El problema de la evidencia digital en México no es únicamente técnico ni únicamente jurídico. Es la combinación de ambos.

En el artículo anterior sostuve que muchos tribunales mexicanos arrastran una inercia probatoria que podríamos llamar el síndrome de la prueba perfecta: ante la falta de estándares claros de suficiencia, el juzgador tiende a buscar certezas absolutas, especialmente en materias donde se siente expuesto a equivocarse. Esa tendencia ya es problemática para cualquier prueba. Pero cuando la prueba es digital, el problema se multiplica.

Un documento físico puede ser revisado desde categorías conocidas: firma autógrafa, sello, papel, rúbrica, certificación, fedatario, original, copia. El juez puede no ser experto en grafoscopía o documentoscopía, pero el objeto le resulta familiar. Pertenece al mundo visual y procesal que el derecho mexicano ha usado durante décadas. Un documento electrónico opera de otra manera. Su confiabilidad no depende de que “se vea oficial”, sino de que pueda verificarse técnicamente: cómo fue generado, firmado, conservado, asociado a una identidad, preservado en el tiempo y presentado en juicio.

Ahí surge el efecto compuesto. Primero, el sistema ya tiende a exigir demasiado porque no cuenta con parámetros probatorios suficientemente claros. Segundo, cuando la prueba es digital, el juzgador enfrenta una materia técnica que no necesariamente domina. La incertidumbre ordinaria del proceso se combina con la incertidumbre técnica del medio.

El resultado no es una suma. Es una multiplicación.

La ley reconoce el problema, pero no siempre lo resuelve. Durante veinticinco años, la norma de referencia fue el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, incorporado en la reforma de comercio electrónico del año 2000. Reconocía como prueba la información generada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, y ordenaba valorar primordialmente la fiabilidad del método mediante el cual esa información hubiera sido generada, comunicada, recibida o archivada. Ese código está en proceso de abrogación. Lo sustituyen los artículos 348, 349 y 350 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor gradual no puede exceder del 1 de abril de 2027.

El punto no es el cambio de numeración. En noviembre de 2025, un decreto de homologación normativa reformó más de sesenta ordenamientos para alinearlos con el nuevo código. Entre ellos el artículo 1061 Bis del Código de Comercio, que ahora dispone que en todos los juicios mercantiles el valor probatorio de la información generada o comunicada en medios digitales, ópticos o cualquier otra tecnología se regirá conforme a los artículos 348, 349 y 350 del Código Nacional. No es supletoriedad, es remisión expresa. El mismo decreto hizo lo propio con el artículo 130 del Código Fiscal de la Federación y con el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Tres artículos concentran hoy la valoración de la prueba digital en materia mercantil, fiscal y contencioso administrativa.

Conviene entonces mirar qué dicen esos tres artículos. El 348 amplía el catálogo tecnológico para mencionar expresamente los medios digitales y la cadena de bloques. El 350 traslada la regla de forma original y agrega los medios cuánticos. Y el 349, el que contiene el estándar de valoración, reproduce el texto del año 2000 palabra por palabra.

El legislador tuvo veinticinco años de práctica judicial acumulada, escribió un código procesal desde cero y después movió sesenta ordenamientos para apuntar hacia él. Con esa oportunidad decidió enumerar más tecnologías y no aportar un solo criterio adicional para evaluarlas. La norma sigue abriendo la puerta sin entregar suficientes herramientas para cruzarla: ¿qué significa “fiabilidad del método” para un juez que nunca ha recibido formación técnica en criptografía aplicada, infraestructura de llave pública o validación de identidad digital? La pregunta nunca había estado tan centralizada ni tan sin respuesta.

Ante esa ambigüedad, la reacción judicial suele tomar dos caminos.

El primero es exigir el máximo posible para evitar el análisis técnico. Si una firma electrónica avanzada tiene una presunción legal más fuerte, entonces algunos juzgadores prefieren convertirla en requisito práctico, incluso en contextos donde el debate jurídico debería ser más matizado. La Tesis Aislada 2031391 ilustra esa tendencia en materia de pagarés digitales. Aunque no tiene fuerza obligatoria general, hemos visto que algunos juzgados ya la están usando como criterio operativo para desechar demandas cuando el pagaré fue firmado con firma electrónica simple y no con firma electrónica avanzada. La lógica de fondo es reveladora: si el documento no alcanza el estándar formal más alto, se evita discutir la confiabilidad concreta del método utilizado. El análisis probatorio queda desplazado por una regla de comodidad.

El segundo camino es intentar que el documento electrónico se comporte visualmente como papel. La Tesis 2031392 apunta en esa dirección al trasladar al endoso electrónico expectativas formales propias del endoso físico. En lugar de valorar la tecnología conforme a su propia lógica, se le exige parecerse al objeto tradicional que el juzgador ya conoce.

Ambas reacciones tienen el mismo origen: incomodidad frente a una prueba cuya fiabilidad no se aprecia a simple vista.

El problema se vuelve especialmente grave en litigios de crédito, cobranza y ejecución mercantil. En esos casos, una contraparte de mala fe no necesita probar que la firma es falsa. Muchas veces le basta con sembrar ruido. Puede cuestionar la identidad del firmante. Puede atacar la cadena de conservación. Puede explotar diferencias de formato, horarios, metadatos o certificados. Aunque esas objeciones sean débiles, pueden ser suficientes para activar la inseguridad del juzgador si el estándar informal que está aplicando se parece más a certeza absoluta que a probabilidad preponderante.

La verdadera vulnerabilidad no está en que la evidencia digital no sirva, ni en que la criptografía sea débil, ni en que la ley mexicana rechace los mensajes de datos. Está en la distancia entre lo que la tecnología puede demostrar y lo que el tribunal está dispuesto a entender como suficientemente demostrado.

Por eso, en México, una plataforma de firma electrónica no puede diseñarse solo para firmar documentos. Tiene que diseñarse para litigarlos. Eso no significa generar la mayor cantidad posible de evidencia, cada elemento adicional es también un flanco potencial, sino generar la evidencia necesaria y suficiente: identidad, consentimiento, integridad, conservación y trazabilidad, estructurada de forma que el juez pueda seguir el razonamiento sin necesitar convertirse en experto técnico.

La Primera Sala de la Suprema Corte, en el amparo directo en revisión 945/2018, dio una clave importante: la tecnología no tiene que ser incontestable; tiene que arrojar suficientes datos fácticos verificables o refutables para que sea posible discutir en juicio la veracidad de lo ocurrido. Un buen expediente digital no pretende impedir que la contraparte mienta, objete o litigue de mala fe; pretende darle al juez suficientes elementos para distinguir entre una objeción seria y una duda fabricada. Si el estándar correcto es la probabilidad preponderante, el juez no necesita alcanzar certeza psicológica absoluta. Necesita decidir qué hipótesis está mejor confirmada por los datos disponibles.

En ese contexto, implementar firma electrónica para México exige aceptar tres realidades. 

Primera: el documento será impugnado. 

Segunda: el juez probablemente dudará más de lo digital que de lo físico, aunque lo digital sea técnicamente más verificable. 

Tercera: la contraparte buscará el flanco más pequeño para convertir una duda técnica en una duda jurídica.

En México, la evidencia digital no se diseña para el mundo ideal de la ley escrita. Se diseña para el sistema judicial que existe. En Mifiel llevamos una década internalizando ese entorno: cada tesis aislada, cada prevención recibida por un cliente, cada sentencia se ha convertido en un insumo de diseño. Porque una plataforma que no entienda cómo funciona un juzgado mexicano puede ser tecnológicamente correcta, pero probatoriamente insuficiente.

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Cuando fundamos Mifiel en 2016, nuestro perfil era enteramente ajeno al mundo del derecho tradicional. Éramos fundadores formados en ingeniería, sistemas y diseño. Veíamos los problemas desde la seguridad de la información, la eficiencia operativa y la experiencia de usuario. En una de nuestras primeras reuniones con áreas jurídicas corporativas, un abogado litigante me dijo una frase que tardé años en comprender: “Tomás, una cosa es lo que dice la ley y otra muy diferente es lo que pasa en los juzgados”. En ese momento me pareció una advertencia resignada. Hoy la entiendo como el diagnóstico de un problema mucho más profundo.

Para explicar por qué, hay que hablar del sello.

El fetiche del sello y la inercia de la prueba tasada

Había una pregunta que los abogados nos hacían de forma casi sistemática cada vez que presentábamos la plataforma: ¿Mifiel integra sellos? ¿Tienen una autorización del SAT? ¿Tienen una certificación visual del Gobierno? Desde una perspectiva técnica y criptográfica, esas preguntas no tenían sentido. Un documento firmado digitalmente es seguro por su propia matemática: hashes, llaves públicas, constancias de conservación. No entendía de dónde venía esa necesidad casi mística por la apariencia de un sello.

Con el tiempo lo entendí: los abogados no buscaban seguridad técnica. Buscaban un sustituto visual de la vieja prueba tasada.

Durante décadas, la maquinaria procesal mexicana operó bajo ese modelo: el legislador predeterminaba de forma rígida el valor exacto que debía otorgarse a cada tipo de prueba. La Primera Sala de la SCJN describió sus efectos en el amparo directo en revisión 945/2018, señalando que ese sistema llegó a desarrollar al máximo una función simplificadora que producía pruebas capaces de decidir automáticamente la litis, sin relación suficiente con la situación probatoria global. Si el documento tenía el sello correcto o la intervención del fedatario correcto, el sistema podía descansar. Como apuntó la propia Sala, la prueba tasada “privilegia las exigencias de certeza frente a las exigencias de justicia”.

El litigante tradicional busca inconscientemente trasladar ese automatismo al bit: quiere un elemento visual que exima al juez de tener que valorar.

El vértigo de la libre valoración y el vacío que dejó

Las reformas procesales del 2008 obligaron a la judicatura a migrar hacia la libre valoración de la prueba, donde el juzgador debe construir su razonamiento a partir del conjunto del material disponible, sin depender de categorías rígidas. Esa transición fue necesaria y correcta en su principio. Pero quedó incompleta.

Como advierte Jordi Ferrer Beltrán en la introducción del Manual de razonamiento probatorio de la SCJN, México arrastra un déficit histórico en la formación específica sobre razonamiento probatorio y criterios de racionalidad epistemológica. El sistema le dijo al juez que valorara libremente, pero no siempre le dio herramientas suficientes para hacerlo de manera metodológica.

Érika Yazmín Zárate Villa identifica la consecuencia directa en su análisis sobre la necesidad de estándares probatorios en el futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: sin umbrales objetivos de suficiencia, las partes quedan expuestas a la incertidumbre de la valoración individual de cada juzgador. El juzgador que no tiene una regla que le diga cuándo es suficiente una prueba tiende a buscar su propia seguridad de juicio, y esa seguridad muchas veces no se construye desde la probabilidad racional, sino desde la exigencia de certeza.

El síndrome de la prueba perfecta

A ese fenómeno lo llamo el síndrome de la prueba perfecta. No es una regla escrita. Es una inercia cultural: en lugar de preguntar qué hipótesis está mejor confirmada por el conjunto de pruebas disponibles, el sistema muchas veces pregunta si el juzgador puede estar absolutamente tranquilo al decidir. Ese cambio de pregunta altera todo el sistema.

En juicio, la certeza absoluta casi nunca existe. Lo que existe son grados de corroboración, hipótesis rivales, indicios, documentos y razonamiento inferencial. La función del juez no es encontrar una verdad incontestable, sino determinar qué versión de los hechos está mejor justificada conforme al estándar aplicable. La distinción es fundamental: la certeza psicológica mira hacia adentro del juez — qué tan tranquilo se siente al decidir. La probabilidad preponderante mira hacia afuera — qué tan bien confirmada está una hipótesis frente al material probatorio disponible. La primera puede volverse arbitraria. La segunda exige método.

La tesis PR.A.C.CN.4 C (12a.) (Registro digital: 2032004), derivada de la contradicción de criterios 145/2025, articula precisamente esa distinción: en materia mercantil no se exige certeza absoluta, sino que basta con que una hipótesis alcance un grado de confirmación lógica prevaleciente sobre sus alternativas. Aunque se trata de una tesis aislada sin fuerza obligatoria, su relevancia conceptual es clara. El estándar en materia patrimonial debería ser la probabilidad preponderante, no la tranquilidad psicológica del juzgador.

La pregunta correcta no debería ser: “¿puedo imaginar alguna duda?”

La pregunta correcta debería ser: “después de valorar todo el material probatorio, ¿qué hipótesis es más probable?”

Cuando la justicia le teme a las probabilidades, termina premiando el formalismo, la dilación y quien mejor sabe fabricar incertidumbre. Ese problema atraviesa la valoración de la prueba en general, pero se vuelve especialmente agudo cuando el medio probatorio exige conocimientos técnicos que el juzgador no domina. Ese es el territorio que analiza la segunda parte de esta serie.

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Imagina la escena: tu equipo de recuperación de cartera inicia un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré digital. El documento fue firmado mediante una firma electrónica avanzada y cuenta con la constancia de conservación de mensajes de datos de conformidad con  la NOM-151. Por lo tanto, tienen plena confianza en el blindaje tecnológico. Sin embargo, el Juez  desecha la demanda o niega el auto de exequendo. ¿El motivo? El pagaré carece de la mención expresa del lugar y/o de la fecha de suscripción en el cuerpo de texto. La contraparte interpone con éxito la excepción de falta de requisitos esenciales.

Como directores jurídicos y abogados in-house, la adopción de esquemas digitales es indispensable para la agilidad del negocio. No obstante, en el ecosistema judicial mexicano existe una premisa dogmática rigurosa: la equivalencia funcional no purga los vicios formales ni los requisitos de eficacia de los títulos de crédito. En ese sentido,  el artículo tiene como objetivo delimitar la doctrina y criterios judiciales vigentes para prevenir contingencias procesales.

La paradoja de la “cura digital”

En la práctica corporativa suele cometerse un error de apreciación técnica y jurídica: asumir que la emisión de un sello digital de tiempo y una constancia de conservación “sanan” o convalidan las deficiencias del título. Esto conlleva a la equivocación de mezclar la integridad del mensaje de datos con los requisitos literales que debe contener el pagaré.

La doctrina mercantil mexicana y los criterios de los diversos tribunales determinan que los títulos de crédito son formales por excelencia. El artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) es taxativo. Los elementos esenciales —singularmente la fecha y el lugar de suscripción— determinan cuestiones procesales críticas como la competencia por territorio, la prescripción de la acción y la capacidad jurídica del suscriptor al momento de obligarse.

Una constancia de conservación emitida por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) únicamente acredita dos elementos: que el mensaje de datos no ha sido alterado desde su firma (integridad) y el momento exacto en que surgió en su forma definitiva (fecha cierta de conservación). Sin embargo, la NOM-151 no tiene el alcance normativo de reponer los requisitos formales que la ley sustantiva exige para la constitución del título. Si el pagaré nace incompleto, la tecnología no subsanará su naturaleza de documento nulo o carente de aparejada ejecución.

Doctrina judicial: El Principio de Unidad (incorporación) del Título frente a la literalidad

Para estructurar defensas robustas, el abogado in-house debe dominar los alcances del Principio de Unidad del Título.

De conformidad con la regulación mercantil, el pagaré constituye una unidad jurídica indivisible. Uno de sus requisitos es la firma del suscriptor (sea autógrafa, electrónica simple o avanzada), que únicamente presume la autoría y vinculación de la totalidad de las declaraciones contenidas en el instrumento. En relación con los demás requisitos del pagaré, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido históricamente que el legislador no impuso una distribución espacial o cronológica restrictiva dentro del papel o archivo para asentar los datos; por ende, si el lugar y/o fecha de suscripción constan de manera clara en el proemio, en las cláusulas o en el cierre del documento, el requisito del artículo 170, fracción V, se tiene por satisfecho.

El riesgo litigioso de confiar exclusivamente en los metadatos

Por otra parte, bajo la óptica del derecho informático y los artículos 5o. Bis y 17 de la LGTOC (en concordancia con los principios de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica del Código de Comercio), los metadatos, logs de auditoría y archivos XML forman parte integral del mensaje de datos. Técnicamente, las coordenadas de geolocalización registran de forma aproximada dónde y cuándo se plasmó la firma, sin embargo, este elemento no deben considerarse como sustitutos perfectos o equivalente de la fracción V, del art. 170 de la LGTOC:

“Artículo 170.- El pagaré debe contener:

  V.- La fecha y el lugar en que se subscriba el documento

…”

En tales condiciones, trasladar esta lógica técnica al estricto formalismo del juicio ejecutivo mercantil implica un riesgo por las siguientes razones jurisprudenciales:

• Principio de Literalidad: El derecho incorporado en el título se mide exclusivamente por lo que de forma expresa e inequívoca se asiente en él. Exigirle al juzgador que extraiga el lugar de suscripción mediante el análisis o peritaje de los metadatos o una cadena de caracteres hexadecimales desnaturaliza la sumariedad de la vía ejecutiva.
• Criterios judiciales: Existen criterios judiciales, en específico la tesis 1a./J. 11/2011 (10a.) que permiten tener una lectura menos restrictiva :…cuando en el texto del documento material en el que se plasma el pagaré existe el señalamiento de un lugar que razonablemente puede considerarse el de suscripción, debe tenerse por satisfecho ese requisito formal, aun cuando dicha referencia se encuentre después de la firma del suscriptor…

Asimismo, la resolución D.C. 155/2025 del Decimosexto Tribunal Colegiado en materia Civil del primer circuito, consideró que: …a juicio de este tribunal es aplicable al régimen electrónico, dado que el elemento determinante, no es el medio físico, sino la existencia de una referencia clara y razonable al lugar de suscripción dentro del propio documento. En los títulos electrónicos, esa identificación puede constar en la sección de metadatos o dentro del certificado de vinculación de firma electrónica, el cual forma parte indivisible del documento conforme a los principios de integridad…

No obstante lo anterior, depender de que el metadato “salve” la omisión del texto literal abre una ventana para que el demandado oponga con éxito excepciones en contra de la ejecución, convirtiendo un juicio sumario en un procedimiento ordinario de larga duración.

Matriz de prevención: Checklist de blindaje para el diseño legal digital

Para mitigar riesgos, se sugiere evaluar los elementos tecnológicos contra el siguiente control jurídico:

1. Firma Electrónica Avanzada / Simple

• Acreditación Procesal: Atribución e identidad. Demuestra la manifestación de la voluntad del deudor  y vincula al firmante con el contenido del documento electrónico bajo la presunción de atribución.
• Riesgo de Omisión: No convalida la ausencia de requisitos del Art. 170 de la LGTOC, es decir,  la firma de un pagaré sin mención de lugar y/o fecha de suscripción sigue siendo procesalmente defectuosa.

2. Constancia de Conservación (NOM-151)

• Acreditación Procesal: Integridad y no alteración. Genera la garantía legal de que el pagaré no ha sido modificado desde el momento  de su firma (integridad) y otorga fecha cierta.
• Riesgo de Omisión: No dota de validez sustancial al contenido. Si el texto del pagaré carecía del lugar de pago y/o fecha de suscripción, la NOM-151 únicamente dará certeza de integridad en el tiempo, no subsanará la omisión.

Conclusión

En el diseño de estrategias digitales, la tecnología jamás debe operar como el sustituto de requisitos de formalidad legal. La firma electrónica avanzada o simple y la constancia de conservación NOM-151 constituyen herramientas probatorias en juicio relativas a la atribución e integridad del mensaje de datos. Sin embargo, carecen de la facultad jurídica para subsanar la nulidad relativa de un título de crédito mal estructurado desde su origen que carezca de lugar y fecha de suscripción.

Para el área jurídica in-house, el éxito de la transformación digital no radica en cuántos pagarés automatizados se emiten, sino en cuántos de ellos resisten de forma satisfactoria un examen de excepciones procesales en un tribunal. En consecuencia, deben asegurarse que la creación del pagaré digital, literalmente contenga el lugar y la fecha de suscripción dentro del cuerpo; ya que es la única vía cierta para mantener la aparejada ejecución y salvaguardar los activos financieros de la compañía.

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Este artículo es parte de la serie “Firma electrónica en juicio: lo que está pasando del lado del demandado.” Si llegaste directamente aquí, el artículo introductorio te da el marco completo.

La firma electrónica simple es la categoría más amplia y la más heterogénea del panorama de la firma electrónica en México. Bajo el paraguas del artículo 89 del Código de Comercio caben desde un clic en un checkbox hasta una verificación biométrica facial con prueba de vida. Lo que las unifica es que identifican al firmante y tienen validez legal. Lo que las diferencia es algo que no siempre se ve en el documento: dónde vive la evidencia de que esa persona específica firmó ese documento específico.

Esa diferencia es la que determina si la atribución puede someterse a verificación independiente o si depende del acceso a los sistemas internos de quien demanda.

La cadena de atribución

Para que una firma electrónica simple pueda acreditar que una persona determinada firmó un documento determinado, tiene que existir una cadena que conecte tres elementos: la identidad de la persona, el mecanismo de autenticación utilizado, y el documento firmado.

Cómo se construye esa cadena y dónde se almacena es lo que determina si puede verificarse de forma independiente.

Los mecanismos y su problema estructural

Cuando la firma se sustenta en un OTP enviado por SMS, la cadena funciona así: se envía un código a un número de teléfono, alguien lo ingresa, y el sistema registra que ese código fue ingresado en el contexto de ese documento. Cada eslabón de esa cadena vive en los sistemas internos de la plataforma: qué número recibió el código, si ese número estaba verificado como perteneciente al firmante, qué logs existen del evento.

Cuando la firma se sustenta en un enlace enviado por correo electrónico o en un NIP, la cadena es similar y el problema estructural es el mismo: la evidencia de que ese correo o ese número pertenecía a esa persona, de que el mecanismo fue utilizado para ese documento específico, y de los registros del evento vive en sistemas internos.

En todos estos casos, si la parte actora no puede producir esa evidencia en formato auditable para un perito externo, la estructura del problema es idéntica a la de los bancos: la evidencia de autenticación vive en sistemas que solo una de las partes controla, y cuando no puede producirse de forma independiente, el principio de facilidad probatoria opera.

El OTP tiene además una vulnerabilidad sustantiva que va más allá de la estructura probatoria: prueba que alguien con acceso al número de teléfono recibió e ingresó un código en ese momento. No prueba que ese alguien sea la persona cuya identidad se invoca. La diferencia entre acceso a un número e identidad del titular es un argumento independiente que puede plantearse con o sin el problema de verificabilidad.

El contraste: cuando la evidencia viaja con el documento

Hay mecanismos de firma simple donde la evidencia de atribución no vive en sistemas internos sino en el documento mismo.

Cuando la firma se sustenta en verificación biométrica facial con prueba de vida, y esa verificación queda encodeada dentro del propio documento (la selfie, la prueba de vida, la fotografía de la identificación oficial), la evidencia no requiere acceso a ningún sistema externo para ser examinada. Cualquier parte puede ver quién se verificó, con qué identificación, y confirmar que esa evidencia corresponde al documento que se presenta en juicio.

Esta arquitectura resuelve el problema estructural que tienen los mecanismos basados en OTP o correo: la atribución no depende de logs internos sino de evidencia que viaja con el documento y puede ser verificada de forma independiente.

La distinción no es entre firma simple válida e inválida. Es entre firma simple cuya atribución puede verificarse de forma independiente y firma simple cuya atribución depende del acceso a sistemas que solo la plataforma controla.

La conexión con el caso bancario

La jurisprudencia 1a./J. 17/2021 (10a.) de la Suprema Corte no habló de OTP específicamente. Habló de sistemas donde la evidencia de autenticación no puede producirse en formato auditable para verificación independiente. Los bancos perdieron porque sus logs de autenticación vivían en sistemas internos que no podían peritiarse externamente.

La misma lógica aplica cuando una firma simple sustentada en OTP o correo electrónico llega a juicio y la parte actora no puede producir la cadena de atribución en formato que un perito externo pueda verificar. El principio es el mismo. El contexto cambia. El resultado puede ser el mismo.

Lo que estamos viendo

El uso de OTP como mecanismo de firma está extendido en servicios financieros, telecomunicaciones y comercio electrónico. En muchos casos funciona operativamente y los documentos se firman sin controversia. El problema aparece cuando hay una disputa y la parte demandada, sin negar la presunción de atribución, solicita los elementos técnicos necesarios para realizar una pericial que permita verificarla de forma independiente. Si la plataforma no puede producirlos en formato auditable, el principio de facilidad probatoria opera.

La pregunta que todavía no tiene respuesta jurisprudencial consolidada fuera del contexto bancario es la misma que resolvió la Suprema Corte para los bancos: si la plataforma no puede producir la cadena de atribución en formato auditable, ¿quién carga con la prueba?

Los fundamentos para responder esa pregunta de la misma manera que se respondió para los bancos ya están establecidos. El recorrido judicial específico para firma simple con OTP está comenzando.

Los vectores que documenta esta serie no son un catálogo cerrado. Son los patrones que hemos visto operar en tribunales o que tienen bases jurídicas suficientes para operar pronto. El artículo introductorio de la serie ofrece el marco que los conecta y la lógica que los unifica. 

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Este artículo es parte de la serie “Firma electrónica en juicio: lo que está pasando del lado del demandado.” Si llegaste directamente aquí, el artículo introductorio te da el marco completo.

Es común encontrar contratos firmados mediante una firma autógrafa digitalizada: la persona dibuja su firma con el dedo sobre la pantalla del teléfono o con el mouse. La firma aparece en el documento. Todo luce como si hubiera sido firmado.

Lo que hemos documentado en disputas relacionadas con este tipo de firma es un patrón que compromete la atribución de una forma específica y que no requiere entrar al terreno técnico de la criptografía para ser argumentado.

Qué son y qué no son legalmente

La firma autógrafa digitalizada no es una firma electrónica en el sentido del artículo 89 del Código de Comercio. No cumple los requisitos técnicos que el Código establece para que un método de identificación sea reconocido como tal. Sí es una forma de manifestar voluntad por medios electrónicos, y como tal tiene relevancia jurídica.

Pero esa relevancia no viene acompañada de la presunción de atribución que sí existe para la firma electrónica. Quien demanda con una firma autógrafa digitalizada tiene que probar que esa firma corresponde a la persona que dice haberla puesto. No hay presunción que trabaje a su favor.

El problema de la captura única

El proceso que hemos visto operar en varias plataformas es el siguiente: al inicio de la relación, se le pide al usuario que dibuje su firma una sola vez. Esa imagen se guarda. A partir de ese momento, cada vez que se genera un documento que requiere la firma del usuario, el sistema estampa automáticamente esa misma imagen guardada.

El resultado es que múltiples documentos distintos, o múltiples campos dentro del mismo documento, muestran firmas que son copias exactas del mismo archivo de imagen.

El argumento forense: la variación natural que no existe

Aquí está el núcleo del vector.

Una firma autógrafa producida por una persona en distintos momentos nunca es idéntica a sí misma. Varía la presión, el ángulo, la velocidad del trazo, el punto de inicio, las proporciones. Son variaciones pequeñas, a veces imperceptibles a simple vista, pero están siempre presentes porque el acto de firmar es un proceso motor que el cuerpo no replica de forma exacta.

Cuando dos firmas son pixel-perfect idénticas, esa identidad exacta es evidencia de que no fueron producidas de forma independiente. Son copias de un mismo archivo.

Un perito grafoscópico puede establecer esto con los métodos propios de su disciplina. No se requiere entrar al terreno criptográfico ni a la arquitectura de la plataforma. El argumento vive en el documento mismo.

Las dos direcciones del argumento

La primera aplica cuando hay múltiples documentos. Si los documentos que se presentan en juicio muestran firmas idénticas entre sí, la persona puede reconocer haber firmado uno de ellos y negar los demás. La identidad exacta de las firmas es consistente con esa versión: firmó una vez, y esa imagen fue copiada al resto.

La segunda aplica incluso dentro de un solo documento. Muchos contratos tienen campos de firma en varias páginas o secciones. Si todas esas firmas son idénticas, la firma múltiple que debería mostrar que la persona revisó y autorizó cada sección resulta ser la misma imagen repetida. El propósito de firmar en múltiples lugares queda vaciado.

En ambos casos, lo que la evidencia muestra no es que la persona firmó múltiples veces. Es que la plataforma estampó una imagen múltiples veces. Y eso es lo opuesto de atribución.

Por qué este argumento es accesible para el juzgador

La mayoría de los vectores de esta serie requieren que el juzgador entienda conceptos técnicos: hashes, cadenas de certificación, logs de servidor. Este no.

La lógica de que una firma humana no puede ser idéntica a otra firma humana es intuitiva y no requiere conocimientos especializados. El juez puede ver las firmas, puede ver que son idénticas, y puede seguir el argumento sin necesidad de un traductor técnico. Eso hace que este vector sea especialmente efectivo en contextos donde la pericial grafoscópica es más accesible que la informática, o donde el expediente no va a tener pericial técnica en absoluto.

Lo que estamos viendo

Este patrón aparece en cualquier plataforma que captura la firma del usuario una sola vez y la reutiliza en documentos posteriores. No es exclusivo de ningún sector ni de ningún tipo de contrato. La práctica responde a una lógica de eficiencia operativa que probablemente nunca anticipó ser cuestionada en juicio. Pero el argumento que crea es directo: si todas las firmas son la misma imagen, nadie firmó esos documentos. La plataforma los estampó.

La práctica de capturar la firma una vez y reutilizarla responde a una lógica de eficiencia operativa que probablemente nunca anticipó ser cuestionada en juicio. Pero el argumento que crea es directo: si todas las firmas son la misma imagen, nadie firmó esos documentos. La plataforma los estampó.

La firma autógrafa estampada es un problema de atribución que se argumenta visualmente. El último artículo de la serie aborda otro problema de atribución, esta vez en la firma electrónica simple sustentada en OTP, correo o NIP, donde la evidencia no vive en el documento sino en los sistemas de quien demanda. 

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Cuando la parte actora presenta un documento con firma electrónica avanzada, la posición procesal de entrada es favorable para quien demanda: el Código de Comercio establece que una firma avanzada que cumple los requisitos del artículo 97 goza de una presunción de fiabilidad. Quien la quiera tumbar tiene que probar que no sirve.

Pero esa presunción tiene una condición: que la firma sea realmente avanzada. Y en el mercado mexicano de firma electrónica, esa condición se cumple con menos frecuencia de lo que los documentos sugieren.

Lo que distingue a la firma avanzada

El Código de Comercio reconoce dos tipos de firma electrónica. La firma simple, regulada por el artículo 89, identifica al firmante y tiene plena validez legal. Sirve para la gran mayoría de actos jurídicos y no tiene nada de malo en sí misma.

La firma avanzada o fiable, regulada por el artículo 97, cumple requisitos adicionales que le otorgan un respaldo técnico y jurídico mayor. En la práctica, ese respaldo proviene de un certificado de firma electrónica avanzada emitido por una entidad facultada para ello: el SAT a través de la e.firma, o un PSC con acreditación específica para la emisión de certificados digitales.

Las dos son válidas. La diferencia no es de validez sino de peso probatorio y posición procesal. Con una firma avanzada real, la fiabilidad se presume. Además, las fracciones III y IV del artículo 99 del Código de Comercio establecen obligaciones específicas para el titular del certificado: responsabilizarse de las consecuencias jurídicas del uso de su firma y responsabilizarse por las obligaciones derivadas del uso de su firma (aún si se trató de uso no autorizado). Esto crea la posición de no repudio de la que goza la firma electrónica avanzada y que la firma simple no tiene.

Con una firma que no está respaldada por un certificado emitido por un PSC autorizado para ello, la fiabilidad no se presume. Eso no significa que la firma sea automáticamente inválida: el último párrafo del artículo 97 reconoce que puede ser fiable, pero establece que quien la invoca tiene que demostrarlo. En lugar de llegar a juicio con una presunción a favor, llegas con la carga de primero probar que la firma cumplía los requisitos de fiabilidad.

El problema: la avanzada que en realidad es simple

En el mercado de firma electrónica en México es frecuente encontrar plataformas que ofrecen lo que describen como “firma electrónica avanzada” sin que esa descripción corresponda a lo que el Código de Comercio exige.

Hay tres argumentos que hemos visto usarse para sostener que una firma es avanzada cuando no lo es.

El primero: “tenemos NOM-151.” La constancia de conservación acredita integridad y fecha cierta. No convierte una firma en avanzada ni sustituye los requisitos del artículo 97.

El segundo: “usamos biometría.” La verificación biométrica es un mecanismo de atribución que puede fortalecer una firma simple. No es, por sí sola, lo que hace a una firma avanzada bajo el Código de Comercio.

El tercero: “somos PSC.” Aquí hay dos capas que conviene distinguir.

La primera: ser PSC no es una acreditación uniforme. La Secretaría de Economía acredita a los PSC servicio por servicio. Un PSC puede estar acreditado para emitir sellos de tiempo y para conservación de mensajes de datos sin estar acreditado para la emisión de certificados digitales. Si emite certificados de firma sin esa acreditación específica, los emite fuera de su calidad de PSC. Ninguna autoridad ha avalado ese servicio.

La segunda, más sutil: incluso un PSC que sí tiene acreditación para emitir certificados puede emitir dos tipos distintos. Los certificados de firma electrónica avanzada requieren que el titular se haya identificado de forma presencial ante el PSC. Si el certificado no se tramitó presencialmente, no es un certificado de firma avanzada, aunque el PSC esté autorizado para emitir ese tipo de certificados. La distinción entre ambos tipos no siempre es visible en el documento y requiere verificación específica.

Cómo verificarlo

La Secretaría de Economía publica el directorio de PSC acreditados en psc.economia.gob.mx, con el detalle de los servicios que tiene acreditados cada uno. Lo que hay que buscar es la acreditación específica de emisión de certificados digitales. Si el directorio solo muestra sellos de tiempo o conservación de mensajes de datos para ese PSC, no está facultado para emitir certificados de firma avanzada.

Adicionalmente, el certificado del firmante en el documento indica quién lo emitió. Si lo emitió la autoridad certificadora interna de la propia plataforma y esa plataforma no tiene acreditación para emisión de certificados, ese certificado no tiene el respaldo que una firma avanzada requiere.

El caso de los pagarés

Las consecuencias de esta confusión son especialmente significativas en títulos de crédito.

Han surgido criterios judiciales recientes, todavía en formación, que exigen firma electrónica avanzada para que un pagaré digital produzca los efectos propios de un título de crédito. La discusión no está resuelta, pero los criterios existen y están siendo invocados.

En ese contexto, descubrir a media ejecución que la firma que sustenta el pagaré era simple disfrazada de avanzada puede transformar un juicio ejecutivo mercantil en un proceso que primero tiene que demostrar que el título produce efectos de crédito.

Lo que estamos viendo

La confusión entre firma simple y avanzada no es nueva, pero su relevancia procesal está creciendo a medida que más documentos firmados electrónicamente llegan a los juzgados.

Lo que hemos documentado es que la distinción entre simple y avanzada, y las consecuencias que el artículo 97 establece para cada caso, rara vez se plantea de entrada. Se presenta el documento, se invoca la firma electrónica, y el debate se va a otros elementos.

Cuando la distinción se plantea, la verificación en el directorio de la Secretaría de Economía es rápida y el resultado es concluyente. El directorio dice qué tiene acreditado cada PSC. Si no está ahí, no está.

Los tres vectores anteriores operan en el terreno de la criptografía y la certificación. El siguiente es distinto: no requiere pericial en informática ni análisis de certificados para argumentarse. Vive en algo que cualquiera puede ver directamente en el documento.

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Este artículo es parte de la serie “Firma electrónica en juicio: lo que está pasando del lado del demandado.” Si llegaste directamente aquí, el artículo introductorio te da el marco completo.

Cuando un documento firmado electrónicamente llega a juicio con una constancia de conservación NOM-151, la reacción natural es asumir que ese elemento está cubierto. Hay un sello, hay un PSC, hay una fecha. Eso cierra la discusión sobre integridad.

Pero la constancia de conservación es un instrumento más específico de lo que parece, y su valor probatorio depende de dos preguntas que rara vez se hacen: ¿sobre qué exactamente se emitió esta constancia, y quién la emitió?

Qué hace y qué no hace la NOM-151

La constancia de conservación emitida bajo la NOM-151-SCFI-2016 responde a una pregunta concreta: ¿existía este mensaje de datos, con este contenido exacto, en este momento?

Para responderla, el PSC recibe el mensaje de datos, calcula su valor hash y emite una constancia firmada digitalmente que incluye ese hash y un sello de tiempo certificado. Cuando esa constancia existe y es válida, acredita dos cosas: que el mensaje de datos existía en ese momento, y que no ha sido modificado desde entonces.

Lo que la NOM-151 no acredita es quién firmó ni si las firmas son técnicamente válidas. La constancia responde por integridad y fecha cierta. La atribución corresponde a otros elementos del documento. Son preguntas distintas y no deben confundirse.

La primera confusión: NOM-151 como sustituto de la firma válida

Hemos visto plataformas que presentan la NOM-151 como evidencia de validez integral del documento. La cadena implícita es: tenemos constancia NOM-151, por lo tanto nuestra firma es válida. Esa cadena es incorrecta.

Una constancia NOM-151 válida acredita que un conjunto de datos existió en cierto momento y no ha sido alterado. No dice nada sobre si las firmas incluidas en ese conjunto de datos son auténticas, si los certificados que las respaldan son válidos, ni si la plataforma que las generó puede someterse a verificación técnica independiente.

Un documento puede tener una constancia NOM-151 impecable y firmas completamente inverificables. El primer vector de esta serie aplica con independencia de si el documento tiene o no constancia de conservación.

La segunda confusión: NOM-151 sobre el objeto equivocado

Este problema es más técnico y, en nuestra experiencia, más común de lo que parece.

Una constancia de conservación certifica la integridad de lo que se le entregó para certificar. Si se le entregó el documento original (el archivo que se mandó a firmar, antes de que alguien lo firmara), certifica la integridad de ese documento original. Si las firmas se añadieron después, la constancia no las cubre.

Hemos visto plataformas que operan exactamente así: generan la constancia sobre el mensaje de datos inicial y después añaden las firmas al documento. El resultado es un documento que tiene constancia NOM-151 y tiene firmas, pero la constancia no cubre las firmas.

Las consecuencias son significativas. Una constancia que no cubre las firmas no puede acreditar que esas firmas existían cuando se emitió la constancia, ni que no fueron modificadas o añadidas posteriormente. El elemento que debería dar certeza sobre la integridad del documento firmado deja de cumplir esa función.

Lo que debe verificarse es que la constancia cubra el documento y sus firmas, no solo el documento en su estado original previo a la firma.

El PSC: no basta con que exista

El segundo elemento que debe verificarse es quién emitió la constancia.

La NOM-151 requiere que la constancia sea emitida por un Prestador de Servicios de Certificación con la acreditación correspondiente. La Secretaría de Economía publica el directorio de PSC acreditados con el detalle de los servicios que cada uno tiene reconocidos. Lo que hay que confirmar es que el emisor tenga acreditado específicamente el servicio de conservación de mensajes de datos. Si no aparece con esa acreditación, la constancia carece del respaldo normativo que la NOM-151 requiere.

Adicionalmente, la constancia está firmada digitalmente por el PSC. Esa firma debe ser verificable a través de una cadena de certificación válida. Si el certificado del PSC estaba vencido o revocado al momento de emitir la constancia, la validez del sello de tiempo queda comprometida.

Lo que estamos viendo

El problema de la constancia ausente es el más simple y el más frecuente: muchas plataformas no generan constancias NOM-151 sobre sus documentos, o las generan de forma opcional. Cuando el documento llega a juicio sin constancia, no hay fecha cierta certificada ni acreditación de integridad más allá de lo que la parte actora afirme.

El problema de la confusión entre NOM-151 y firma válida aparece en escritos donde la constancia se invoca como prueba de que el proceso de firma fue correcto en su totalidad. Es un argumento que no resiste el análisis una vez que se precisa qué acredita y qué no acredita la constancia.

El problema de la constancia sobre el objeto equivocado es el más difícil de detectar a simple vista: el documento tiene su constancia, el sello está ahí. La diferencia aparece cuando se verifica si la constancia cubre el documento y sus firmas, o solo el documento en su estado previo a la firma.

El problema del PSC inválido es el más fácil de verificar de forma independiente: el directorio de la Secretaría de Economía es público y la verificación toma minutos.

En los cuatro casos, la consecuencia procesal sigue la misma lógica: si la constancia no puede acreditar lo que se afirma que acredita, el elemento que debería cerrar la discusión sobre integridad y fecha cierta deja de cerrarlo.

Verificabilidad y constancia de conservación son condiciones distintas e independientes. Una tercera es el tipo de firma. Que el documento diga “firma electrónica avanzada” no significa que lo sea, y la diferencia tiene consecuencias procesales directas sobre quién carga con la prueba. El siguiente artículo lo desarrolla. 

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Este artículo es parte de la serie “Firma electrónica en juicio: lo que está pasando del lado del demandado.” Si llegaste directamente aquí, el artículo introductorio te da el marco completo.

Cuando un documento firmado electrónicamente llega a juicio, la discusión suele comenzar en el lugar equivocado. Las partes debaten si la firma tiene validez legal, si la plataforma es confiable, si el proceso fue correcto. Hay una pregunta más anterior y más determinante: ¿puede ese documento someterse a verificación técnica independiente?

Si la respuesta es sí, el debate tiene sustancia. Si la respuesta es no, el debate termina antes de empezar, pero no como la parte actora espera.

Operación y prueba no son lo mismo

Un sistema puede registrar perfectamente cada evento de una firma electrónica y aun así ser incapaz de producir esa información en un formato que un perito externo pueda verificar. Esto no es una falla de seguridad. Es una falla de diseño: los sistemas se construyeron para operar, no para probar.

La distinción importa porque en juicio no se evalúa cómo funciona el sistema. Se evalúa si los hechos que ese sistema registró pueden acreditarse de manera objetiva, reproducible e independiente ante el juzgador.

Cuando la acreditación depende de que alguien explique cómo funciona su propio sistema, de reportes generados internamente, o de acceso a plataformas que solo la parte actora controla, estamos ante evidencia que no puede verificarse de forma independiente. Y eso, como ya documentó la Suprema Corte, tiene consecuencias procesales específicas.

Qué requiere una pericial en informática sobre una firma electrónica

Para que un perito pueda dictaminar sobre la validez de una firma electrónica necesita, como mínimo, los elementos técnicos que permitan responder tres preguntas.

Integridad. ¿El documento que se presenta en juicio es exactamente el mismo que fue firmado, sin alteraciones posteriores? Esto se verifica mediante el valor hash del documento. Si el hash del documento presentado coincide con el hash declarado al momento de la firma, el documento no fue modificado.

Autenticidad de las firmas. En el caso de la firma electrónica avanzada, la firma es técnicamente el resultado de cifrar el hash del documento con la llave privada del firmante. Si la firma puede verificarse con la llave pública del certificado correspondiente, la firma es auténtica. Este mecanismo es por definición independiente: cualquier parte puede hacer la verificación sin acceder a los sistemas de la plataforma.

Validez del certificado. También en el contexto de la firma avanzada, el certificado utilizado debe haber sido emitido por una autoridad reconocida, estar vigente al momento de la firma y no haber sido revocado. Esto se verifica validando la cadena de certificación hasta una autoridad raíz confiable.

En la firma electrónica simple, la acreditación de autenticidad funciona de manera distinta: depende de la evidencia de atribución disponible (biometría, OTP, correo electrónico). Si esa evidencia vive en los sistemas de la plataforma y no puede producirse en formato auditable para un perito externo, el problema de verificabilidad es exactamente el mismo que con los bancos, solo que sin el respaldo criptográfico de la firma avanzada. Ese es el tema del quinto artículo de esta serie.

El argumento que ya operó en la banca

La Suprema Corte resolvió en 2021, mediante la jurisprudencia 1a./J. 17/2021 (10a.), que no puede presumirse la fiabilidad de un sistema de firma electrónica a partir de la mera acreditación de que se usaron credenciales. La resolución surgió de disputas bancarias por transferencias supuestamente no autorizadas, pero el criterio está formulado en términos de firma electrónica en general.

Lo que ocurrió en esos casos tiene una estructura precisa. El cliente negaba haber autorizado la operación y solicitaba que el banco entregara los elementos técnicos necesarios para que un perito externo pudiera verificar cómo se generó la firma. El banco no podía hacerlo en formato auditable. Ante esa imposibilidad, el juzgador aplicó el principio de facilidad probatoria: quien tiene el control del sistema y puede acreditar los hechos con mayor facilidad, debe hacerlo. Si no puede, la presunción de que el cliente autorizó la operación se desactiva y la carga probatoria se invierte.

La aplicación de este mismo esquema a documentos firmados electrónicamente fuera del contexto bancario tiene bases jurídicas establecidas. La pregunta ya no es si el principio aplica, sino si la plataforma específica que se usó puede o no producir los elementos técnicos que la pericial requiere.

Por qué el formato no es lo que importa

Un error frecuente es pensar que la discusión es de formato: que un XML es válido y un PDF no. No es así. Un PDF puede contener firmas digitales embebidas con elementos criptográficos completos, y herramientas estándar como Adobe Reader permiten verificarlas. El formato por sí solo no determina si el documento es verificable.

Lo que determina la verificabilidad es si la comprobación puede realizarse sobre el documento mismo, con herramientas públicas y auditables, sin requerir acceso a sistemas internos. Una herramienta de verificación de código abierto que corre sobre el propio documento, aunque la provea quien lo generó, permite que cualquier perito corra las mismas verificaciones y llegue al mismo resultado de forma independiente.

El problema ocurre cuando verificar requiere que un perito externo acceda a bases de datos internas, logs de servidor o sistemas propietarios que solo la plataforma controla. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los bancos: la evidencia de autenticación vivía en sus sistemas internos, y cuando los peritos externos solicitaron acceso para verificarla, los bancos se negaron. Esa negativa, combinada con la imposibilidad de producir la evidencia en otro formato, fue lo que activó el principio de facilidad probatoria.

Qué tiene que poder entregarse

Un documento firmado electrónicamente que puede someterse a pericial permite que cualquier parte verifique su integridad y la autenticidad de sus firmas corriendo verificaciones sobre el documento mismo, con herramientas auditables.

Esto generalmente implica la existencia de un mensaje de datos en formato técnicamente auditable que contiene los valores hash del documento, las firmas electrónicas en formato verificable, los certificados de los firmantes y, si existe, la constancia de conservación NOM-151. Cuando ese archivo existe y hay herramientas públicas para verificarlo, cualquier parte puede tomar el documento, correr las verificaciones y obtener el mismo resultado. La prueba no depende de la palabra de nadie.

Cuando ese archivo no existe, cuando la plataforma no puede producirlo, o cuando verificarlo requiere acceso a sistemas internos que la plataforma controla y puede negar, la cadena de custodia de la evidencia vive fuera del alcance de quien necesita verificarla. En ese escenario, el principio de facilidad probatoria empieza a operar.

Lo que estamos viendo

En el contexto bancario, este argumento tiene jurisprudencia. En el contexto de plataformas de firma electrónica comercial, los fundamentos jurídicos son los mismos pero el recorrido judicial está comenzando.

Lo que sí hemos documentado, y que es consistente con la lógica de la Suprema Corte, es que los juzgadores no aceptan explicaciones sobre cómo funciona un sistema como sustituto de la verificación técnica del documento. Un representante de la plataforma que explica en estrado que “el sistema registra todo correctamente” no produce el mismo efecto probatorio que un perito que verifica criptográficamente que la firma es auténtica y el documento es íntegro.

La diferencia entre estos dos escenarios no es de credibilidad. Es de verificabilidad.

La verificabilidad es el primer filtro. Cuando el documento lo pasa, la siguiente pregunta es sobre la constancia de conservación: si existe, y si cubre lo que debería cubrir. Eso es lo que analiza el siguiente artículo de la serie.

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En Mifiel llevamos años escribiendo sobre cómo hacer valer documentos firmados electrónicamente en juicio. Hemos documentado qué hace válida una firma, cómo se estructura la prueba, qué errores comete quien demanda. Todo desde la perspectiva de la parte actora.

Pero en los juzgados hay dos partes.

La parte demandada también ha estado aprendiendo, y algunas de sus estrategias ya están funcionando. Lo que sigue es un registro de lo que hemos visto operar en tribunales y de lo que, dados los precedentes que ya existen, no tardará en verse con más frecuencia. Si eres parte actora, estas son las estrategias que necesitas anticipar antes de presentar tu demanda. Si eres parte demandada, es el mapa del territorio.

Una distinción importante antes de continuar: algunas de las estrategias que describimos aquí ya tienen jurisprudencia de la Suprema Corte detrás y un historial documentado de sentencias. Otras son extrapolaciones lógicas de esos mismos principios aplicadas a los errores técnicos que hemos visto en plataformas de firma. No tienen todavía el mismo recorrido judicial, pero los fundamentos están y las condiciones también.

La pregunta que lo decide todo

Antes de analizar cualquier otro elemento (el tipo de firma, la plataforma, la normativa aplicable) hay una pregunta que estructura todo el análisis cuando un documento firmado electrónicamente llega a juicio:

¿La evidencia de que alguien firmó ese documento viaja con el documento, o vive en los sistemas de quien demanda?

Si la evidencia de atribución está encodeada en el propio documento (hashes criptográficos, constancias de conservación NOM-151, biometría, certificados verificables), cualquier parte puede verificarla de forma independiente, sin depender de explicaciones ni de acceso a sistemas de terceros.

Si la evidencia de atribución vive en los servidores internos de la plataforma de firma o de la empresa actora (logs en bases de datos, registros de OTP, capturas de pantalla), no existe mecanismo para que un perito la verifique de forma independiente. Cuando la verificación independiente no es posible, el principio de facilidad probatoria empieza a operar en sentido contrario a quien demanda.

Esta distinción es el hilo conductor de todas las estrategias que describimos a continuación.

Lo que ya vimos: la banca y la jurisprudencia de la Suprema Corte

El caso más documentado no viene del mundo de la firma electrónica comercial, sino de la banca.

Durante años, los bancos se sintieron protegidos ante demandas por transferencias supuestamente no autorizadas. Tenían sistemas complejos, volúmenes enormes de datos, registros de autenticación. Pero cuando los clientes impugnaban las operaciones y solicitaban una pericial en informática, el banco debía entregar los elementos técnicos para que un perito externo pudiera verificar cómo se generó y autorizó la firma. Y no podía hacerlo. No porque ocultara la información, sino porque sus sistemas nunca fueron diseñados para producir esa evidencia en formato auditable por terceros.

Ante esa imposibilidad, los jueces aplicaron el principio de facilidad probatoria: quien tiene el control del sistema y puede probar más fácilmente, debe hacerlo. Si no puede, la presunción inicial de que el cliente autorizó la operación se desactiva. Y sin esa presunción, el banco pierde.

La Suprema Corte resolvió esta contradicción de criterios en 2021 mediante la jurisprudencia 1a./J. 17/2021 (10a.): no puede presumirse la fiabilidad de un sistema de firma electrónica a partir de la mera acreditación de que se usaron credenciales. Quien afirma que la firma fue válida debe demostrarlo con evidencia técnica suficiente que respalde autenticación, integridad y trazabilidad de la operación.

El criterio no está limitado a la banca. Está formulado en términos de firma electrónica, y aplica a cualquier documento que no pueda someterse a verificación técnica independiente.

Lo que viene: cinco vectores con bases jurídicas ya establecidas

El mismo principio que fundamentó los casos bancarios está presente en otros contextos que hemos documentado técnicamente. Estas son las líneas de argumentación que, dado el estado actual de los precedentes y de las plataformas que operan en México, no tardarán en verse con regularidad en los juzgados.

Verificabilidad del documento. Cuando la parte actora presenta un documento que no puede someterse a pericial en informática porque no existe un mensaje de datos en formato técnicamente auditable, la estructura del problema es idéntica a la de los bancos. La imposibilidad de entregar los elementos técnicos para la pericial activa el principio de facilidad probatoria en contra de quien demanda.

La constancia NOM-151. No basta con que el documento tenga una constancia de conservación. Lo relevante es sobre qué se emitió. Hemos visto plataformas que generan la constancia sobre el documento original (el PDF que se mandó a firmar) y no sobre el documento más las firmas. Una constancia que certifica la integridad del documento antes de las firmas no acredita que las firmas estaban ahí cuando se certificó, ni que no fueron modificadas o añadidas posteriormente.

Firma “avanzada” que no lo es. El artículo 97 del Código de Comercio establece requisitos específicos para la firma electrónica avanzada, y su último párrafo tiene una consecuencia procesal directa: quien presenta como avanzada una firma que no cumple esos requisitos asume la carga de demostrarlo con peritaje. La acreditación de qué servicios tiene certificados cada PSC ante la Secretaría de Economía es pública, y la diferencia entre estar acreditado para emitir certificados de firma y estar acreditado solo para sellos de tiempo o conservación es verificable en el directorio oficial.

Firma autógrafa digitalizada estampada. En contratos de crédito y productos financieros es frecuente encontrar lo que parece una firma autógrafa digitalizada, pero que en realidad es la misma imagen copiada en múltiples documentos o en múltiples campos del mismo documento. Una firma autógrafa producida por una persona en distintos momentos presenta variaciones naturales de presión, velocidad y trazo. La identidad exacta entre firmas que deberían mostrar esa variación es un argumento que un perito grafoscópico puede sostener sin necesidad de entrar al terreno criptográfico.

Atribución en firma simple sustentada en OTP o credenciales. Cuando la manifestación de voluntad se documenta mediante un código OTP, un correo electrónico o un NIP, la cadena de atribución (que ese número o correo pertenecía a esa persona, que el código se envió para ese documento específico, que fue ingresado en el contexto de esa firma) vive en los sistemas de quien demanda. Si no puede entregarse en formato auditable para verificación por perito externo, el principio de facilidad probatoria aplica de la misma manera que con los bancos.

Cómo leer lo que sigue

Los artículos de esta serie desarrollan cada uno de estos cinco vectores con el detalle técnico y procesal que corresponde: qué falla en la plataforma, qué consecuencia tiene esa falla cuando el documento llega a juicio, y qué ha pasado o qué tiene bases para pasar cuando ese argumento se presenta ante un juez.

El primer artículo de la serie analiza el vector más fundamental: si el documento puede someterse a una pericial en informática, y qué ocurre cuando no puede.

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Imagina que tu cliente te busca para demandar la rescisión de un acuerdo mercantil millonario. Al armar el expediente, descubres el escenario de pesadilla de todo postulante: el contrato principal se firmó con tinta y en papel, pero las adendas que modificaron las obligaciones clave se celebraron mediante mensajes de datos con firmas electrónicas. Lo que para el equipo de operaciones fue una solución simple y ágil, para ti, como abogado litigante, es una bomba procesal.

En el derecho procesal mercantil mexicano, la coexistencia de soportes físicos y digitales no está prohibida, pero genera una complejidad innecesaria al momento de desahogar y valorar las pruebas en juicio.

Dos metodologías de valoración para un solo negocio jurídico

Al mezclar soportes en un mismo tracto contractual, obligas al juzgador a aplicar dos esquemas de valoración probatoria radicalmente opuestos:

1. El documento físico y la tradición formal

Para el contrato base en papel, las reglas de objeción y perfeccionamiento siguen el cauce tradicional del Artículo 1296 del Código de Comercio. Si la contraparte desconoce la firma, el juicio se estancará en el ofrecimiento, preparación y desahogo de una engorrosa prueba pericial en grafoscopía,, supeditada al criterio humano del perito y a los tiempos del juzgado.

2. El documento electrónico y las presunciones legales

Para las adendas digitales, el panorama cambia por completo. Aquí operan los artículos 49, 90 al 93 bis del Código de Comercio. El estándar de valoración ya no es caligráfico, sino tecnológico. De conformidad con el Artículo 1298-A del Código de Comercio, los mensajes de datos producen plenos efectos jurídicos, pero su fuerza radica en demostrar la fiabilidad del método:

“Artículo 1298-A.– Se reconoce como prueba los mensajes de datos. Para valorar la fuerza probatoria de dichos mensajes, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, archivada, comunicada o conservada.”

Diluir la certeza digital con la vulnerabilidad del papel

El verdadero riesgo de esta combinación híbrida es que las debilidades intrínsecas del papel terminen contaminando la solidez de la firma electrónica. Toda la seguridad jurídica, la presunción de atribución y no repudio (sólo mediante firma electrónica avanzada)  que ganaste en la adenda digital pueden perder eficacia práctica si el contrato principal —el que le da origen y causa— es desvirtuado de falso en el juzgado mediante una impugnación física.

Procesalmente, defender este ecosistema mixto en un litigio te obligará a una doble carga probatoria: coordinar de forma simultánea una pericial caligráfica para el papel y, algunos casos, una pericial en informática forense para el mensaje de datos si se objeta la fiabilidad del método. Esto no solo duplica los costos de la estrategia legal para el cliente, sino que prolonga los plazos e incrementa innecesariamente el margen de error judicial.

Conclusión

Para los abogados litigantes y corporativos en México, la prevención es la mejor defensa en juicio. Si un acto jurídico nace digital, debe modificarse, prorrogarse y extinguirse bajo el mismo ecosistema digital. Asegura una sola regla de valoración probatoria ante el juez y garantiza la plena eficacia y exigibilidad de tus documentos.

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Fundar un juicio ejecutivo mercantil en un pagaré firmado mediante un certificado de firma emitido por un PSC no garantiza la obtención de una sentencia favorable. Muchos litigantes confunden la seguridad y solidez informática, con la solidez normativa.

El Defecto de Origen: Facultades del PSC

El Código de Comercio, en el artículo 97, establece los requisitos que deben cumplirse para considerar a una firma electrónica como avanzada o fiable. Asimismo, establece los servicios que pueden prestar los Prestadores de Servicios de Certificación acreditados ante la Secretaría de Economía; siendo uno de ellos, la emisión de certificados de firma avanzada. Al respecto, el riesgo procesal surge cuando la contraparte interpone la siguiente excepción: la falta de acreditación del Prestador de Servicios de Certificación (PSC), ante la Secretaría de Economía, para prestar el servicio de emisión certificados de firma electrónica.

Art. 100

Quien aspire a obtener la acreditación como prestador de servicios de certificación, podrá solicitarla respecto de uno o más servicios, a su conveniencia”

La defensa suele dividir las funciones del tercero de confianza para evidenciar la omisión legal:

1. Servicio acreditado: Conservación del mensaje de datos y sellado de tiempo (NOM-151).
2. Servicio no acreditado : Expedición de certificados digitales de firma electrónica.

El juez va a analizar la fiabilidad del método de la firma electrónica; pero no un sentido técnico, sino normativo, es decir, determinará: ¿El certificado de firma electrónica fue emitido por un PSC facultado expresamente por la Secretaría de Economía para este servicio?

Consecuencias Procesales

La falta de acreditación del PSC no anula el pagaré electrónico, pero impacta la firma electrónica, ya que si bien no se está violando el artículo 97 del Código de Comercio, tampoco el juez puede concluir que ésta goza de un No Repudio. En consecuencia:

• Dilación de la ejecución: El juez al no estar 100% seguro que se trata de una firma electrónica avanzada puede prevenir a la actora para que ofrezca pruebas adicionales que lo acrediten. En cambio, cuando se trata de una firma electrónica basada en un certificado emitido por un PSC, acreditado por Economía para este servicio, el juez no tiene justificación alguna para prevenir o dudar que es avanzada o fiable.
• Reversión de la carga de la prueba: El actor, al no contar con el No Repudio, podría enfrentar que se le revierta la carga de probar la atribución; aún y cuando goce de esta presunción conforme al art. 90 del Código. 
• Apertura del debate probatorio: Se abre la puerta al ofrecimiento y desahogo de pruebas periciales en informática forense, encareciendo y retrasando el litigio.

Quiero saber otros errores comunes de la firma electrónica

Conclusión

La firma electrónica avanzada goza de la mayor solidez jurídica en un juicio, al punto que tiene un No Repudio (el firmante no puede desconocerla). Sin embargo, únicamente cuando la firma está sustentada en un certificado emitido por un PSC acreditado por Economía para ese servicio, el juez tendrá plena certeza que se trata de una firma avanzada, y no revertirá la carga de la prueba, esto es, el que niega tendrá que probar. 

En tales condiciones, una parte crucial de la eficacia en el litigio con documentos electrónicos radica en la cadena de “confianza” y cumplimiento normativo, no exclusivamente en el aspecto tecnológico. Por consiguiente, es recomendable para los litigantes, previo a iniciar un proceso de demanda o embargo precautorio, verificar que el certificado digital provenga de una entidad con plenas facultades para llevar a cabo el servicio.

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Imagina el escenario: inicias un juicio ejecutivo mercantil basándote en un contrato firmado electrónicamente y un pagaré digital. Como litigante, presentas tu demanda con absoluta confianza; el adeudo es indiscutible y posees el archivo digital que te entregó la plataforma con las firmas electrónicas correspondientes y acompañado de un reporte emitido tecnológico. El caso parece sólido.

Sin embargo, la contraparte adopta una estrategia procesal quirúrgica. No niega la relación jurídica ni la autoría de la firma electrónica. En su lugar, interpone una excepción contundente:

“Objeción en cuanto a su alcance y valor probatorio: el mensaje de datos base de la acción no acredita la presunción de integridad conforme a la legislación mercantil aplicable en México.”

En ese instante, la aparente solidez del documento base de la acción se desvanece. El documento existe, pero jurídicamente es incapaz de demostrar que ha permanecido inalterado en el tiempo.

La nueva estrategia de litigio: Enfocarse en la integridad del mensaje de datos

Hoy en día, cada vez son menos los litigantes en México que centran sus esfuerzos en cuestionar la atribución de una firma electrónica. Saben que revertir la carga de la prueba en ese terreno es complejo. En su lugar, dirigen su ataque hacia la posible vulnerabilidad técnica del documento digital.

La defensa desarticula los mensajes de datos incompletos mediante un esquema de cuatro premisas:

1. Detección del vacío normativo: Al revisar el expediente, la contraparte advierte que el mensaje de datos (el archivo XML, no el PDF impreso) carece de una Constancia de Conservación de Mensajes de Datos emitida por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) autorizado por la Secretaría de Economía.
2. Planteamiento del argumento: No se argumenta la invalidez del acuerdo, sino la imposibilidad técnica y jurídica del actor para demostrar que el documento no ha sido modificado de forma unilateral desde el momento de su suscripción.
3. Invocación del estándar legal: Se introduce el estándar del segundo párrafo del artículo 49 del Código de Comercio, el cual supedita la validez de la conservación de los mensajes de datos al estricto cumplimiento de la NOM-151-SCFI-2016.
4. Pérdida de la fuerza probatoria: Se solicita al juzgador que, en términos del artículo 1298-A del Código de Comercio, desestime el valor probatorio de la prueba documental digital, argumentando que el método de conservación no es fiable.

El error del litigante: Confundir representación visual con validez jurídica

Ante la objeción, el error común del actor es exhibir el documento en formato PDF, las representaciones impresas de las firmas, un hash generado internamente por la plataforma de firma o un reporte de auditoría privado.

Para el derecho procesal mexicano, esto es insuficiente. Primero, un PDF es una simple representación visual. Y segundo, lo que el juez debe valorar es el mensaje de datos subyacente. Si dicho mensaje no incluye una constancia mediante los servicios de un PSC, el documento carece de la presunción legal de integridad. El desenlace procesal es crítico: el juez, al carecer de los elementos señalados en ley para acreditar que el documento no fue alterado, negará el valor probatorio, provocando que la acción resulte improcedente.

Quiero conocer la interpretación judicial sobre el alcance la NOM-151

El vacío de las soluciones tecnológicas extranjeras

Muchas herramientas internacionales de firma electrónica o editores de PDF son extraordinarias para optimizar flujos comerciales y certificar visualmente un acuerdo. No obstante, operan al margen del marco regulatorio mexicano.

Estas plataformas certifican que el documento no ha cambiado desde que ellas lo guardaron en sus servidores privados, pero no otorgan al documento la certeza jurídica exigida en los tribunales federales y locales de México: la constancia de conservación con sello digital de tiempo que solo un PSC acreditado puede estampar bajo la NOM-151.

Pilares de la prueba electrónica en el proceso civil y mercantil

Para que un documento digital mantenga plena eficacia jurídica en un litigio en México, debe estructurarse bajo tres pilares fundamentales de verificación:

Conclusión

En el ecosistema del litigio electrónico en México, demostrar la atribución de una firma es apenas la mitad del camino. La clave del éxito procesal radica en acreditar, con base en una validación independiente, la integridad del documento en el tiempo.

Como abogado litigante, antes de fundar una demanda en un documento electrónico, es imperativo asegurarse que cumple con el siguiente requisito técnico y jurídico: ¿Contiene una constancia de conservación conforme a la NOM-151? En caso contrario, estás acudiendo a juicio con un documento legalmente vulnerable y la contraparte podrá señalar que carece de valor probatorio.

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El alegato de oreja —esa entrevista informal con el Juez o el Secretario de Acuerdos para exponer la relevancia de un asunto— lejos de desaparecer, se ha vuelto una herramienta técnica indispensable. Con la entrada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esta práctica se institucionaliza, pero cuando hablamos de mensajes de datos y firmas electrónicas, la narrativa debe evolucionar del “qué pasó” al “cómo se garantiza”.

¿Qué permanece y qué cambia?

• Permanece: La necesidad de traducir lo escrito a lo explicado. Al igual que un mensaje de texto puede malinterpretarse por falta de tono, un documento electrónico puede parecer complejo para un juzgador no familiarizado.
• Cambia: El enfoque. Ya no solo se busca “sensibilizar” sobre el fondo del negocio, sino alfabetizar técnicamente al tribunal sobre el valor probatorio de la evidencia electrónica. El alegato sirve como un filtro de admisibilidad para asegurar que el juez no deseche la prueba por desconocimiento de su naturaleza.

Checklist de Recomendaciones y Mejores Prácticas

1. Identificación del PSC: Hay que precisar al Secretario quién fue el Prestador de Servicios de Certificación (PSC) que emitió la constancia y dónde pueden verificarse los servicios acreditados por la Secretaría de Economía. Directorio de PSCs
2. Ruta de verificación: No asumir que el tribunal sabe validar un archivo .xml. Se le debe platicar al Secretario qué herramientas debe usar y cómo hacerlo. Verificador de Mifiel.
3. Fundamentación: Especificar si se utilizó una Firma Electrónica Simple o Avanzada. Es crucial fundamentar la validez de la atribución e integridad conforme al Código de Comercio y las reglas de la NOM-151. Aclarar que se debe seguir lo dispuesto por el Código, no por la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Ofrecimiento de la prueba: Al exhibir la prueba en un dispositivo (USB), hay que platicarle al Secretario que en el escrito de demanda podrá ver los screenshots que lo guían paso a paso para poder realizar la verificación de la atribución e integridad de forma independiente. Esto ayuda a que el Secretario realice el proceso de forma ordenada y sin complicaciones.

Entrevista a Jerónimo Lomelín: experto litigante de documentos electrónicos

Lo que NO se debe hacer (Errores críticos)

• Evitar el tono de cátedra: La gestión debe ser de colaboración procesal. El objetivo es aclarar dudas técnicas, no evidenciar las brechas digitales del juzgado. Un tono didáctico, pero respetuoso, facilita la admisión.

No alegar hechos nuevos: Hay que recordar que el alegato de oreja no sustituye la demanda; no se puede introducir elementos que no consten en autos.

Conclusión

El alegato de oreja en la era digital es, en última instancia, una gestión de confianza. Cuando el Secretario comprende la ruta para verificar la integridad de un mensaje de datos y su atribución, el litigio se centra en el fondo y no en la forma. Al platicar de forma colaborativa estos detalles se asegura la prueba, y también se eleva el estándar de la práctica jurídica en México, brindando seguridad tanto al cliente como al tribunal.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1.  ¿Qué debo hacer si el Secretario de Acuerdos argumenta que no puede validar la evidencia porque no tiene conexión a internet? Es fundamental aclarar que la validación de la integridad (que el documento no haya sido alterado) y la atribución (quién lo firmó) se realiza mediante funciones criptográficas contenidas en el propio mensaje de datos. Si bien algunos validadores en línea facilitan la lectura, usted puede sugerir el uso de herramientas offline, las cuales deben constar en la guía entregada al tribunal en el escrito de demanda.

2. Si el Juez duda de la validez de un documento digital, ¿puedo presentar nuevos argumentos técnicos durante el alegato de oreja? No se deben introducir hechos o fundamentos que no hayan sido plasmados en el escrito de demanda o contestación. El alegato de oreja debe limitarse a clarificar la evidencia ya existente en autos. Si el juzgador muestra duda, su función es dirigirlo hacia el proceso y la ruta de verificación que se proporcionó mediante el ofrecimiento de pruebas. El éxito del alegato radica en demostrar que la prueba ya es perfecta desde su origen y que solo requiere una validación técnica correcta por parte del tribunal.

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El éxito de un juicio mercantil o civil en la era digital no depende de presentar un documento electrónico, sino de asegurar su integridad. Por lo tanto, desde el escrito inicial de demanda o medidas precautorias se deben cuidar diversos elementos para neutralizar cualquier prevención judicial o incidente de objeción que pretenda restarle valor probatorio.

El desafío: Superar el rigorismo judicial frente al Mensaje de Datos

Es un escenario recurrente para el litigante corporativo: se presenta un contrato o pagaré con Firma Electrónica Avanzada (FIEL/e.firma) y el juzgador, bajo un criterio tradicional, previene la demanda cuestionando la “originalidad” del documento con base en el artículo 1061 del Código de Comercio.

El error procesal no es la tecnología, sino el tratamiento del Mensaje de Datos como si fuera una simple copia fotostática. Para el abogado litigante, es imperativo recordar que el juzgador no requiere papel; requiere certeza jurídica sobre la integridad. No estamos ante una reproducción, sino ante un original digital cuya validez está sustentada por el principio de equivalencia funcional reconocido en el art. 89 bis del Código.

El Fundamento: Garantía de integridad 

Para evitar conflictos en el juicio, la estrategia de defensa debe anclarse en la tríada normativa del Código de Comercio (Arts. 89 y 1298-A) y el Código Federal de Procedimientos Civiles (Art. 210-A). Estos preceptos establecen que el Mensaje de Datos es prueba plena, siempre que su fiabilidad sea verificable.

De acuerdo con el artículo 49 del Código de Comercio, para que un documento digital sea considerado original, debe cumplir con dos requisitos sine qua non:

1. Que la información se haya mantenido íntegra e inalterada desde su generación.
2. Que sea accesible para su ulterior consulta.

El mecanismo técnico-legal para garantizar este estándar en México es la Constancia de Conservación bajo la NOM-151, emitida por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC) acreditado por la Secretaría de Economía. Al presentarla, la carga de la prueba se traslada a la contraparte que pretenda desconocerla.

Quiero saber más detalles sobre la NOM-151

Blindaje Probatorio: Checklist para el Escrito Inicial

Para blindar tu demanda, el capítulo de “Pruebas” debe ser redactado con precisión quirúrgica:

1. Identificación de la Constancia de Conservación (NOM-151)

No asumas que el juez conoce el valor técnico del archivo. Debes ser didáctico:

“El Mensaje de Datos base de la acción cuenta con una Constancia de Conservación de Mensajes de Datos y Sello Digital de Tiempo, emitida por un PSC acreditado ante la Secretaría de Economía, de conformidad con el Apéndice A de la NOM-151-SCFI-2016.”

2. Ofrecimiento de la Prueba y Medios de Validación

Al ofrecer la prueba documental electrónica, sigue estas reglas de oro:

• El XML es el documento base: Adjunta siempre el archivo .xml en un medio de almacenamiento electrónico (USB o DVD).
• El PDF es solo un acuse: Aclara que la representación impresa (PDF) es una ayuda visual, pero que la validación técnica de la integridad se realiza sobre el mensaje de datos (XML).
• Facilita la labor del Juzgador: Proporciona en tu escrito el enlace o los medios técnicos para que el personal del juzgado pueda validar la constancia de forma independiente.

Quiero entender aspectos clave del proceso de validación del mensaje de datos

CUIDADO:Otro elemento clave en la presentación de pruebas es la presunción de atribución que da la firma electrónica. En este artículo lo explicamos: Firma electrónica avanzada: menos es más.

Conclusión

En el sistema procesal mexicano, la eficacia de la prueba electrónica no es una cuestión de interpretación discrecional, sino de cumplimiento técnico-normativo. El litigante que explica correctamente la Constancia de Conservación no solo presenta un documento; está invocando una presunción legal de integridad que traslada la carga de la prueba a la contraparte.

Preguntas Frecuentes (FAQ) para el Litigante

1. ¿Es jurídicamente vinculante la representación impresa (PDF) de un documento firmado electrónicamente? No para efectos de acreditar integridad. La representación impresa es una simple ayuda visual o “copia simple” que carece de los atributos técnicos de un Mensaje de Datos. La validez probatoria plena reside exclusivamente en el archivo fuente (XML), ya que es el único que permite al juzgador verificar que el documento no ha sido alterado desde su firma. Presentar únicamente el PDF abre la puerta a una objeción por falta de integridad que difícilmente podrá ser subsanada si no se exhibe el soporte electrónico original.

2. ¿Cómo proceder si el juzgador previene la demanda exigiendo el documento “original” en papel? Se debe desahogar la prevención mediante un escrito de aclaración fundamentado en el Principio de Equivalencia Funcional. Es imperativo citar que, conforme a los artículos 89 bis del Código de Comercio y 210-A del CFPC, los Mensajes de Datos tienen la misma eficacia jurídica que los documentos físicos, siempre que se garantice su integridad. En este supuesto, debe señalarse que la Constancia de Conservación NOM-151 adjunta constituye la prueba y garantía técnica de ello.

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¿Qué sucede cuando tu contraparte desconoce su firma en un juicio mercantil? En el litigio estratégico moderno, la pregunta no es si la manifestación de la voluntad es legal, sino cómo probarlo quién tiene que hacerlo. En consecuencia, la elección del tipo de firma no es una cuestión meramente  jurídica, sino técnica basada en una decisión de gestión de riesgos procesales.

Para navegar este terreno, utilizamos el Triángulo de la Evidencia Digital, un modelo que evalúa la solidez jurídica y eficacia probatoria de los dos tipos de firma electrónica y una variante de firma autógrafa en México, bajo tres vértices fundamentales:

1. Atribución (Identidad): La certeza de que el firmante es quien dice ser.
2. Manifestación de la Voluntad (Consentimiento): La evidencia indubitable de que el firmante aceptó las obligaciones y le son vinculantes.
3. Integridad (Inalterabilidad): La garantía de que el mensaje de datos no ha sido modificado tras su firma.

A continuación, analizamos cómo se comportan los tipos de firma frente a la legislación mexicana.

1. Firma Electrónica Simple: Eficiencia operativa frente al riesgo procesal

La firma simple (clics en “Acepto” o códigos OTP) es la herramienta de mayor agilidad. Cuenta con plena validez legal,  pero tiene menor solidez en caso de controversia, sobre todo, porque existen distintos sabores en el mercado.

• Valor Probatorio: En términos del art. 90 Código de Comercio, cuenta con  presunción de atribución, es decir, la contraparte que desconoce la firma, en principio, tiene la carga de la prueba. Sin embargo, algunos sistemas, como los de los bancos, no comparten toda la evidencia con los usuarios o, algunas plataformas, generan evidencia que no permite validar de forma independiente , por lo tanto, al momento de ir a un juicio, se revierte la carga de la prueba  y el que afirma tiene que probar.
• Análisis del Triángulo:
  • Identidad: Media. Depende de la implementación de la firma simple. Dado que la identidad del firmante no fue verificada ante una autoridad certificadora, entonces, se recurre a diversos métodos de identificación y acreditación de la voluntad basados en claves y contraseñas, así como biométricos en algunos casos.
  • Consentimiento: Alta. Es una manifestación clara de voluntad para actos de comercio.
  • Integridad: Depende estrictamente de que el Mensaje de Datos incluya una Constancia de Conservación (NOM-151). Sin ella, no es posible probar la integridad.

Uso Estratégico para Abogados: Recomendada para operaciones de bajo riesgo legal o procesos internos donde la “fricción” legal retrase la operación.

2. Firma Autógrafa Digital: El reto de la evidencia

2. Firma Autógrafa Digital: El reto de la evidencia

No se entiende como una firma electrónica, ya que el trazo en pantalla busca replicar la experiencia tradicional en un entorno digital.

Quiero más detalles de la firma autógrafa digital

• Valor probatorio: Su validez descansa en la libertad de forma; sin embargo, no se entiende como una firma electrónica, ya que no cumple con lo dispuesto por el art. 89 del Código de Comercio; de tal suerte, en un juicio suele requerir de una prueba pericial en informática y grafoscopía digital, lo que puede dilatar y afectar el proceso.
• Análisis del Triángulo:
  • Identidad: Baja. Los metadatos (IP, geolocalización y presión del trazo) ayudan a la atribución, pero no eliminan la posibilidad de desconocimiento.
  • Consentimiento: Alta. Es un acto universalmente aceptado por los jueces como manifestación de la voluntad.
  • Integridad: Depende estrictamente de que el Mensaje de Datos incluya una Constancia de Conservación (NOM-151). Sin ella, no es posible probar la integridad.

Uso Estratégico para abogados: Ideal para clientes reacios para aceptar un documento en donde no plasman su voluntad con puño y letra.

3. Firma Electrónica Avanzada: El No Repudio y la certeza absoluta.

La firma electrónica avanzada es el único tipó de firma en México que goza de la presunción de atribución y no repudio. En el caso de las personas morales, de conformidad con el Código Fiscal, incluso no admite prueba en contrario.

• Valor probatorio: Al ser emitido el certificado de firma por un PSC (SAT) u alguno de la Secretaría de Economía, vincula de forma indubitable al dato de creación (.key) con el firmante y garantiza la autoría.
• Análisis del Triángulo:
  • Identidad: Máxima. Conforme a los requisitos del art. 97 del Código de Comercio, se presume que la firma corresponde exclusivamente al firmante y no puede desconocerla. En caso de hacerlo, no se revierte la carga de la prueba, esto es, el que niega tiene que probar.
  • Consentimiento: Máximo. El uso de la llave privada y la contraseña constituye la manifestación del consentimiento de forma expresa.
  • Integridad: Máxima. De conformidad con el artículo antes citado se puede detectar cualquier alteración al documento posterior al momento en que se haga la firma, no obstante, para garantizar la integridad en el tiempo frente a terceros, se requiere una Constancia de Conservación. La firma electrónica avanzada no es un sustituto de la constancia de conservación.

Uso Estratégico para abogados: Es indispensable para actos de alta cuantía o en donde exista un alto riesgo de incumplimiento. En Pagarés Electrónicos o contratos de crédito es un mecanismo idóneo para poder tramitar un juicio y ejecutar sin controversia alguna.

Conclusión

En la práctica legal no existe una “mejor firma” absoluta, sino una elección estratégica basada en la tolerancia al riesgo y casos de uso específico. Sin embargo, para ciertos actos, la firma electrónica avanzada, sin lugar a duda, es el estándar de oro para una ejecución mercantil expedita.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Tiene la misma validez legal un contrato firmado con e.firma de persona moral que uno firmado en papel? Totalmente. De acuerdo con el artículo 89 del Código de Comercio y el 17-D del Código Fiscal de la Federación, los mensajes de datos y las firmas electrónicas producen los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisibles como prueba en juicio. 

Quiero una explicación detallada de la e.firma de persona moral

2. ¿Qué validez tienen las plataformas de firma extranjeras (principalmente americanas)? Al tener un enfoque global en su producto, carece de las características necesarias para cumplir con los requisitos del marco legal mexicano. Por tanto, los métodos de firma que ofrece su producto estándar (imagen o teclear el nombre) no cumplen con los requisitos para ser considerados firmas electrónicas válidas en México.

Ya existen casos documentados donde tribunales mexicanos han descartado evidencia de contratos firmados con plataformas extranjeras, determinando que no constituían firmas electrónicas válidas según la legislación nacional.

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En el litigio moderno, el desconocimiento de procesos que abarca la NOM-151 por parte de los tribunales —y de los propios abogados— está generando una brecha de inseguridad jurídica que las empresas no pueden permitirse. No es lo mismo un documento que “nació” en bits que uno que fue “migrado” al mundo digital.

La frontera jurídica: Documento Nativo Digital vs. Digitalizado

Para el abogado de empresa, la distinción no es técnica, es de eficacia probatoria.

1. Documento Electrónico (Nativo Digital): Es aquel cuya creación ocurre íntegramente en un entorno electrónico. Asimismo, su integridad se garantiza mediante la Constancia de Conservación de Mensajes de Datos bajo el Apéndice A de la NOM-151.
2. Proceso de Digitalización: Es la migración de un soporte físico (papel) a uno electrónico. Este proceso debe cumplir con el Apéndice B de la NOM-151, el cual exige requisitos específicos para que la copia digital tenga el mismo valor que el original.

Quiero entender la relación entre la NOM-151 y la firma electrónica

El error procesal: Cuando el Juez aplica la norma equivocada

Un riesgo crítico en el litigio es que la contraparte o el juzgador pretendan fundamentar la impugnación de un documento nativo digital basándose en los artículos 95 bis 1 al 95 bis 6 del Código de Comercio.

OJO: Dichos artículos, así como el Apéndice B de la NOM-151, regulan exclusivamente la digitalización de documentos físicos. Si tu documento nació digitalmente en una plataforma de firma como Mifiel, el juez no puede requerir el cumplimiento de estos protocolos, ya que su validez emana directamente del Capítulo I y II del Título Segundo del Código de Comercio, así como el Apéndice A de la NOM. Confundir esto es abrir la puerta a un requerimiento de exhibición de originales inexistentes.

Fecha Cierta y la destrucción del soporte físico

Un punto de fricción constante para los asesores abogados in-house es la eliminación de archivos muertos. Aquí la precisión es vital:

• La Fecha Cierta de una constancia de conservación de un documento digitalizado comienza a computarse desde el momento en que se genera la solicitud de la constancia a partir del archivo electrónico resultante.
• Advertencia: Antes de proceder a la destrucción del original físico, se debe analizar si la digitalización cumplió estrictamente con el protocolo del Apéndice B. De lo contrario, se pierde la fuente de la prueba. También, debe analizarse la naturaleza de la información de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables.

Responsabilidad del Comerciante en la Conservación

Conforme a la legislación mercantil, es responsabilidad estricta del comerciante mantener el control, acceso y resguardo directo de estos archivos. La capacidad de consulta ulterior debe estar garantizada en todo momento para cumplir con las facultades de comprobación de las autoridades.

Conclusión

La seguridad jurídica en la era digital no admite ambigüedades. Para el abogado de empresa y el litigante, la tranquilidad radica en tener claro lo siguiente:

• Si el documento es Nativo Digital: Su integridad en el tiempo se basa en el proceso descrito a través del Apéndice A de la NOM-151
• Si el documento es Digitalizado: El cumplimiento del Apéndice B es el único camino para garantizar una Fecha Cierta oponible a terceros y permitir, en su caso, la destrucción segura del soporte físico.

Dominar esta distinción no solo evita prevenciones judiciales innecesarias, sino que garantiza que el patrimonio digital de la empresa cuente con el mismo —o mayor— respaldo que el papel. Duerma tranquilo: si la metodología es correcta, la prueba es indiscutible.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. Si presento un contrato firmado electrónicamente (nativo digital), ¿puede el juez exigir que cumpla con los requisitos de digitalización del Artículo 95 bis del Código de Comercio? No. Es un error procesal común intentar aplicar las reglas de digitalización a documentos nativos digitales. El protocolo de los artículos 95 bis 1 al 95 bis 6 y el Apéndice B de la NOM-151 están diseñados exclusivamente para migrar documentos de papel a formato electrónico. Para un documento que nació digitalmente, su validez e integridad se acreditan mediante la firma electrónica y la constancia de conservación bajo el Apéndice A, por lo que no existe un “original físico” que deba ser cotejado ni certificado bajo reglas de digitalización.

2. ¿Puedo destruir los contratos físicos de la empresa una vez que los he digitalizado para ahorrar espacio en el archivo? Solo si se ha cumplido estrictamente con el proceso del Apéndice B de la NOM-151 y la naturaleza de la información lo permite. Para que la destrucción del papel no vulnere la estrategia legal de la empresa, la digitalización debe ser realizada por un Prestador de Servicios de Certificación (PSC). Además, es vital recordar que la Fecha Cierta de la constancia de conservación, para efectos legales y fiscales, comenzará a contar a partir de la generación de la misma, por lo que se debe evaluar la antigüedad del documento original antes de proceder a su eliminación.

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