Existe una idea generalizada de que la notaría es un mero trámite burocrático o, peor aún, una institución anacrónica atrapada en montañas de papel sellado, Sin embargo, la función notarial y su infraestructura tecnológica atraviesan hoy una transformación profunda.

Para entender qué está pasando realmente en el sector, conversamos con Mischel Cohen, titular de la Notaría 202 de la Ciudad de México. En esta charla abordamos desde la razón de ser del notario hasta el uso de firmas electrónicas, la Red Integral Notarial (RIN) y el horizonte del protocolo digital.

1. El notario no es un trámite: es el abogado que la ley te obliga a consultar

Uno de los puntos de partida de Mischel Cohen es una analogía médica:

“Velo como si fuera un médico: hay padecimientos en los que tú decides libremente si vas o no con el especialista; pero para ciertos actos sumamente trascendentes en tu vida, la ley te exige acudir con un profesional calificado y autorizado por el Estado: ese es el notario.”

Antes de expedir sellos o firmas (función fedataria), el notario es un abogado consultor. Su labor principal es asesorar con rigor jurídico operaciones civiles, inmobiliarias o corporativas de alto impacto para prevenir litigios futuros.

Por ello, frente al avance de la inteligencia artificial y las herramientas automatizadas, el notario se encuentra en la misma posición que cualquier abogado corporativo de primer nivel: las máquinas absorberán tareas operativas, pero el criterio, la asesoría jurídica calificada y la autorización de fe pública continuarán siendo indispensables.

2. La doble evolución tecnológica: autoridades y notarías

Contrario a la percepción de retraso, en los últimos años la eficiencia en los tiempos notariales ha dado un salto exponencial. Cohen divide esta modernización en dos vertientes:

1. La automatización de dependencias gubernamentales: Trámites como las inscripciones en el Registro Público de Comercio o la obtención de constancias de no adeudo (de agua o predial) pasaron de demorar semanas o meses a resolverse en un solo día hábil gracias a plataformas electrónicas.

2. La transformación interna del gremio (La Red Integral Notarial – RIN): Exclusiva de la Ciudad de México y obligatoria para todos los notarios desde 2019, la RIN ha permitido digitalizar y subir a una nube gremial controlada por el Colegio de Notarios procesos fundamentales:

• Cotejos electrónicos: Históricamente, si un cliente llevaba un contrato de miles de páginas para copias certificadas, la notaría debía fotocopiarlo dos veces y archivar físicamente uno de los juegos[cite: 2]. Esto generaba un consumo colosal de papel y saturaba las bodegas del Archivo General de Notarías[cite: 2]. Hoy, el documento se coteja, se digitaliza en la nube y el notario ya no conserva toneladas de papel físico[cite: 2].

• Expedición ágil de testimonios: Al cargarse los folios y apéndices de escrituras a la nube, la reposición de copias certificadas o testimonios deja de depender de desempolvar manualmente libros empastados que demoraban semanas en fotocopiarse[cite: 2, 7].

(Nota sobre privacidad: a diferencia de un acta de nacimiento del Registro Civil —que es un registro enteramente público consultable en kioscos—, los instrumentos notariales resguardan el secreto profesional. Por tanto, aunque la consulta sea digital e inmediata tras un clic, siempre requerirá la acreditación formal de interés jurídico.

3. ¿Firmar una escritura sin pisar la notaría? Hacia el Protocolo Digital

La pandemia aceleró reformas legislativas para contemplar un esquema dual de actuación:

• Protocolo ordinario: El soporte en papel tradicional donde los otorgantes acuden físicamente a la notaría..

• Protocolo digital / electrónico: Un régimen (de adhesión voluntaria para los notarios) donde las escrituras existirán íntegramente en soporte informático y podrán firmarse vía remota mediante firma electrónica.

¿Por qué aún no está habilitado para el público general si la ley ya lo prevé? Cohen subraya la responsabilidad gremial: la comisión especializada del Colegio de Notarios sigue afinando la infraestructura técnica para que la plataforma debute con 100% de fiabilidad, estabilidad y certeza jurídica. En materia de fe pública y propiedad, el margen de error debe ser cero.

4. El presente operativo: Protocolizar actos firmados electrónicamente

Aunque el protocolo digital esté en fase final de implementación de plataforma, en el presente ya es perfectamente viable protocolizar documentos nacidos y firmados de forma 100% electrónica].

Aclarando términos: ¿Qué significa realmente protocolizar?

En la práctica legal suele usarse de forma incorrecta (por ejemplo, decir erróneamente que “se protocoliza una compraventa inmobiliaria”). En estricto sentido notarial:

• Escritura pública: El notario redacta y crea un acto jurídico desde cero (testamento, constitución de sociedad, compraventa).

• Protocolización: El notario toma un documento privado preexistente que él no redactó (un acta de asamblea de accionistas o un convenio de resoluciones unánimes fuera de asamblea) y lo incorpora formalmente a su archivo y apéndice, dando fe de su existencia y exhibición].

Hoy en día, las asambleas corporativas o resoluciones unánimes pueden celebrarse recabando firmas electrónicas a distancia (incluso de socios dispersos internacionalmente) y enviarse en archivo digital al notario. Este verifica el cumplimiento del Código de Comercio (integridad del mensaje de datos, constancias NOM-151 y atribución de la firma) y formaliza la protocolización].

(El único paso presencial actual es que el compareciente que solicita la protocolización acuda a plasmar su firma en el libro del notario, pero el acto corporativo original es enteramente digital).

5. De cero a un crecimiento del 500%: la caída paulatina del arraigo al papel

La transición cultural ha sido evidente. Entre 2021 y 2023, prácticamente ningún cliente optaba por llevar actos electrónicos a protocolizar debido a temores infundados sobre su validez o rechazos ante dependencias.

Sin embargo, en los últimos dos años, las notarías han experimentado un crecimiento de más del 500% en la recepción de documentos electrónicos. Para los propios notarios, este mecanismo ofrece hoy mucho mayor certeza jurídica que el papel:

• En un documento físico con firmas autógrafas (trazos de tinta), el notario se limita a asentar la declaración de quien exhibe el papel afirmando que esas firmas son de los socios.

• En un documento firmado electrónicamente con prestadores de servicios de certificación, existen huellas criptográficas, bitácoras de auditoría, sellos de tiempo y validaciones de identidad que garantizan con precisión matemática que la persona firmó.

Hasta la fecha, no existe registro de litigios o resoluciones judiciales que hayan desconocido una protocolización por el simple hecho de provenir de un entorno digita]. Cuando un documento se impugna, suele deberse a vicios de fondo (falta de facultades, quórum mal integrado) que ocurrirían idénticamente en papel.

6. No todas las firmas son iguales: Criterios notariales para validar la firma electrónica

Para que un instrumento firmado electrónicamente sea recibido y protocolizado sin contratiempos por el notario, es indispensable distinguir el marco aplicable:

La clave notarial: Plataformas de atribución Inmediata vs. Mediata

Uno de los aportes más pedagógicos de Cohen es su categorización operativa sobre cómo los proveedores de firma resuelven el requisito legal de atribución:

1. Plataformas de atribución inmediata: Son aquellas que, por su propia tecnología y sin requerir pruebas externas adicionales, acreditan la identidad del firmante. Esto ocurre mediante:
   
   • Certificados de firma electrónica avanzada (como la e.firma del SAT, con certificado y llave privada].

• Validación biométrica de identidad incorporada al proceso (cotejo automatizado de documento oficial como pasaporte con prueba de vida).

2. Plataformas de atribución mediata: Servicios (muy comunes en el mercado anglosajón) cuya única constancia es el envío de un enlace a una cuenta de correo electrónico. Como cualquiera puede crear una cuenta simulada (ej. yosoyabogado@gmail.com), el notario no puede tener certeza de inicio. Para que proceda, requiere de un elemento externo probatorio (por ejemplo, que el Consejo de Administración certifique previamente con base en el libro de registro de accionistas que dicho correo es el registrado oficialmente para ese socio).

Conclusión

El sector notarial mexicano no rechaza la tecnología; al contrario, la está convirtiendo en el estándar para ofrecer procesos más ágiles, costos de archivo reducidos y niveles de seguridad y certeza jurídica superiores a los del papel tradicional.

Entender las reglas del juego —elegir proveedores tecnológicos que emitan constancias de conservación conformes a la NOM, certifiquen la integridad técnica y ofrezcan mecanismos de atribución inmediata— permite a las empresas modernizar su gobierno corporativo y formalizar sus decisiones ante notario con absoluta tranquilidad legal.

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El litigio bancario y la responsabilidad operativa de las entidades financieras en México acaban de experimentar una decisión judicial clave. Con la publicación de la jurisprudencia por contradicción de criterios del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte (Registro digital: 2032547 / Tesis: PR.A.C.CN. J/6 C (12a.)), se redefine el régimen de riesgo legal aplicable a Instituciones de Crédito, SOFIPOs y Fintechs (fondos de pago electrónico.

A partir de este criterio, el dictamen técnico emitido por la CONDUSEF adquiere el carácter pleno de título ejecutivo mercantil cuando determine la existencia de transferencias o disposiciones no autorizadas y consigne una cantidad cierta, líquida y exigible a cargo de la entidad financiera.

A continuación, analizamos a detalle los fundamentos normativos, la distribución de la carga probatoria y las consecuencias procesales inmediatas para las áreas jurídicas y de tecnología del sector.

El sustento legal del criterio

El artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF) prevé la facultad de la CONDUSEF para emitir un dictamen técnico que constituya título ejecutivo mercantil cuando consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida.

Históricamente, existía discrepancia en tribunales colegiados sobre si el desconocimiento de cargos y transferencias electrónicas configuraba una obligación contractual líquida susceptible de ejecutarse por esta vía sumaria. La contradicción 7/2026 zanjó este debate estableciendo que:

• El contrato de depósito y captación bancaria impone a la institución el deber primario de custodia de los recursos y la obligación ineludible de verificar la autenticidad de las instrucciones de disposición.

• La disposición indebida de fondos sin que la institución acredite la autorización legítima del titular no es un mero hecho ilícito extracontractual, sino un incumplimiento directo del contrato de adhesión/depósito.

• En consecuencia, al liquidar el monto indebidamente sustraído, el dictamen reúne todos los requisitos de ejecutividad procesal mercantil.

El cambio en la carga de la prueba: Insuficiencia del “sistema funcionó bien”

El núcleo técnico del litigio digital bancario radica en la atribución del consentimiento y la autorización de las órdenes de transferencia. Tradicionalmente, las instituciones financieras basaban sus excepciones y defensas en:

• Impresiones de bitácoras (logs) o capturas de pantalla de bases de datos internas.

• Registros de ingreso de contraseñas estáticas, códigos OTP (SMS) o factores de autenticación de firmas electrónicas simples.

• La afirmación genérica de que la plataforma no presentó caídas técnicas durante la transacción.

La doctrina judicial ha dejado claro que esto es insuficiente. Conforme a las reglas de valoración de mensajes de datos y atribución de su contenido previstas en los artículos 89, 90 bis, 1061 bis y 1298 A del Código de Comercio, en relación  con la fiabilidad de los sistemas de información:

1. La carga de la prueba recae íntegramente en la entidad: La persona usuaria parte de una negación lisa y llana (“yo no autoricé la transferencia”), la cual no arroja carga de probar un hecho negativo.

2. Prueba de fiabilidad técnica: La institución debe acreditar pericialmente que sus sistemas operaron de manera íntegra, inalterable y con atribución fehaciente al titular en el momento exacto del hecho.

3. Invalidez de presunciones unilaterales: La simple coincidencia de una contraseña o un token en los registros del banco no prueba, por sí misma, que la orden provino del usuario, a menos que el sistema garantice un estándar robusto de firma electrónica o mecanismos de trazabilidad no repudiables.

Impacto procesal: Del juicio ordinario al requerimiento de pago con embargo

La diferencia práctica entre las vías procesales cambia por completo la balanza estratégica en el litigio:

Revalorización de la etapa administrativa ante la CONDUSEF

Para las áreas legales y de operaciones de bancos y Fintechs, la fase de reclamación ante la CONDUSEF ya no puede gestionarse como un trámite de ventanilla o una simple contestación de rutina.

Si durante la etapa de conciliación e informe con justificación la institución no exhibe elementos periciales y técnicos que acrediten la autorización válida conforme a los mecanismos pactados, la CONDUSEF emitirá el dictamen de incumplimiento contractual. Una vez emitido y cuantificado, la institución enfrentará un embargo directo en tribunales antes de poder discutir el fondo del asunto.

Implicaciones técnicas: Firma electrónica y NOM-151

Este precedente refuerza la urgencia de que el sector financiero migre de esquemas débiles de autenticación hacia infraestructuras de firma electrónica y conservación de mensajes de datos:

• Atribución inequívoca: Contar con mecanismos criptográficos que vinculen los datos de creación de la firma (simple o avanzada) exclusivamente al firmante/titular.

• Integridad y No Repudio: Implementar sellado de tiempo y constancias de conservación de mensajes de datos bajo la NOM-151-SCFI-2016, garantizando que las autorizaciones no han sido alteradas desde el momento de su emisión.

• Pistas de auditoría (Audit Trails) robustas: Generar evidencia técnica auditable y reproducible en sede judicial o administrativa que supere el estándar de una simple bitácora interna.

Las instituciones que no adecuen sus plataformas para generar pruebas digitales legalmente autosuficientes quedarán en un estado de alta vulnerabilidad procesal ante el uso sumario de los dictámenes de la CONDUSEF.

Aclaración: Es fundamental precisar el alcance territorial y la fuerza vinculante de este criterio: al haber sido emitido por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, su aplicación es estrictamente obligatoria únicamente para los órganos jurisdiccionales y juzgados mercantiles comprendidos dentro de los circuitos que integran dicha región. Para el resto de la República (Región Centro-Sur), este precedente no constituye jurisprudencia vinculante, pero funciona como un criterio orientador y persuasivo de alto peso, marcando una sólida pauta doctrinal que los litigantes pueden invocar y que muy probablemente influirá en las decisiones de jueces locales y federales en todo el país.

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1. Núcleo del cambio: Responsabilidad, temporalidad y riesgos

La transmisión electrónica obligatoria de la Manifestación de Valor (MVE) a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) cuenta con una nueva fecha de ampliación hasta el 30 de septiembre de 2026 (se esperan más prórrogas). El artículo 59, fracción III de la Ley Aduanera establece la obligación de entregar a la autoridad y al agente aduanal la información y documentación que determine el valor en aduana de las mercancías. La MVE cambia radicalmente la ejecución de este mandato:

Elementos constitutivos de la reforma:

• Titularidad ineludible: El importador asume directamente la autoría y veracidad de la declaración. La transmisión requiere la e.firma del representante legal, deslindando la confección directa del agente aduanal.
• Previsión al despacho: La MVE debe transmitirse a la Autoridad Nacional de Aduanas de México (ANAM) antes de la validación del pedimento. El sistema emite un acuse electrónico (e-document) que debe asentarse obligatoriamente en el pedimento.
• Expediente de soporte integrado: Expediente de soporte integrado: La MVE no es un formulario aislado; exige vincular los documentos digitalizados que acreditan el precio pagado o por pagar (Art. 64 de la Ley Aduanera), así como los gastos incrementables (Art. 65) y los decrementables (Art. 66).

Consecuencias jurídicas y operativas del incumplimiento:

1. Invalidez de despacho: Sin el e-document de la MVE asociado al pedimento, el despacho aduanero se interrumpe inmediatamente.
2. Impacto sancionatorio: Transmitir datos inexactos o falsos deriva en multas por omisión documental y, en casos de subvaluación, sanciones que oscilan entre el 130% y el 150% de las contribuciones omitidas.
3. Afectación patrimonial y administrativa: El desacato recurrente o la alteración de la base gravable faculta a la autoridad para cancelar el Padrón de Importadores y revocar esquemas de certificación (IVA/IEPS u OEA).

2. Aspectos Legales, Fiscales y de Negocio

Comprender el alcance de la MVE requiere analizar la interdependencia de sus tres ejes rectores:

A. Dimensión Legal: Imputabilidad y carga de la prueba

La e.firma vincula al importador bajo el principio de no repudio. Jurídicamente, la empresa no solo responde por las cifras capturadas, sino por la legitimidad y conservación del expediente probatorio que sustenta la valoración.

B. Dimensión Fiscal: Fiscalización dirigida y Fecha Cierta

La MVE es el insumo principal para la fiscalización algorítmica del SAT. La autoridad contrasta en automático la MVE contra las transferencias bancarias al extranjero, la contabilidad corporativa y los CFDI de transporte.

Para validar la deducción del costo de lo vendido y el acreditamiento de impuestos, el SAT exige demostrar la materialidad de la operación (Art. 29-A del CFF). Bajo esta premisa, los contratos de compraventa internacional, convenios de distribución o cartas de instrucciones privadas requieren Fecha Cierta. Un contrato privado en papel o una firma autógrafa escaneada no genera convicción probatoria frente a una auditoría fiscal.

C. Dimensión de Negocio: Eficiencia operativa y flujo de caja

El cumplimiento aduanero se traduce en variables financieras. La incapacidad de recabar firmas en contratos o desgloses de gastos antes del arribo del embarque genera:

• Detención de contenedores en recintos fiscales.
• Gastos extraordinarios por almacenajes, demoras y estadías, cuyo costo diario compromete el margen de la operación.
• Desabasto en cadenas de producción o incumplimiento de contratos comerciales.

3. El rol estratégico de Mifiel en la infraestructura MVE

Si bien la VUCEM es la plataforma de recepción gubernamental, la vulnerabilidad de las empresas se ubica en la gestión previa del expediente de soporte. Mifiel actúa como la capa tecnológica que resuelve la legalidad, validez fiscal y velocidad del proceso.

1. Fecha Cierta y materialidad mediante NOM-151

Para blindar los actos jurídicos privados que sirven de base a la MVE (contratos internacionales, adendas de incoterms, acuerdos logísticos):

• Mifiel incluye en todos los documentos una Constancia de Conservación de Mensajes de Datos bajo la NOM-151 y estampa de tiempo (Timestamp).
• Esto dota al documento de Fecha Cierta, impidiendo que el SAT descalifique la temporalidad del contrato durante un ejercicio de facultades de comprobación.

2. Autenticidad legal con firma electrónica

Mifiel permite la firma de la documentación de soporte utilizando directamente la e.firma (FIEL) del SAT o una firma electrónica simple:

• Asegura la autoría y atribución del documento contractual.
• Genera una huella de auditoría, lista para su exhibición ante la ANAM o el SAT.

3. Agilidad operativa sin fricción

La firma remota y multidispositivo elimina los tiempos muertos de la recabación autógrafa de apoderados legales:

• Aprobaciones que tomaban días se completan en minutos desde cualquier ubicación.
• Garantiza que el expediente de valoración esté integrado antes de que la mercancía arribe a la aduana, evitando costos por almacenajes y demoras.

4. Integración vía API al ecosistema corporativo

Mifiel se integra nativamente a los sistemas ERP o de gestión de comercio exterior:

• Los contratos y documentos de soporte generados en el ERP se envían a firmar de forma automatizada.
• El archivo firmado queda listo para su incorporación al expediente digital de la MVE.

Conclusión

La Manifestación de Valor Electrónica consolida la fiscalización digital en las aduanas de México. La eficiencia del trámite no depende únicamente del llenado en VUCEM, sino de la velocidad y solidez jurídica con la que la empresa integra y formaliza sus documentos de soporte.

Implementar Mifiel transforma una obligación normativa en un proceso automatizado, dotando a la empresa de Fecha Cierta fiscal, validez legal inexpugnable y agilidad operativa frente al nuevo estándar del comercio exterior.

¿Tu empresa está lista para la MVE?

Blinda tu expediente de valoración aduanera y automatiza la firma de tus contratos con validez legal plena.

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Imaginemos una auditoría del Servicio de Administración Tributaria.

Una empresa dedujo varios millones de pesos por servicios especializados de gerencia de proyectos y estudios de factibilidad. Para respaldar la operación conserva el CFDI, el comprobante de pago y un contrato firmado por ambas partes.

El SAT, sin embargo, pide más.

Solicita correos, entregables, reportes, minutas y evidencia de que el proveedor contaba con el personal y la capacidad técnica necesarios para ejecutar el proyecto.

Después pregunta:

¿El contrato tiene fecha cierta?

El documento señala una fecha anterior a la prestación de los servicios, pero no existe un elemento independiente que permita demostrar que ya existía en ese momento.

Para la empresa, esto puede parecer un formalismo. Para la autoridad, puede convertirse en una razón para cuestionar si el contrato realmente acompañó a la operación o si fue elaborado posteriormente para defender la deducción.

La empresa todavía puede demostrar que el servicio ocurrió mediante otras pruebas. El problema es que quizá tenga que hacerlo después de que la autoridad haya rechazado la deducción y, en algunos casos, ante un tribunal.

Esta discusión no comenzó en 2026. Sin embargo, la reforma al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación elevó considerablemente sus consecuencias.

¿Qué cambió con el artículo 29-A del Código Fiscal?

La reforma publicada el 7 de noviembre de 2025 adicionó una fracción IX al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

La nueva disposición establece que los CFDI deben:

“Amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales.”

También dispone que los comprobantes que no cumplan ese requisito se consideran falsos para efectos del Código Fiscal.

La obligación de demostrar que una operación realmente ocurrió no nació con esta reforma.

Desde antes, el SAT podía rechazar una deducción o un acreditamiento cuando el contribuyente no demostraba que el bien fue entregado, que el servicio se prestó o que el proveedor tenía capacidad para realizarlo.

Un CFDI timbrado demuestra que se emitió un comprobante fiscal. Una transferencia demuestra que hubo un movimiento de dinero. Un contrato demuestra lo que las partes declararon haber acordado.

Pero ninguno de estos elementos, por sí solo, necesariamente acredita que la operación se ejecutó en los términos documentados.

Lo nuevo es la consecuencia: si el CFDI no ampara una operación existente, verdadera o un acto jurídico real, puede ser considerado falso.

Por ello, una controversia que antes podía concentrarse en la procedencia de una deducción ahora puede producir consecuencias mucho más graves para el emisor y para quienes dieron efectos fiscales a sus comprobantes.

¿Qué es la materialidad de una operación?

La materialidad es el conjunto de hechos y pruebas que permite demostrar que una operación ocurrió realmente.

No existe un documento único que acredite la materialidad de cualquier operación. La evidencia depende de lo que se contrató.

En una compraventa pueden ser relevantes las órdenes de compra, documentos de transporte, entradas de almacén, inventarios y comprobantes de recepción.

En una prestación de servicios pueden ser importantes:

• la propuesta o cotización;
• el contrato y sus anexos;
• las órdenes de trabajo;
• los correos y comunicaciones;
• las minutas;
• los reportes y entregables;
• la identificación del personal participante;
• la capacidad técnica del proveedor;
• los registros contables;
• el CFDI;
• y el comprobante de pago.

El expediente debe contar una historia coherente: quién contrató, qué se contrató, cuándo se ejecutó, quién realizó el trabajo, qué se entregó, cuánto se pagó y qué utilidad tuvo para el negocio.

El problema aparece cuando la empresa conserva la documentación fiscal y contable, pero no la evidencia operativa.

En ese escenario, el CFDI, el pago y el contrato pueden parecer una reconstrucción formal de una operación cuya ejecución no quedó documentada.

El requisito que muchas empresas no tienen en el radar

Muchas empresas saben que el SAT puede solicitar contratos, facturas, pagos y entregables.

Pocas saben que la autoridad también puede cuestionar el contrato, u otra documentación, porque no tiene fecha cierta.

La confusión es comprensible: la fecha cierta no aparece expresamente en el Código Fiscal como un requisito general para deducir cualquier gasto. Su relevancia proviene de la jurisprudencia.

En 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte determinó que la fecha cierta es exigible respecto de documentos privados presentados durante las facultades de comprobación, cuando se utilizan para demostrar una adquisición, contrato u operación con incidencia fiscal.

Esto crea un problema práctico.

Una empresa puede haber firmado realmente un contrato antes de recibir un servicio, pero no contar con un elemento externo que demuestre que el documento ya existía en ese momento.

Durante una auditoría, el SAT puede cuestionar si el contrato se celebró cuando lo indican las partes o si fue confeccionado posteriormente para sostener la deducción.

En la práctica, la fecha cierta funciona cada vez más como una casilla dentro de la revisión documental de materialidad:

1. El SAT solicita el contrato.
2. Revisa si cuenta con fecha cierta.
3. Si no la tiene, cuestiona cuándo fue elaborado.
4. Le resta fuerza probatoria.
5. Exige que la operación se demuestre mediante el resto del expediente.

El contribuyente todavía puede acreditar la operación por otras vías. Sin embargo, si la autoridad no acepta esas pruebas, tendrá que controvertir la resolución y buscar que un tribunal valore todos los elementos en conjunto.

La falta de fecha cierta no necesariamente destruye la materialidad, pero puede obligar al contribuyente a demostrarla por el camino más largo y costoso: el litigio.

En nuestro análisis de la jurisprudencia sobre fecha cierta explicamos con mayor detalle el origen y alcance de este criterio.

¿Qué significa que un contrato tenga fecha cierta?

La fecha cierta permite demostrar frente a terceros que un documento ya existía en un momento determinado.

No debe confundirse con la fecha escrita dentro del contrato.

Dos personas pueden firmar hoy un documento y colocar en la primera página una fecha anterior. Esa fecha expresa lo que las partes manifiestan, pero no necesariamente demuestra ante el SAT que el contrato ya existía desde entonces.

La fecha cierta incorpora evidencia independiente que permite responder una pregunta:

¿Este contrato ya existía cuando las partes dicen que celebraron la operación?

El contrato puede ser válido entre quienes lo firmaron y, al mismo tiempo, presentar una debilidad probatoria frente a terceros si no puede demostrarse cuándo existía.

En nuestra guía sobre qué es la fecha cierta y cómo obtenerla explicamos los distintos mecanismos disponibles y sus efectos.

¿Un contrato sin fecha cierta vuelve falso al CFDI?

No automáticamente.

La fracción IX del artículo 29-A no establece que todo CFDI respaldado por un contrato sin fecha cierta deba considerarse falso.

La fecha cierta tampoco equivale a materialidad.

Puede demostrar que el contrato existía en determinada fecha, pero no acredita por sí sola que:

• el proveedor tenía personal;
• los bienes fueron entregados;
• el servicio fue prestado;
• los entregables son reales;
• o el precio corresponde con la operación.

También puede ocurrir lo contrario: una operación puede haber sucedido aunque el contrato no cuente con fecha cierta.

Sin embargo, su ausencia permite cuestionar uno de los documentos centrales del expediente. Si el contrato pierde fuerza probatoria, el contribuyente dependerá más de sus entregables, comunicaciones, registros, pagos y demás evidencia operativa.

La diferencia es importante:

La fecha cierta no acredita toda la materialidad, pero evita que el SAT pueda cuestionar fácilmente cuándo se creó el documento que describe la operación.

En nuestro artículo sobre fecha cierta en contratos y deducciones ante el SAT analizamos específicamente este riesgo.

¿Qué consecuencias puede producir la falta de materialidad?

La reforma creó un procedimiento especial en el artículo 49 Bis para revisar a contribuyentes que presuntamente emiten CFDI falsos.

El procedimiento permite suspender la emisión de los comprobantes cuestionados desde la notificación de la visita y concede al contribuyente un plazo breve para aportar pruebas.

Si la presunción no se desvirtúa, los CFDI pueden considerarse falsos con efectos generales y las operaciones no producirán efectos fiscales.

Los receptores también pueden resultar afectados. Deben revertir los efectos fiscales de esos comprobantes dentro del plazo establecido y, si no corrigen su situación, pueden enfrentar la restricción temporal de su certificado de sello digital.

Además, el artículo 29-A Bis permite que el SAT determine el incumplimiento de la fracción IX dentro de otras facultades de comprobación, sin necesidad de agotar previamente el procedimiento especial.

Esto significa que la discusión sobre la realidad de una operación puede aparecer tanto en una visita dirigida al emisor como dentro de una auditoría ordinaria al receptor.

La falta de fecha cierta no activa por sí sola estas consecuencias. Pero puede convertirse en una de las debilidades que la autoridad utilice para cuestionar el expediente.

Cómo evitar que el contrato sea el punto débil

El expediente de materialidad debe formarse mientras la operación ocurre, no cuando comienza la auditoría.

La empresa debería conservar, al menos:

• un contrato que describa con precisión el objeto, alcance y entregables;
• evidencia de que ese contrato existía desde el inicio de la relación;
• comunicaciones contemporáneas a la ejecución;
• evidencia de la capacidad del proveedor;
• órdenes de trabajo y minutas;
• archivos y entregables;
• comprobantes de recepción;
• pagos congruentes con el contrato;
• y registros contables relacionados.

En los documentos electrónicos, una constancia de conservación conforme a la NOM-151 permite generar evidencia verificable de que un archivo existía en determinada fecha y hora y que su contenido no ha sido alterado sin que la modificación pueda detectarse.

La constancia no demuestra que el servicio se prestó ni sustituye el expediente de materialidad. Resuelve un problema específico: la existencia temporal y la integridad del contrato.

Todos los documentos firmados en Mifiel incluyen una constancia de conservación NOM-151. Conoce cómo obtener fecha cierta en tus contratos con Mifiel.

Conclusión

La reforma al artículo 29-A no creó la obligación de demostrar que las operaciones son reales.

Lo que hizo fue elevar considerablemente las consecuencias de no poder demostrarlo.

Una deficiencia que anteriormente podía terminar en el rechazo de una deducción ahora puede contribuir a que el CFDI sea considerado falso y afectar tanto al emisor como a sus clientes.

Dentro de ese escenario, la fecha cierta cumple una función específica.

No demuestra que el proveedor tenía personal, que los bienes fueron entregados ni que el servicio se prestó. Pero permite responder una pregunta previa que el SAT formula cada vez con mayor frecuencia:

¿El contrato ya existía cuando las partes dicen que celebraron la operación?

Cuando el contrato no cuenta con fecha cierta, el contribuyente todavía puede acreditar la materialidad mediante otras pruebas. El problema es que quizá tenga que hacerlo después de que la autoridad haya rechazado la deducción y, en ocasiones, ante un tribunal.

La constancia de conservación NOM-151 no sustituye el expediente de materialidad. Evita que uno de sus documentos principales nazca con una debilidad probatoria completamente prevenible.

La fecha cierta no prueba toda la operación. Pero sin ella, el contrato puede convertirse en el primer elemento que el SAT ponga en duda.

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El problema de la evidencia digital en México no es únicamente técnico ni únicamente jurídico. Es la combinación de ambos.

En el artículo anterior sostuve que muchos tribunales mexicanos arrastran una inercia probatoria que podríamos llamar el síndrome de la prueba perfecta: ante la falta de estándares claros de suficiencia, el juzgador tiende a buscar certezas absolutas, especialmente en materias donde se siente expuesto a equivocarse. Esa tendencia ya es problemática para cualquier prueba. Pero cuando la prueba es digital, el problema se multiplica.

Un documento físico puede ser revisado desde categorías conocidas: firma autógrafa, sello, papel, rúbrica, certificación, fedatario, original, copia. El juez puede no ser experto en grafoscopía o documentoscopía, pero el objeto le resulta familiar. Pertenece al mundo visual y procesal que el derecho mexicano ha usado durante décadas. Un documento electrónico opera de otra manera. Su confiabilidad no depende de que “se vea oficial”, sino de que pueda verificarse técnicamente: cómo fue generado, firmado, conservado, asociado a una identidad, preservado en el tiempo y presentado en juicio.

Ahí surge el efecto compuesto. Primero, el sistema ya tiende a exigir demasiado porque no cuenta con parámetros probatorios suficientemente claros. Segundo, cuando la prueba es digital, el juzgador enfrenta una materia técnica que no necesariamente domina. La incertidumbre ordinaria del proceso se combina con la incertidumbre técnica del medio.

El resultado no es una suma. Es una multiplicación.

La ley reconoce el problema, pero no siempre lo resuelve. Durante veinticinco años, la norma de referencia fue el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, incorporado en la reforma de comercio electrónico del año 2000. Reconocía como prueba la información generada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, y ordenaba valorar primordialmente la fiabilidad del método mediante el cual esa información hubiera sido generada, comunicada, recibida o archivada. Ese código está en proceso de abrogación. Lo sustituyen los artículos 348, 349 y 350 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor gradual no puede exceder del 1 de abril de 2027.

El punto no es el cambio de numeración. En noviembre de 2025, un decreto de homologación normativa reformó más de sesenta ordenamientos para alinearlos con el nuevo código. Entre ellos el artículo 1061 Bis del Código de Comercio, que ahora dispone que en todos los juicios mercantiles el valor probatorio de la información generada o comunicada en medios digitales, ópticos o cualquier otra tecnología se regirá conforme a los artículos 348, 349 y 350 del Código Nacional. No es supletoriedad, es remisión expresa. El mismo decreto hizo lo propio con el artículo 130 del Código Fiscal de la Federación y con el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Tres artículos concentran hoy la valoración de la prueba digital en materia mercantil, fiscal y contencioso administrativa.

Conviene entonces mirar qué dicen esos tres artículos. El 348 amplía el catálogo tecnológico para mencionar expresamente los medios digitales y la cadena de bloques. El 350 traslada la regla de forma original y agrega los medios cuánticos. Y el 349, el que contiene el estándar de valoración, reproduce el texto del año 2000 palabra por palabra.

El legislador tuvo veinticinco años de práctica judicial acumulada, escribió un código procesal desde cero y después movió sesenta ordenamientos para apuntar hacia él. Con esa oportunidad decidió enumerar más tecnologías y no aportar un solo criterio adicional para evaluarlas. La norma sigue abriendo la puerta sin entregar suficientes herramientas para cruzarla: ¿qué significa “fiabilidad del método” para un juez que nunca ha recibido formación técnica en criptografía aplicada, infraestructura de llave pública o validación de identidad digital? La pregunta nunca había estado tan centralizada ni tan sin respuesta.

Ante esa ambigüedad, la reacción judicial suele tomar dos caminos.

El primero es exigir el máximo posible para evitar el análisis técnico. Si una firma electrónica avanzada tiene una presunción legal más fuerte, entonces algunos juzgadores prefieren convertirla en requisito práctico, incluso en contextos donde el debate jurídico debería ser más matizado. La Tesis Aislada 2031391 ilustra esa tendencia en materia de pagarés digitales. Aunque no tiene fuerza obligatoria general, hemos visto que algunos juzgados ya la están usando como criterio operativo para desechar demandas cuando el pagaré fue firmado con firma electrónica simple y no con firma electrónica avanzada. La lógica de fondo es reveladora: si el documento no alcanza el estándar formal más alto, se evita discutir la confiabilidad concreta del método utilizado. El análisis probatorio queda desplazado por una regla de comodidad.

El segundo camino es intentar que el documento electrónico se comporte visualmente como papel. La Tesis 2031392 apunta en esa dirección al trasladar al endoso electrónico expectativas formales propias del endoso físico. En lugar de valorar la tecnología conforme a su propia lógica, se le exige parecerse al objeto tradicional que el juzgador ya conoce.

Ambas reacciones tienen el mismo origen: incomodidad frente a una prueba cuya fiabilidad no se aprecia a simple vista.

El problema se vuelve especialmente grave en litigios de crédito, cobranza y ejecución mercantil. En esos casos, una contraparte de mala fe no necesita probar que la firma es falsa. Muchas veces le basta con sembrar ruido. Puede cuestionar la identidad del firmante. Puede atacar la cadena de conservación. Puede explotar diferencias de formato, horarios, metadatos o certificados. Aunque esas objeciones sean débiles, pueden ser suficientes para activar la inseguridad del juzgador si el estándar informal que está aplicando se parece más a certeza absoluta que a probabilidad preponderante.

La verdadera vulnerabilidad no está en que la evidencia digital no sirva, ni en que la criptografía sea débil, ni en que la ley mexicana rechace los mensajes de datos. Está en la distancia entre lo que la tecnología puede demostrar y lo que el tribunal está dispuesto a entender como suficientemente demostrado.

Por eso, en México, una plataforma de firma electrónica no puede diseñarse solo para firmar documentos. Tiene que diseñarse para litigarlos. Eso no significa generar la mayor cantidad posible de evidencia, cada elemento adicional es también un flanco potencial, sino generar la evidencia necesaria y suficiente: identidad, consentimiento, integridad, conservación y trazabilidad, estructurada de forma que el juez pueda seguir el razonamiento sin necesitar convertirse en experto técnico.

La Primera Sala de la Suprema Corte, en el amparo directo en revisión 945/2018, dio una clave importante: la tecnología no tiene que ser incontestable; tiene que arrojar suficientes datos fácticos verificables o refutables para que sea posible discutir en juicio la veracidad de lo ocurrido. Un buen expediente digital no pretende impedir que la contraparte mienta, objete o litigue de mala fe; pretende darle al juez suficientes elementos para distinguir entre una objeción seria y una duda fabricada. Si el estándar correcto es la probabilidad preponderante, el juez no necesita alcanzar certeza psicológica absoluta. Necesita decidir qué hipótesis está mejor confirmada por los datos disponibles.

En ese contexto, implementar firma electrónica para México exige aceptar tres realidades. 

Primera: el documento será impugnado. 

Segunda: el juez probablemente dudará más de lo digital que de lo físico, aunque lo digital sea técnicamente más verificable. 

Tercera: la contraparte buscará el flanco más pequeño para convertir una duda técnica en una duda jurídica.

En México, la evidencia digital no se diseña para el mundo ideal de la ley escrita. Se diseña para el sistema judicial que existe. En Mifiel llevamos una década internalizando ese entorno: cada tesis aislada, cada prevención recibida por un cliente, cada sentencia se ha convertido en un insumo de diseño. Porque una plataforma que no entienda cómo funciona un juzgado mexicano puede ser tecnológicamente correcta, pero probatoriamente insuficiente.

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Cuando fundamos Mifiel en 2016, nuestro perfil era enteramente ajeno al mundo del derecho tradicional. Éramos fundadores formados en ingeniería, sistemas y diseño. Veíamos los problemas desde la seguridad de la información, la eficiencia operativa y la experiencia de usuario. En una de nuestras primeras reuniones con áreas jurídicas corporativas, un abogado litigante me dijo una frase que tardé años en comprender: “Tomás, una cosa es lo que dice la ley y otra muy diferente es lo que pasa en los juzgados”. En ese momento me pareció una advertencia resignada. Hoy la entiendo como el diagnóstico de un problema mucho más profundo.

Para explicar por qué, hay que hablar del sello.

El fetiche del sello y la inercia de la prueba tasada

Había una pregunta que los abogados nos hacían de forma casi sistemática cada vez que presentábamos la plataforma: ¿Mifiel integra sellos? ¿Tienen una autorización del SAT? ¿Tienen una certificación visual del Gobierno? Desde una perspectiva técnica y criptográfica, esas preguntas no tenían sentido. Un documento firmado digitalmente es seguro por su propia matemática: hashes, llaves públicas, constancias de conservación. No entendía de dónde venía esa necesidad casi mística por la apariencia de un sello.

Con el tiempo lo entendí: los abogados no buscaban seguridad técnica. Buscaban un sustituto visual de la vieja prueba tasada.

Durante décadas, la maquinaria procesal mexicana operó bajo ese modelo: el legislador predeterminaba de forma rígida el valor exacto que debía otorgarse a cada tipo de prueba. La Primera Sala de la SCJN describió sus efectos en el amparo directo en revisión 945/2018, señalando que ese sistema llegó a desarrollar al máximo una función simplificadora que producía pruebas capaces de decidir automáticamente la litis, sin relación suficiente con la situación probatoria global. Si el documento tenía el sello correcto o la intervención del fedatario correcto, el sistema podía descansar. Como apuntó la propia Sala, la prueba tasada “privilegia las exigencias de certeza frente a las exigencias de justicia”.

El litigante tradicional busca inconscientemente trasladar ese automatismo al bit: quiere un elemento visual que exima al juez de tener que valorar.

El vértigo de la libre valoración y el vacío que dejó

Las reformas procesales del 2008 obligaron a la judicatura a migrar hacia la libre valoración de la prueba, donde el juzgador debe construir su razonamiento a partir del conjunto del material disponible, sin depender de categorías rígidas. Esa transición fue necesaria y correcta en su principio. Pero quedó incompleta.

Como advierte Jordi Ferrer Beltrán en la introducción del Manual de razonamiento probatorio de la SCJN, México arrastra un déficit histórico en la formación específica sobre razonamiento probatorio y criterios de racionalidad epistemológica. El sistema le dijo al juez que valorara libremente, pero no siempre le dio herramientas suficientes para hacerlo de manera metodológica.

Érika Yazmín Zárate Villa identifica la consecuencia directa en su análisis sobre la necesidad de estándares probatorios en el futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: sin umbrales objetivos de suficiencia, las partes quedan expuestas a la incertidumbre de la valoración individual de cada juzgador. El juzgador que no tiene una regla que le diga cuándo es suficiente una prueba tiende a buscar su propia seguridad de juicio, y esa seguridad muchas veces no se construye desde la probabilidad racional, sino desde la exigencia de certeza.

El síndrome de la prueba perfecta

A ese fenómeno lo llamo el síndrome de la prueba perfecta. No es una regla escrita. Es una inercia cultural: en lugar de preguntar qué hipótesis está mejor confirmada por el conjunto de pruebas disponibles, el sistema muchas veces pregunta si el juzgador puede estar absolutamente tranquilo al decidir. Ese cambio de pregunta altera todo el sistema.

En juicio, la certeza absoluta casi nunca existe. Lo que existe son grados de corroboración, hipótesis rivales, indicios, documentos y razonamiento inferencial. La función del juez no es encontrar una verdad incontestable, sino determinar qué versión de los hechos está mejor justificada conforme al estándar aplicable. La distinción es fundamental: la certeza psicológica mira hacia adentro del juez — qué tan tranquilo se siente al decidir. La probabilidad preponderante mira hacia afuera — qué tan bien confirmada está una hipótesis frente al material probatorio disponible. La primera puede volverse arbitraria. La segunda exige método.

La tesis PR.A.C.CN.4 C (12a.) (Registro digital: 2032004), derivada de la contradicción de criterios 145/2025, articula precisamente esa distinción: en materia mercantil no se exige certeza absoluta, sino que basta con que una hipótesis alcance un grado de confirmación lógica prevaleciente sobre sus alternativas. Aunque se trata de una tesis aislada sin fuerza obligatoria, su relevancia conceptual es clara. El estándar en materia patrimonial debería ser la probabilidad preponderante, no la tranquilidad psicológica del juzgador.

La pregunta correcta no debería ser: “¿puedo imaginar alguna duda?”

La pregunta correcta debería ser: “después de valorar todo el material probatorio, ¿qué hipótesis es más probable?”

Cuando la justicia le teme a las probabilidades, termina premiando el formalismo, la dilación y quien mejor sabe fabricar incertidumbre. Ese problema atraviesa la valoración de la prueba en general, pero se vuelve especialmente agudo cuando el medio probatorio exige conocimientos técnicos que el juzgador no domina. Ese es el territorio que analiza la segunda parte de esta serie.

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