del endosante…”

Nada en la LGTOC ni en el Código de Comercio condiciona la validez del endoso digital a una FEA.
El Art. 89 CCom reconoce efectos plenos a cualquier firma electrónica.
El Art. 90 Bis presume su atribución cuando el método sea confiable.
Confundir firma electrónica con firma avanzada sigue siendo un error legal y técnico.

3. El nuevo error: confundir autenticación con unicidad

El tribunal identifica un problema real: un pagaré digital puede copiarse múltiples veces y romper la cadena de endosos.
Pero la solución que propone —usar FEA— no tiene relación técnica con ese riesgo.

“…pueden imprimirse de manera numéricamente ilimitada… lo cual no puede permitirse…”

La FEA autentica identidad, no controla copias.
La unicidad se resuelve con mecanismos de control sistémico (hash encadenado, registros distribuidos, etc).
El tribunal confunde autenticación con unicidad, dos capas completamente distintas.

4. El exceso: convertir un principio legal en diseño de producto

Ahí el criterio se descarrila del todo:

“…la hoja de firmas mostrará un mensaje indicando que el pagaré cumple con la Ley… y se mostrará la cadena de endosos con: a) número de endoso y b) leyenda de endoso.”

Nada de eso está en el Artículo 29 LGTOC, que solo pide:

1. Nombre del endosatario
2. Firma del endosante
3. Clase de endoso
4. Lugar y fecha

El tribunal toma un principio correcto —usar el mismo sistema— y lo convierte en una especificación técnica.
Dicta cómo debe verse el software, qué mensajes debe mostrar y cómo numerar endosos.
Eso ya no es derecho: es desarrollo de producto desde el estrado.

5. Riesgo real: inseguridad jurídica disfrazada de rigor técnico

Al inventar “mensajes”, “leyendas” y “números de endoso”, el tribunal destruye la neutralidad tecnológica del comercio electrónico.
Si un sistema garantiza unicidad mediante trazabilidad hash, pero no muestra un “número de endoso”, ¿el título sería inválido?
Según esta tesis, sí.
Y ese es el verdadero problema: una mala comprensión técnica puede volver jurídicamente vulnerables implementaciones que son más seguras que las que la tesis intenta describir.

6. Lo que debe hacer el litigante (en tres pasos)

Esta tesis es aislada, no obligatoria y fácilmente impugnable si se argumenta con precisión técnica y legal.
Tres líneas de defensa son clave:

1. Jerarquía normativa.
   El tribunal se excede: ni el Art. 29 LGTOC ni el CCom exigen los campos o mensajes que describe.
   Basta citar ambos artículos y subrayar que una tesis aislada no puede crear obligaciones técnicas nuevas.
2. Prueba de fiabilidad.
   si no usaste FEA, aporta evidencia del método de firma utilizado (biometría, registro de autenticación, IP, 2FA, etc).
   El CCom reconoce cualquier firma electrónica, no solo la FEA.
   El foco es demostrar atribución e integridad, no clase de firma.
3. Prueba de unicidad.
   Si el sistema asegura que solo puede existir una versión válida (por hash, blockchain o folio controlado), documenta ese proceso.
   Esto acredita unicidad sin recurrir a los requisitos inventados del tribunal.
   

Un juez informado no necesita “ver números de endoso”; necesita ver trazabilidad y vinculación entre el pagaré y cada transmisión.

Conclusión

El uso del mismo sistema de información es correcto en derecho.
Pero dictar cómo debe verse o numerarse ese sistema no lo es.

La Tesis 2031392 no solo malinterpreta la ley: la sobrescribe con código imaginario.
Y cuando el juzgador intenta programar desde el estrado, lo que genera no es certeza jurídica, sino bugs legales.

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En la Tesis Aislada 2031391, publicada el 24 de octubre de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que un pagaré digital debe firmarse mediante firma electrónica avanzada (FEA) para producir efectos de título de crédito.

“Cuando se requiera firma, ésta se realice a través de la firma electrónica avanzada… tratándose de pagarés que constan en mensajes de datos o digitales, ese requisito debe cumplirse mediante la firma electrónica avanzada… Para ello, la Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016 establece los requisitos necesarios para la conservación de mensajes de datos…”

El problema no es de forma. Es de fondo.
La tesis comete una cadena de errores conceptuales y normativos que la vuelven jurídicamente insostenible.

1. Error conceptual: confunden atribución con integridad

El tribunal parte de una observación correcta: el pagaré debe permitir atribuir la firma al suscriptor, conforme al artículo 5 Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC).
Pero en el siguiente paso, cae en una falacia lógica: identifica el problema de atribución (“quién firmó”) y lo “resuelve” con una norma sobre integridad (“qué se firmó y cuándo”).

La NOM-151-SCFI-2016 regula la conservación de mensajes de datos, no su autoría.
El propio texto de la NOM lo dice: su objetivo es “acreditar la integridad y fecha de generación de los mensajes de datos mediante sellos digitales de tiempo”.
Nada en ella sirve para verificar identidad o voluntad.

La tesis, al usar la frase “Para ello… la NOM-151 establece…”, cambia de predicado sin justificación.
Es el equivalente a probar quién firmó una carta mostrando solo el sobre cerrado con sello postal.

2. Error legal: ignoran el Código de Comercio que citan

El tribunal cita correctamente los artículos 89, 93 y 97 del Código de Comercio, pero omite los artículos clave que desmienten su conclusión:

• Art. 89: Reconoce plenos efectos jurídicos a los mensajes de datos y a las firmas electrónicas en general, sin exigir que sean avanzadas.
• Art. 90 Bis: Establece que los métodos de firma electrónica (avanzados o no) gozan de presunción de atribución.
• Art. 97: Refuerza la equivalencia funcional, siempre que se garantice autenticidad e integridad.
  

La LGTOC, en su artículo 5 Bis, remite expresamente al Código de Comercio para definir cómo se acredita la firma en documentos electrónicos.
Nada en esa remisión limita el concepto de firma a la “avanzada”.
El tribunal, sin fundamento legal, eleva un estándar reglamentario (la FEA) a rango de requisito esencial, violando el principio de jerarquía normativa y el de neutralidad tecnológica..

3. Error técnico: desconocimiento de cómo opera la infraestructura de firma

La tesis sostiene que la FEA debe ser “generada por un prestador de servicios de certificación”.
Eso es técnicamente incorrecto.

• Los prestadores de servicios de certificación (PSC) emiten certificados digitales.
• La firma la genera el firmante, utilizando su clave privada.
• La NOM-151, por su parte, introduce una tercera pieza: el sello de tiempo, también emitido por un PSC, pero con un fin distinto (integridad, no identidad).
  

Esta confusión es la raíz del error.
El tribunal mezcla tres procesos distintos —certificación, firma y conservación— como si fueran uno solo.

4. Jerarquía normativa: el orden que el tribunal invirtió

El tribunal invierte este orden y usa la NOM-151 (integridad) para resolver un requisito de atribución (identidad).
De ahí deriva su conclusión errónea: que solo la FEA valida un pagaré digital.

5. Consecuencias prácticas: un criterio aislado, pero dañino

Esta tesis es aislada, por lo que no tiene carácter obligatorio.
Sin embargo, puede influir en juzgados inferiores que la citen sin examinar su razonamiento.

En la práctica, un juez que la siga podría desechar indebidamente una demanda ejecutiva basada en pagarés firmados con métodos de firma electrónica simple pero fiables —como los que usan identificación robusta, autenticación en dos pasos y constancia NOM-151—.

Esto obstaculiza el acceso a la justicia mercantil, contradiciendo la intención misma de la legislación sobre comercio electrónico.

6. Qué puede hacer un litigante

Un abogado que enfrente un rechazo basado en esta tesis puede desmontarlo con un amparo sustentado en tres argumentos:

1. Violación de legalidad: la exigencia de FEA carece de sustento en el CCom y la LGTOC.
2. Falta de motivación: el salto lógico entre atribución e integridad carece de justificación.
3. Proporcionalidad: imponer la FEA como único método de firma digital es una restricción excesiva y discriminatoria contra la neutralidad tecnológica.

Prueba técnica sugerida:
Presentar evidencia del método de autenticación (Biometría, 2FA, logs) del firmante, y constancia NOM-151 para demostrar integridad y fecha.

Conclusión

La Tesis 2031391 es un caso de razonamiento defectuoso: usa la herramienta de integridad (NOM-151) para resolver un requisito de atribución, y omite el texto expreso del Código de Comercio que valida firmas electrónicas simples cuando son fiables. No es una amenaza doctrinal, pero sí un síntoma: nuestros tribunales aún necesitan formación técnica y jurídica sólida sobre los fundamentos del comercio electrónico.

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La firma electrónica avanzada (e.firma) es uno de los mecanismos jurídicos más sólidos en México. Pese a ello, todavía persiste la tentación entre algunos abogados y empresas de “reforzarla” con pasos adicionales: biometría, códigos OTP, preguntas de seguridad o validaciones de IP.
El resultado, lejos de brindar más seguridad, es exactamente el contrario: más vulnerabilidad procesal.

La regla es clara: cada paso extra abre un nuevo frente de impugnación.

La base legal de la e.firma

El Código de Comercio otorga a las firmas electrónicas dos niveles de protección:

• Presunción de atribución (arts. 90 y 90 Bis): tanto la firma electrónica simple como la avanzada se presumen atribuibles al titular que aparece como firmante, salvo prueba en contrario.
• No repudio (art. 99): aquí está la diferencia crucial. Sólo para la firma electrónica avanzada se establece expresamente que:
  • El firmante será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven del uso de su firma (fracción III).
  • Responderá por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, salvo que el destinatario conociera la inseguridad o hubiera actuado sin diligencia (fracción IV).
    

En otras palabras: la firma electrónica simple comparte con la avanzada la presunción de atribución, pero solo la avanzada impone al titular una responsabilidad reforzada que lo ata jurídicamente a su uso. Esa es la verdadera fuerza del principio de no repudio.

La e.firma del SAT es el ejemplo más claro: sustentada en certificados digitales emitidos por un Prestador de Servicios de Certificación autorizado y en infraestructura criptográfica que garantiza autenticidad e integridad.

Más fuerte que la firma en papel

En la práctica, la e.firma ofrece un blindaje que la firma autógrafa no tiene:

• Impugnación en papel: basta con que una parte niegue la autoría para abrir peritajes grafoscópicos, caros e inciertos.
• Impugnación con e.firma avanzada: la presunción de atribución se suma al principio de no repudio, lo que coloca la carga de la prueba en quien intente desconocerla.

En términos de fuerza jurídica, la e.firma es mucho más sólida que la pluma sobre el papel.

El espejismo de los candados adicionales

Si la ley ya le otorga esta robustez, ¿por qué añadir biometría, OTPs o filtros de IP?
La respuesta suele ser inseguridad o desconocimiento técnico-jurídico. Pero estos mecanismos no generan presunciones legales nuevas. En cambio, sí abren flancos de ataque:

• Una identificación biométrica mal capturada.
• Un SMS que nunca llegó.
• Una discrepancia en la IP del firmante.

Ninguno de estos errores afecta la validez legal de la e.firma, pero sí puede ser explotado por una contraparte para sembrar dudas en juicio.

Cómo se litiga en México

En litigio mercantil, muchas defensas no buscan el fondo del contrato, sino defectos de forma. Estrategias dilatorias, mejor conocidas como “chicanas procesales”, prosperan en estos detalles accesorios.
Así, lo que parecía un refuerzo termina convirtiéndose en un riesgo.

Menos pasos, más solidez

La conclusión es directa:

• La firma electrónica avanzada, ya goza de presunción de atribución y además está blindada con el principio de no repudio del art. 99.
• Los “candados extra” no suman protección; multiplican vulnerabilidades.
• En un entorno litigioso como el mexicano, conviene cerrar resquicios, no crearlos.

Con la firma electrónica avanzada, menos es más.
Mantenerla en su forma legalmente prevista es la mejor garantía de seguridad jurídica.

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Medios Preparatorios 3593/2025

1. Antecedentes procesales y resolución

El promovente presentó una solicitud de medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil con base en un pagaré electrónico generado conforme a la NOM-151. El juzgado desechó la demanda por considerar que el pagaré carecía de validez como título ejecutivo ya que pagarés digitales no son válidos.

2. Identificación del documento digital involucrado

• Documento: Pagaré firmado electrónicamente
• Evidencia: Constancia de conservación NOM-151 emitida por Advantage Security (PSC) y archivo XML

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El caso: pagaré electrónico desechado por no cumplir con los requisitos legales

En julio de 2025, un Juzgado Federal en Puebla recibió una demanda ejecutiva mercantil sustentada en un pagaré firmado digitalmente. El promovente alegaba que el documento había sido generado conforme a la NOM-151, acompañado de su constancia de conservación y una impresión electrónica.

Pese a ello, el juzgado desechó la demanda. La razón: el documento digital no cumplía con los requisitos legales de un título ejecutivo, según los principios tradicionales de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Fundamentos jurídicos del pagaré electrónico en juicio mercantil

El juzgado sostuvo que:

• La ley mexicana aún no reconoce títulos de crédito en forma digital.
• Un pagaré debe incorporarse físicamente (principio de incorporación).
• La falta de un documento físico impide el cumplimiento de los requisitos de legitimación y circulación del pagaré.
• El documento electrónico no garantiza certeza del adeudo ni puede sustituir al pagaré físico.
  

El artículo 5 y 5 bis de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, a partir de marzo del 2024, reconoce de manera literal la validez y admisibilidad como prueba de un título de crédito digital. Este caso muestra que todavía existen jueces que a pesar de que la regulación no deja lugar a dudas, todavía deciden desechar la demanda y sólo toman como válidos pagarés físicos.

Este caso no involucra un documento firmado en Mifiel. Se trata de un precedente judicial relevante para la ejecución de pagarés electrónicos en juicio

Preparamos un análisis técnico con todo lo que necesitas si estás litigando un caso similar: qué argumentos usar, qué artículos aplicar y cómo presentar el pagaré. Consulta el análisis completo aquí.

Validez del pagaré electrónico en medios preparatorios: lo que debes saber

• Para demandas ejecutivas mercantiles con documentos electrónicos, señalar que a partir de marzo del 2024, la LGTOC reconoce de manera literal su validez.
• Si se utiliza firma electrónica, asegúrate de tener un sistema sólido de conservación y trazabilidad y atribución.

Estrategias para litigar con pagarés digitales

Es necesario aclarar en la demanda las bases legales para la admisión de títulos de crédito electrónicos en juicio. No existe, siempre y cuando se cumplan los requisitos dispuestos en la regulación, una justificación válida para exigir que un pagaré sea presentado en medio físico y firma autógrafa.

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