Resumen: En México, la ley no exige pruebas perfectas en materia mercantil. Pero la práctica judicial opera frecuentemente como si lo hiciera, producto de un tránsito incompleto de la prueba tasada hacia la libre valoración sin estándares de suficiencia claros. Este artículo explora el origen de ese fenómeno y por qué el estándar correcto es la probabilidad preponderante, no la certeza absoluta.
Cuando fundamos Mifiel en 2016, nuestro perfil era enteramente ajeno al mundo del derecho tradicional. Éramos fundadores formados en ingeniería, sistemas y diseño. Veíamos los problemas desde la seguridad de la información, la eficiencia operativa y la experiencia de usuario. En una de nuestras primeras reuniones con áreas jurídicas corporativas, un abogado litigante me dijo una frase que tardé años en comprender: “Tomás, una cosa es lo que dice la ley y otra muy diferente es lo que pasa en los juzgados”. En ese momento me pareció una advertencia resignada. Hoy la entiendo como el diagnóstico de un problema mucho más profundo.
Para explicar por qué, hay que hablar del sello.
El fetiche del sello y la inercia de la prueba tasada
Había una pregunta que los abogados nos hacían de forma casi sistemática cada vez que presentábamos la plataforma: ¿Mifiel integra sellos? ¿Tienen una autorización del SAT? ¿Tienen una certificación visual del Gobierno? Desde una perspectiva técnica y criptográfica, esas preguntas no tenían sentido. Un documento firmado digitalmente es seguro por su propia matemática: hashes, llaves públicas, constancias de conservación. No entendía de dónde venía esa necesidad casi mística por la apariencia de un sello.
Con el tiempo lo entendí: los abogados no buscaban seguridad técnica. Buscaban un sustituto visual de la vieja prueba tasada.
Durante décadas, la maquinaria procesal mexicana operó bajo ese modelo: el legislador predeterminaba de forma rígida el valor exacto que debía otorgarse a cada tipo de prueba. La Primera Sala de la SCJN describió sus efectos en el amparo directo en revisión 945/2018, señalando que ese sistema llegó a desarrollar al máximo una función simplificadora que producía pruebas capaces de decidir automáticamente la litis, sin relación suficiente con la situación probatoria global. Si el documento tenía el sello correcto o la intervención del fedatario correcto, el sistema podía descansar. Como apuntó la propia Sala, la prueba tasada “privilegia las exigencias de certeza frente a las exigencias de justicia”.
El litigante tradicional busca inconscientemente trasladar ese automatismo al bit: quiere un elemento visual que exima al juez de tener que valorar.
El vértigo de la libre valoración y el vacío que dejó
Las reformas procesales del 2008 obligaron a la judicatura a migrar hacia la libre valoración de la prueba, donde el juzgador debe construir su razonamiento a partir del conjunto del material disponible, sin depender de categorías rígidas. Esa transición fue necesaria y correcta en su principio. Pero quedó incompleta.
Como advierte Jordi Ferrer Beltrán en la introducción del Manual de razonamiento probatorio de la SCJN, México arrastra un déficit histórico en la formación específica sobre razonamiento probatorio y criterios de racionalidad epistemológica. El sistema le dijo al juez que valorara libremente, pero no siempre le dio herramientas suficientes para hacerlo de manera metodológica.
Érika Yazmín Zárate Villa identifica la consecuencia directa en su análisis sobre la necesidad de estándares probatorios en el futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: sin umbrales objetivos de suficiencia, las partes quedan expuestas a la incertidumbre de la valoración individual de cada juzgador. El juzgador que no tiene una regla que le diga cuándo es suficiente una prueba tiende a buscar su propia seguridad de juicio, y esa seguridad muchas veces no se construye desde la probabilidad racional, sino desde la exigencia de certeza.
El síndrome de la prueba perfecta
A ese fenómeno lo llamo el síndrome de la prueba perfecta. No es una regla escrita. Es una inercia cultural: en lugar de preguntar qué hipótesis está mejor confirmada por el conjunto de pruebas disponibles, el sistema muchas veces pregunta si el juzgador puede estar absolutamente tranquilo al decidir. Ese cambio de pregunta altera todo el sistema.
En juicio, la certeza absoluta casi nunca existe. Lo que existe son grados de corroboración, hipótesis rivales, indicios, documentos y razonamiento inferencial. La función del juez no es encontrar una verdad incontestable, sino determinar qué versión de los hechos está mejor justificada conforme al estándar aplicable. La distinción es fundamental: la certeza psicológica mira hacia adentro del juez — qué tan tranquilo se siente al decidir. La probabilidad preponderante mira hacia afuera — qué tan bien confirmada está una hipótesis frente al material probatorio disponible. La primera puede volverse arbitraria. La segunda exige método.
La tesis PR.A.C.CN.4 C (12a.) (Registro digital: 2032004), derivada de la contradicción de criterios 145/2025, articula precisamente esa distinción: en materia mercantil no se exige certeza absoluta, sino que basta con que una hipótesis alcance un grado de confirmación lógica prevaleciente sobre sus alternativas. Aunque se trata de una tesis aislada sin fuerza obligatoria, su relevancia conceptual es clara. El estándar en materia patrimonial debería ser la probabilidad preponderante, no la tranquilidad psicológica del juzgador.
La pregunta correcta no debería ser: “¿puedo imaginar alguna duda?”
La pregunta correcta debería ser: “después de valorar todo el material probatorio, ¿qué hipótesis es más probable?”
Cuando la justicia le teme a las probabilidades, termina premiando el formalismo, la dilación y quien mejor sabe fabricar incertidumbre. Ese problema atraviesa la valoración de la prueba en general, pero se vuelve especialmente agudo cuando el medio probatorio exige conocimientos técnicos que el juzgador no domina. Ese es el territorio que analiza la segunda parte de esta serie.
