De nuestro directorio de más de 400 sentencias federales relacionadas con firma y documentos electrónicos, tomamos las 83 en las que participó un banco —casi todas de 2025 y 2026— y las leímos y clasificamos una por una.
Cuando el banco fue demandado por operaciones que el cliente no reconocía, perdió 67 de 75 juicios: 89%. Ganó 7 y obtuvo un resultado parcial en 1. Cuando fue el banco quien demandó el cobro de un crédito contratado por medios digitales, perdió 6 de 8.
El patrón se repite con demasiada consistencia como para ignorarlo: el banco casi nunca pierde por falta de datos.
En la gran mayoría de los casos había bitácoras, tokens, direcciones IP y constancias de conservación. El banco perdió porque esa información no llegó al juicio en una forma que el juez pudiera valorar como prueba. Los sistemas se construyeron para operar, no para probar.
Las cuatro causas
Al clasificar las 67 derrotas por su causa principal, aparecen cuatro:
- Credenciales sin consentimiento probado (21 casos). Se demostró que se usaron las claves, no que el cliente consintió ni que el procedimiento era fiable.
- Bitácoras mal presentadas (17). Sin la certificación del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), ilegibles, incompletas o como capturas de pantalla.
- Pericial informática deficiente (12). Genérica, sin reconstruir la autenticación de cada operación.
- La evidencia no pudo salir del banco (17). La pericial no se desahogó, el perito de la contraparte no obtuvo acceso a los sistemas o no se exhibió el contrato de banca electrónica.
La cuarta es la más reveladora. Uno de cada cuatro juicios perdidos no se pierde por la tecnología, sino porque la evidencia queda atrapada en sistemas que no pueden abrirse, y Jurídico y TI no tienen un procedimiento compartido para sacarla.
Seguridad tiene razón en no abrir servidores productivos a un perito externo. Pero si la única forma de verificar la operación es entrar al sistema, el banco elige entre dos derrotas: niega el acceso y el juez tiene por ciertos los hechos del cliente, o entrega reportes propios que la contraparte ataca por no ser verificables.
El porqué legal, en simple
La presunción existe, pero en banca es condicional. El Código de Comercio da presunción de atribución a la firma electrónica, también a la simple. Pero la Suprema Corte, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2021 (10a.) (registro digital 2023157), fijó que la fiabilidad de la banca electrónica no se presume solo porque se usaron las claves del cliente. El banco debe probar que la autorización se obtuvo conforme al procedimiento pactado y a la regulación de la CNBV, y que no hubo incidentes de seguridad conocidos. Solo entonces la carga pasa al usuario.
El OTP y la bitácora no alcanzan solos. Un código de un solo uso prueba que alguien ingresó el código correcto, no que fue el titular ni que consintió. Una bitácora sin certificación ni perito que la explique no vale en juicio. En el caso de La Laguna la bitácora tenía fecha, hora, IP y geolocalización, y el banco perdió igual: nadie explicó por qué esa operación era del cliente.
La NOM-151 no prueba autoría. La constancia de conservación prueba integridad y fecha cierta, no quién firmó. Es el sello postal de un sobre cerrado: dice que nadie lo abrió, no quién escribió la carta. Y los tribunales ya fijaron que no sustituye la certificación del art. 100 LIC.
2026: la discusión se adelanta a la CONDUSEF
Desde el 24 de agosto de 2026 es obligatoria la jurisprudencia PR.A.C.CN. J/6 C (12a.) (registro digital 2032547). Reconoce que el dictamen de la CONDUSEF emitido conforme al art. 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros es título ejecutivo cuando, por operaciones no reconocidas, consigna que el banco no acreditó la autorización y fija una cantidad líquida y exigible.
El alcance importa. Como jurisprudencia del Pleno Regional Centro-Norte, obliga en esa región, que no incluye a los tribunales civiles de la Ciudad de México (adscritos a la Región Centro-Sur). Fuera de ella es un criterio orientador. Y solo aplica a cuantías inferiores a 50,000 UDI, con accesorios. Lo explicamos en Transferencias no reconocidas: jurisprudencia y CONDUSEF.
Lo que cambia es el calendario. La fiabilidad y la autorización, que antes se discutían por primera vez en el juicio, ahora pueden decidirse en la reclamación administrativa, y el usuario puede iniciar un juicio ejecutivo con embargo desde el inicio.
Quien llega a la CONDUSEF sin su paquete de evidencia ya llega tarde.
El otro frente: cartera que no se puede cobrar
En los 8 juicios en que el banco demandó el pago de un crédito digital, perdió 6. Había contrato digital, constancias NOM-151 y estados de cuenta certificados, pero no una firma que vinculara al deudor con el contrato. La constancia probaba que el documento no cambió, no que el deudor lo firmó.
El contraste viene de nuestra experiencia acompañando litigios, no del estudio: una institución que documenta sus créditos con pagarés firmados con e.firma ha ganado varias demandas de cobro entregando solo el pagaré firmado, los certificados verificables en el portal del SAT y la constancia de conservación. Sin bitácoras ni peritos dentro de sus sistemas.
Es la diferencia entre probar que el sistema funcionó y probar que el deudor firmó.
El perito no va al sistema; la prueba va al perito.
Es el principio de la guía: la evidencia de cada operación debe poder salir del banco como un paquete autocontenido que cualquier perito, y el propio juez, pueda verificar sin entrar a ningún sistema.
Descarga Firma simple en banca — Guía para bancos (PDF, 27 páginas).
Qué separa a los bancos que ganan
Los 7 casos ganados muestran qué funciona. De ellos y del resto del estudio salen tres diferencias.
1. La evidencia se congela en la reclamación, no en la demanda. Sellar un reporte meses después solo prueba que el reporte no cambió desde que se selló, no lo que pasó el día de la operación.
2. La pericial reconstruye la operación concreta. En los casos ganados con base técnica, el perito partió de la fuente de la bitácora, identificó cada evento de autenticación y vinculó los factores con un dispositivo del cliente. Un tribunal lo resumió así: no basta enlistar bitácoras, IP, horarios y hashes; hay que conectarlos con el procedimiento pactado y con el consentimiento del usuario.
3. Más datos no es más prueba. La evidencia debe ser la necesaria y suficiente. Con firma simple, la traza completa solo sirve si alguien la explica operación por operación; acumulada sin explicación, es ruido y un flanco para sembrar duda. Lo desarrollamos en OTP, correo, NIP: dónde vive la evidencia de que esa persona firmó.
Buena parte del problema, sobre todo la causa 4, se corrige con la infraestructura existente y un procedimiento compartido entre Jurídico y TI. El resto pide un cambio de diseño: dejar de reconstruir la voluntad del cliente después, con peritos, y crearla y sellarla en el momento del acto.
Qué incluye la guía completa
Firma simple en banca — Guía para bancos está pensada para que Jurídico, TI y Seguridad, Cumplimiento y Dirección hablen el mismo idioma y sepan qué hacer desde la reclamación. Incluye:
- Traductor Legal-TI: qué prueba y qué no prueba cada elemento, de las credenciales a la NOM-151.
- Paquete mínimo de evidencia por operación: 10 elementos implementables hoy, con el error frecuente de cada uno.
- Las 6 preguntas que debe contestar la pericial del banco.
- Los 7 casos ganados, desglosados, y el protocolo de coordinación desde la reclamación, incluida la CONDUSEF.
- Plan de acción 30/60/90 días con la «prueba de caja negra» para saber si su evidencia se sostiene sola.
- Matriz RACI entre Jurídico, TI, Cumplimiento y Operaciones.
- Checklist imprimible de solicitud de Jurídico a TI, listo para pegar en el ticket.
- Anexo de resoluciones citadas y metodología del estudio.
Lleva el diagnóstico a tu próxima reclamación
Descarga gratis la guía de 27 páginas: paquete mínimo de evidencia, checklist Jurídico-TI, plan de 90 días y matriz RACI, listos para trabajar con tu equipo.
Sobre los autores
Tomás Álvarez Melis es Director General de Mifiel y coautor de Firma simple en banca — Guía para bancos. Lidera el desarrollo de infraestructura de firma electrónica y evidencia digital para instituciones financieras y empresas en México.
Jonathan Stahl Ducker es Director Jurídico de Mifiel y coautor de la guía. Dirige el análisis normativo y jurisprudencial sobre firma electrónica y acompaña a instituciones financieras en la defensa probatoria de sus operaciones digitales.


